Alto comisionado de la ONU exhorta a Aruba y Curazao a proteger a los migrantes venezolanos
El informe presentado por Volker Türk señala que la diáspora nacional queda expuesta a “abusos y violaciones de derechos humanos” en las rutas migratorias. Expertos recomiendan establecer mecanismos de registro e inclusión
El Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, exhortó a los gobiernos de Aruba y Curazao a “abordar los riesgos de protección para los migrantes venezolanos”.
En el informe presentado el 4 de julio, el funcionario hizo una referencia a la situación planteada desde finales de 2022 con la progresiva reapertura de las fronteras entre Venezuela y países vecinos, como son las antiguas Antillas neerlandesas y Colombia.
Türk afirmó que esta decisión representa “un avance significativo, que podría arrojar resultados positivos para la región”. Acto seguido, indicó que los emigrantes venezolanos “a menudo viajan en condiciones peligrosas, que siguen expuestos a abusos y violaciones de los derechos humanos en las zonas fronterizas y las rutas migratorias”.
En los casos de Aruba y Curazao, la plataforma R4V, que aglutina a las organizaciones de atención humanitaria, estableció en junio que 17 mil personas salieron de Venezuela a Aruba, y otras 14 mil hacia Curazao. Aunque las cifras son bajas en comparación con las de otros países, en términos porcentuales los venezolanos representan más del 15% de la población en estas islas.
Esta es la primera referencia que hace la oficina de Naciones Unidas en torno al problema migratorio venezolano.
El director ejecutivo del Observatorio de la Diáspora Venezolana, Alejandro Oropeza, advirtió que, a pesar de la reapertura, la masa de migrantes venezolanos está expuesta a violaciones de derechos humanos, en la medida en que los territorios de acogida tengan recursos limitados en materias como servicios públicos y plazas de trabajo.
“Esto se complica porque durante mucho tiempo Aruba, Curazao y hasta la propia Bonaire fueron islas que recibieron grandes beneficios de las visitas de los venezolanos (…) Entonces, luego comenzó un cierre en cuanto a las posibilidades de los venezolanos allá, que no se correspondió con los aportes de los venezolanos para el desarrollo de estas islas”, afirmó.
Para Oropeza, está demostrado que los procesos migratorios generan beneficios en los países de acogida, pues generalmente involucran a personas jóvenes, en edades productivas.
Recomendó “una regularización del estatus migratorio” de los venezolanos que permanecen en estas islas, para que así salgan de la informalidad y se incorporen a la economía. Esto, además, pasa por la regularización de las relaciones consulares entre las islas y Venezuela.
El comercio primero
El internacionalista Félix Arellano advirtió que las reaperturas de las fronteras entre Venezuela y las islas ponen claro énfasis en los aspectos comerciales. En su criterio, los mecanismos para el filtrado de los emigrantes (como los visados y la vigilancia policial) continuarán en vigencia.
“Estas islas van a incrementar los controles, porque quieren evitar los efectos que ya se están sintiendo en Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Van a hacer todo lo posible para que la llegada no sea fácil”, sostuvo.
Señaló que los países generalmente desean recibir a emigrantes profesionales, formados en los territorios de origen, que aportarán “capital humano”.
“Pero lo que vivió América Latina en los últimos años es una diáspora producto del desastre económico venezolano, de un modelo que destruye las oportunidades. Y ha emigrado mucha gente humilde, buscando mejores condiciones de vida. No creo que estas islas quieran recibir a estos sectores, porque su desarrollo industrial es muy limitado”, indicó.
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