“No nos detuvieron, nos secuestraron”: Pescador de Curazao relata el infierno que sufrió durante año y medio en una cárcel de Venezuela

Salió a pescar en marzo de 2020 y solo pudo volver a su casa en septiembre de 2021. Durante todo ese tiempo estuvo encerrando junto con otras cuatro personas en instalaciones policiales venezolanas. La intervención de la embajada de Países Bajos hizo posible su liberación. Aquí narra su historia

El 26 de marzo de 2020, cinco pescadores de Curazao fueron detenidos por funcionarios policiales de Venezuela en la isla de Aves de Sotavento, a 146 kilómetros de Willemstad.

Los cinco hombres se trasladaban en dos botes, Alaika y Elsa. Llevaban con ellos 6.900 dólares, que invertirían en la compra de un cargamento de pescado que posteriormente venderían en Curazao. El propietario del Alaika era Wolfgang Martínez, un venezolano de 50 años de edad que reside en Curazao desde 1991.

“Aprendí a pescar por instinto, mi papá sabía pescar, pero no era profesional. Nuestro sitio de pesca estaba en el parque nacional Morrocoy y recuerdo que en mi casa había tres lanchas para transportar turistas, pero con el tiempo cada quien escogió un rumbo diferente”, cuenta Martínez, oriundo del estado Falcón.

Inicialmente, las autoridades venezolanas alegaron que Martínez y los otros cuatro hombres contrabandeaban combustible desde Venezuela. Posteriormente, la fiscalía encargada del caso cambió las imputaciones y los cinco fueron acusados por tráfico de drogas.

Los humildes trabajadores del mar pasaron casi año y medio detenidos en Venezuela. Gracias a las diligencias de la embajada de Países Bajos en Caracas y la intervención de la Comisión Especial para la Reforma del Sistema Judicial, que preside Diosdado Cabello, recuperaron su libertad en septiembre de 2021 y fueron llevados a Curazao en un vuelo humanitario.

“Yo tuve que dejar mi bote en Venezuela, fue mi instrumento de trabajo por seis años para ganarme el pan de cada día. Todavía la fiscal está interesada en dinero a cambio de devolverme mi bote”, denuncia Martínez en conversación con Crónicas del Caribe.

Martínez insiste en que durante su cautiverio en Venezuela fueron extorsionados y exige que las autoridades del país le devuelvan dos equipos celulares, la suma de 1.275 dólares y los documentos del seguro médico de Curazao.

– ¿Cómo describe lo que vivió el día de su detención?  

– No nos detuvieron, nos secuestraron. Ese día, a las 2 de la tarde, veo venir una lancha con un movimiento extraño. Yo estaba en tierra (en la isla de Aves de Sotavento) y cuando me doy cuenta, consigo a dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en mi bote revisando mis pertenencias. Uno de ellos vestía un uniforme con las siglas DIP (Dirección de Investigaciones Penales de la PNB).

Los funcionarios inmediatamente me preguntaron dónde estaba la droga y les expliqué que yo trabajo con pescado. Luego de un forcejeo con los demás, me apuntaron con una pistola. Adentro -en el bote- yo tenía 6.900 dólares para comprar pescado. Ese monto lo agarraron y lo reseñaron en el expediente. Luego, me obligaron a subir en la lancha Elsa. Yo conocía al dueño de esa lancha, mas no a los tripulantes que estaban allí.

El dueño del bote no estaba. El capitán, todo nervioso, no pudo encenderlo y como a las 6 de la tarde un policía sí lo logró. Llegamos a Tucacas, estado Falcón, y hasta allá fue una fiscal a acusarnos.

Al principio no estuvimos en una comandancia de la policía, sino en un taller. Ahí llegó la señora fiscal con su auxiliar. Para mi sorpresa, llegaron a interrogarnos, violando nuestros derechos.

Luego, nos trasladaron a una comandancia de la policía turística y ahí nos tuvieron por siete días. El 4 de abril, a las 2 de la madrugada, fuimos trasladados al Tocuyo de la Costa. Ahí empezó el infierno de la corrupción. Nosotros pagamos hasta 3 mil dólares para que no nos metieran en un cuarto chiquito. Después de un año la fiscal por fin se presentó y pudimos celebrar la audiencia preliminar.

– Usted fue imputado, en primer lugar, por el contrabando de material estratégico y luego por tráfico de drogas. ¿Qué responde a estas acusaciones?

– Esas acusaciones estaban en la cabeza de la fiscal. Si te acuso por droga, tengo que tener las evidencias, las drogas y las pruebas. A nosotros nos sembraron gasolina y rastros de alcaloide. No supimos nunca por qué el abogado defensor en ese momento no pidió las evidencias, no sabemos cómo funciona el sistema en Venezuela. Deberíamos ver las pruebas y, principalmente, mis motores necesitan gasoil. Todo lo que nos acusaron estaba en la cabeza de la fiscal, junto con los 200 mil dólares que nos querían cobrar como extorsión.

– Reitera que fue víctima de una supuesta extorsión. Siendo así, ¿por qué jamás presentó una denuncia formal sobre este hecho ante el Poder Judicial venezolano?

– Porque tú no vas a denunciar a un ladrón con un ladrón. Nosotros vimos la actuación de la fiscal con la policía.

Yo no sé cómo en Venezuela, mi país natal, tenemos tanta gente trabajando en base a la mentira. La mentira es condenada por Dios y debería considerarse un delito. Yo quisiera que la fiscal leyera esto y se diera cuenta de que algún día comparecerá ante Dios. Yo tuve que dejar mi bote, que fue mi instrumento de trabajo por seis años para ganarme el pan de cada día.

Tengo entendido que el expediente no lo firmaron. Eso fue un arroz con mango para ellos.

– ¿Cómo describe la evolución de su proceso judicial?

– Nosotros tuvimos un abogado llamado “El cuervo”. Nunca supimos de dónde salió y quién lo delegó. Este abogado nunca denunció, a pesar de tener en sus manos nuestro expediente. A nosotros nos llegó mucha gente y nos preguntaban si teníamos 60 mil dólares para pagar y dejarnos libres en la preliminar.

Después que despedimos a “El cuervo”, llegó otro abogado falconiano que supuestamente era una eminencia, pero con nosotros falló. Este abogado nos intentó cobrar 500 dólares por una boleta médica. Este señor tampoco hizo nada. Los abogados venezolanos cobraban excesivamente y desconfiaban del relato de los pescadores a tal nivel que hubo fuga de información. Cada abogado se llevó mucha plata, entre todos unos 7 mil dólares.

Finalmente un abogado, mi tío Israel Martínez Colina, al darse cuenta de cómo nos robaron los abogados y demás funcionarios, luchó por nuestra defensa en la preliminar. A los días se contagió de COVID-19 y fuimos asistidos por el abogado José Amalio Graterol Jatar.

-¿Qué hicieron mientras estuvieron presos?

– Hablaré de mí. Yo denuncié a la fiscal y expliqué que la misma fiscal creaba las trabas. De hecho, consignamos un recurso de amparo contra ella, pero nunca llegamos a nada. Nos sorprende que la Fiscalía nacional y la Cancillería no hayan hecho nada. Le llegaron a decir al Consulado holandés que nosotros violamos las aguas internacionales, pero para sorpresa de ellos, yo soy venezolano. ¿Cómo me van a deportar en mis propias aguas?

Yo tenía pensado invertir en Venezuela, pero la policía te amenaza, te roba, te extorsiona y trabaja directamente con los fiscales. El trauma y el sufrimiento de mi familia es grande.

– ¿Qué impacto tuvo en el caso la intervención de los representantes de la embajada de Países Bajos?

– Fue la mejor decisión. También vino la Comisión Especial para la Reforma del Sistema Judicial. Supimos que estaban soltando a privados de libertad imputados por el porte de 200 gramos de cocaína. Nosotros nos enfadamos. Un diputado de la comisión abogó para que nos liberaran.

Pero el diputado, para salvar la reputación de la fiscal, nos propuso que nos declaráramos culpables sin serlo. Gracias al Consulado holandés nos liberaron en una noche y vigilaron cada letra del expediente hasta que finalmente salí del patio de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en Chichiriviche, a las 5 de la mañana. Fue horrible lo que hicieron con nosotros.

– Si afirma que es inocente, ¿por qué accedió a declararse culpable?

– Lo aceptamos bajo presión porque si no todavía estuviéramos presos en Venezuela.

– ¿Sostiene algún tipo de comunicación con los representantes del gobierno venezolano en Curazao?

– A mí me dijeron en Venezuela que tenía que presentarme en el Consulado y me explicaron que tenía derecho a reclamar mi expediente y tener un abogado si lo necesitaba. Cuando fui al Consulado, me dijeron que ellos no hacían eso, que solo agilizan pasaportes y documentos. 

– ¿Qué le falta para cerrar este episodio en paz?

– Dejar que el tiempo corra, el tiempo sacará a la luz tanta podredumbre que asfixia a mi país. Confío en Dios, que vendrá su reino con justicia. Ojalá muchos presos sean ayudados. En la celda dejé a dos amigos, espero que pronto estén en libertad.

Lamentablemente, perdí mi casa en Curazao porque durante el tiempo que estuve preso no pude cancelar los intereses. También debo ir al psicólogo. Todos mis documentos personales se quedaron presos en Venezuela. Y no fue porque no los reclamé, el abogado Graterol Jatar consignó un documento para exigir todas mis pertenencias, pero se excusaron y tuve tres semanas acudiendo a las autoridades sin suerte. También perdí entre mis pertenencias 1.275 dólares. Me dijeron: “No creas que vas a conseguir la plata”.

Palabra de abogado

Como señala el propio Wolfgang Martínez, los pescadores no presentaron una denuncia formal sobre la supuesta extorsión que sufrieron. Además de desconfiar del Poder Judicial venezolano, explican que una acusación de ese tipo habría “complicado” todo el proceso y prologando la estadía en prisión.

Al margen de este señalamiento, el abogado José Amalio Graterol Jatar sostiene que este caso está empañado por una serie de irregularidades que vulneraron los Derechos Humanos de los ciudadanos de Curazao. A continuación se presenta un resumen de sus cuestionamientos:

– La acusación se hizo en mayo de 2020 y la audiencia preliminar se celebró el 30 de abril de 2021.

– El abogado cree que a los pescadores buscaban “vencerlos por cansancio”. Además de la tardanza en realizar la audiencia preliminar, destaca el contexto que sufrieron los pescadores, “detenidos en un país extranjero y salvo Wolfgang, ninguno dominaba el idioma español y los llevaron a juicio sin usar intérpretes. La primera vez que utilizaron intérpretes fue en la audiencia del 30 de abril de 2021”.

– Graterol Jatar advierte que la acusación no tenía ni siquiera la firma de la fiscal. “La acusación no tenía ni firma ni sello”, subraya.

– La defensa también objeta la forma en que se practicó la prueba Scott para determinar la presencia de drogas en las embarcaciones. “La prueba que presentaron se tomó de una manera chapucera, sin cumplir con los requisitos de una prueba que, además, es de orientacion, no definitiva. Pasaron unos trapos por algunas partes de la lancha y apareció el color azul que marca la presencia de clorhidrato de cocaína, pero ese resultado puede obtenerse hasta por un cigarrillo o acondicionador de cabello. Igualmente, la prueba la hicieron fuera del lapso de la flagrancia. Los testigos que presentaron dijeron que la prueba se realizó el día primero de enero de 2020, cuando se hizo supuestamente el primero de abril de 2020. Al final, les secuestaron las lanchas, que permanecen en Venezuela. Las lanchas no podían ser secuestradas. La prueba arrojó como resultado la presencia de 0,001 gramos de cocaína”.

– Al evaluar estos casos, la Comisión Especial para la Reforma del Sistema Judicial eliminó los abogados privados y nombró defensores públicos. “La idea era que todo el mundo admitiera los hechos. Tras declararse culpables, redujeron los hechos y permitieron que fueran deportados. Así queda en el expediente que los policías actuaron perfectamente. Cuando se produjo la reunión con la Comisión Especial, quitaron la acusación por contrabando de combustible”.

– “Una vez decidida la deportación, la jueza no enviaba correctamente el oficio al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Entonces, tuvieron que esperar más de un mes para poder salir de Venezuela y pagaron una detención ad hoc en otro sitio. Desde el principio, estuvieron detenidos en lugares insalubres, donde debían pagar por agua y comida”.

Con información de Pedro Pablo Peñaloza