Comisión de Diosdado Cabello tiene en sus manos futuro de los cinco pescadores de Curazao detenidos en Falcón
El representante de la Defensoría del Pueblo en el estado occidental, Edisoie Sandoval, afirma que están atendiendo a las víctimas de naugrafios y desapariciones, y llama la atención sobre los riesgos de emigrar ilegalmente hacia el Caribe Neerlandés
Cinco pescadores oriundos de Curazao permanecen privados de libertad, luego de ser capturados en aguas venezolanas el 23 de marzo de 2020. Un año y cuatro meses después, Genaro Thode, Evelio Evertsz, Naoki Snijders, Davidson González y Wolfang Zavala Martínez continúan encerrados en la comisaría de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicada en Tocuyo de la Costa, municipio Monseñor Iturriza del estado Falcón.
Familiares y abogados defensores han señalado que el proceso judicial en contra de los ciudadanos extranjeros está empañado por distintas irregularidades, entre las que destacan: falsos positivos, retardo procesal y extorsión.
Crónicas del Caribe conversó con el abogado y representante de la Defensoría del Pueblo en el estado Falcón -instancia del Poder Ciudadano en Venezuela- Edisoie Sandoval, quien explicó que la privativa de libertad está siendo evaluada por la Comisión Presidencial para la Reforma del Sistema Judicial presidida por Diosdado Cabello, segundo al mando de la revolución chavista y uno de los líderes oficialistas sancionados por el Departamento del Tesoro de Estado Unidos.
Sandoval asegura que el régimen venezolano garantiza los derechos humanos de los curazoleños y considera que en este caso las investigaciones avanzan con el fin de “esclarecer los hechos”, después de que Nicolás Maduro decretara la intervención del sistema judicial con el fin de descongestionar los centros de detención.
El representante de la Defensoría reconoce que la pandemia ralentizó el proceso legal y admite que no ha establecido ningún tipo de contacto con las autoridades de Curazao, pero aclara que el Consulado de Países Bajos conoce los hechos.
-El gobierno del estado Falcón reconoce la existencia de distintos flagelos sociales que operan en las fronteras marítimas con Curazao y Aruba, como la trata de personas, el tráfico de drogas y el contrabando de combustible. ¿Cuáles son las acciones en materia de derechos humanos y prevención que desarrollan para combatir esta situación?
-La Defensoría del Pueblo en el estado Falcón tiene la misión de formar, orientar y crear conciencia ciudadana en cuanto a los riesgos de ser víctima de la trata de personas, puesto que ha habido una campaña internacional desde las redes sociales y medios de comunicación para desprestigiar a las instituciones venezolanas.
Hemos observado que los jóvenes son víctimas de explotación sexual, explotación laboral y cualquier otro tipo de situaciones que le causan daño a cualquier ser humano. En cuanto al contrabando y tráfico de estupefacientes, los organismos de seguridad tienen que velar por la soberanía del pueblo, territorial y de nuestros espacios acuáticos. Nosotros somos garantes de que se les respete los derechos constitucionales a los ciudadanos, venezolanos o extranjeros, que son aprehendidos.
Retomando el tema de la trata, tenemos que comprender el riesgo que se corre en lo que respecta al traslado de estas personas en lanchas y cualquier otro tipo de nave sin la seguridad debida. Han ocurrido, lamentablemente, algunos decesos y desapariciones de personas. Nosotros hemos atendido a las víctimas, haciéndole seguimiento a las investigaciones que lleva el Ministerio Público para determinar quiénes son los responsables de estos sucesos.
-El Estado venezolano detuvo el 23 de marzo de 2020 a cinco pescadores curazaleños y, desde entonces, no se conocen avances en cuanto a las investigaciones de este caso. ¿A qué se debe el retardo procesal?
-Tenemos una serie de adversidades a las cuales se incorporó la pandemia y el sistema 7+7, es decir, 7 días de flexibilización seguidos de 7 días de cuarentena radical. Esto afectó el proceso y, lamentablemente, el COVID-19 también afectó a fiscales, defensores, funcionarios, jueces y personal del tribunal.
Por eso, el presidente Nicolás Maduro tomó la iniciativa de conformar una comisión presidencial donde se evalúan los retardos procesales, ya que no deberían existir porque esto violenta los derechos de los ciudadanos, el derecho a la defensa. Si un tribunal no funciona correctamente, para la Defensoría es cuesta arriba interponer un recurso.
-Los familiares y abogados de los pescadores aseguran que fueron acusados falsamente por asociación para delinquir y tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. ¿Cómo responde a estas aseveraciones?
-Esos son elementos propios del proceso, nosotros estamos pendientes de que se garanticen los derechos y haya equilibrio en la investigación. Ya esto es materia de fondo, donde se van a valorar las pruebas que el Ministerio Público venezolano presente y las pruebas de la defensa. En dado caso, nosotros somos garantistas para que no se les vulnere el derecho al debido proceso. Con respecto a la advertencia en perjuicio de los pescadores curazaleños, tendríamos que esperar los resultados de las investigaciones.
-¿Cuáles son los cargos que enfrentaría un pescador o ciudadano curazaleño que decida navegar en aguas venezolanas sin autorización?
–Son circunstancias que deben ser investigadas, porque existen muchos factores y puede ser que deliberadamente haya una estrategia de irrumpir por nuestras fronteras. Así se estaría incurriendo en un posible ilícito, ya que se necesitan una serie de requisitos para ingresar a un país de manera legal.
Pero también puede ser que estés navegando, se te daña el motor de la embarcación o seas objeto de asalto por la piratería, quedes a la deriva y llegues a un país determinado (…) todo esto se investiga y se determina cuál es el delito o cuáles fueron las circunstancias que exculpan a estas personas. El Estado venezolano socorre, brinda apoyo e informa a las embajadas y consulados.
–La defensa reveló que los pescadores extranjeros fueron víctimas de vacunas por parte de efectivos policiales. Se habla de hasta 50 mil dólares para liberarlos. ¿Han tomado en cuenta estos señalamientos?
-Yo soy abogado y una de las cosas que tenemos los profesionales del Derecho es que somos acuciosos en las denuncias, y no hemos recibido una denuncia formal sino un comentario, aunque no está demás que esto se investigue. Las responsabilidades son individuales, si los abogados tienen conocimiento de esto, lo adecuado es que interpongan la denuncia ante la Defensoría o el Ministerio Público.
-El mismo comentario lo expresan los venezolanos que son repatriados en los vuelos humanitarios desde Aruba y Curazao. Dicen que han sido objeto de presuntas extorsiones por algunos funcionarios de seguridad.
-Eso es un tema donde las mafias también operan, pero el Estado venezolano tiene sus mecanismos para esclarecer y hacer justicia en estos casos.
-¿Se les está garantizado todos los derechos a los pescadores curazaleños?
-Tienen garantía porque la Defensoría del Pueblo está en conocimiento del caso y los hemos visitado varias veces. Ya la comisión presidencial tiene conocimiento y estamos evaluando su caso, respetando todo lo que tiene que ver con el debido proceso y el derecho a la defensa.
– ¿Han establecido contacto con el gobierno de Curazao?
-Yo no. Tampoco la Defensoría ha recibido ninguna llamada, pero tengo entendido que el Consulado (de Países Bajos) tiene conocimiento del caso.
– ¿Es posible que se plantee la repatriación?
-Se está clarificando cuál es la circunstancia que ha llevado a la detención de estos ciudadanos.
-Es decir, ¿luego de 16 meses no es comprensible lo que sucede con ellos?
-Están sujetos a un proceso, están en una etapa en la cual fueron presentados, creo que no han ido a una audiencia preliminar todavía. Dependiendo de las circunstancias, ellos pueden continuar privados de libertad o pudieran ser objetos de una medida menos gravosa o sujetos a una detención domiciliaria, pero si no tienen culpa pueden ser absueltos de los delitos.
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