Venezuela disputa la propiedad de un barco que hundió a una patrullera de la Armada Bolivariana

El gobierno de Maduro entabló una demanda contra la actual propietaria del buque Resolute, que en 2020 colisionó una embarcación militar venezolana. Hasta ahora, no ha tenido éxito

El gobierno de Nicolás Maduro avanza en un litigio contra una empresa que adquirió una embarcación señalada de haber propiciado el hundimiento de una patrullera de Guardacostas de la Armada.

El centro de la disputa es el buque Resolute, un crucero involucrado en la colisión y posterior naufragio de la patrullera de nombre Naiguatá, el 30 de marzo de 2020.

Luego de este incidente, la embarcación de bandera portuguesa enfiló hacia Curazao. En mayo, el gobierno venezolano inició las acciones ante los tribunales de la isla. A tal efecto, desde Caracas fue contratado un bufete de abogados con sede en Willemstad, representado en este caso por el litigante Roy Gonet. La primera moción fue con el propósito de embargar esta nave.

Los juzgados de Curazao negaron la petición de Caracas, pero ordenaron que el Resolute permaneciera anclado en esa isla. Aunque el crucero está registrado en Portugal, la propietaria formal para ese momento era Bunny’s Adverture & Cruise Shipping Company, una empresa de turismo por mar inscrita en Nassau, Bahamas.

Cuando ocurrió la colisión entre el Resolute y la patrullera, sobre la embarcación turística pesaba una hipoteca de 3,93 millones de dólares, más 47.251 euros por intereses. Luego, hubo un nuevo endeudamiento por 25 millones de dólares. Los recursos correspondientes fueron otorgados en ambas ocasiones por Arctica Adventure & Cruise Shipping Limited, que también está registrada en Bahamas.

En junio de 2020, Arctica se apoderó por completo de la embarcación turística, con la bendición de la justicia curazoleña. Hubo una “subasta” en la isla, en la que esta compañía figuró como único postor. La venta fue por tan solo 600 mil dólares. Una ganga si se considera que el Resolute es un crucero de 125 metros de eslora, diseñado para navegar por los hielos antárticos, y plenamente operativo.

Aun así, Arctica mantiene un reclamo contra la anterior propietaria del barco, por 6,88 millones de euros, unos 7,88 millones de dólares al cambio actual, pues considera que todavía no ha resarcido lo entregado a través de las hipotecas.

Venezuela en desventaja

En una sentencia provisional, publicada el 24 de diciembre de 2021, la juez curazoleña Eveline Notenboom-Lock sostuvo que Arctica tiene prioridad en sus reclamos sobre el Resolute.

La letrada descartó el argumento del representante venezolano, según el cual los intereses de Arctica no llegaban a todo el crucero, sino tan solo a 64 acciones relacionadas con la propiedad de esa embarcación.

“Arctica ha aportado suficientes razones de que, contrariamente a lo argumentado por Venezuela, la hipoteca no se establece sobre 64 acciones sino sobre el propio barco”, dijo.

La juez observó además que Venezuela no cuestionó el hecho de que las referidas obligaciones fueron contraídas formalmente en Bahamas, y no en Curazao. Añadió que, en todo caso, “la garantía hipotecaria según la ley de las Bahamas es suficientemente equivalente en función y alcance al derecho hipotecario en Curazao”.

En la sentencia, Notenboom-Lock establece que los tratos previos entre el anterior propietario del crucero y el actual no fueron entablados “con el objetivo de perjudicar injustificadamente a Venezuela”.

Como colofón, la parte venezolana fue obligada a cancelar 19.500 florines (unos 10.825 dólares) por costas procesales.

La patrullera Naiguatá naufragó el 30 de marzo a la 1 am al ser colisionada por el Resolute. Una investigación de las autoridades portuguesas dictaminó que la nave militar fue impactada en la proa de babor, luego de un hostigamiento en el que los militares incluso hicieron disparos contra el crucero, en lo que calificó como un hecho “no accidental”.