Cómplices en tráfico de oro desde Venezuela se pelean por pago de indemnización

Un juzgado de Curazao desechó la apelación de una empresa colombiana, que exige una compensación por la pérdida de un cargamento del metal precioso extraído de minas de Guayana

El Tribunal Conjunto de Justicia de Aruba, Curazao, Sint Maarten, Bonaire, San Eustaquio y Saba declaró sin lugar la apelación formulada por una exportadora de metales preciosos colombiana contra una sentencia de primera instancia, que la desfavoreció en un prolongado litigio ocasionado por la confiscación de un cargamento de oro extraído de Venezuela, a través de mecanismos presumiblemente ilegales.

La instancia colegiada, presidida por el magistrado Gerard Lewin, rechazó las pretensiones de la Sociedad de Comercialización Internacional F&G, registrada en Bogotá, contra la firma Bonaire Metales Preciosos y Minerales NV (BPMM, por sus siglas en inglés), inscrita en la isla homónima en 2008, según datos de la Cámara de Comercio local. Esta firma tendría su oficina en la calle L.D. Gerharts de la capital Kralendjik.

Este caso es la derivación de un juicio por lavado de dinero, en el que se vieron involucrados operadores de ambas empresas. Según registros judiciales, se trataba de una compleja red que extraía oro del Arco Minero venezolano y lo enviaba a Amberes, Bélgica, pasando por las islas del Caribe Neerlandés y el Reino de los Países Bajos.

Por las islas

La investigación inicial logró documentar el tráfico ilegal de 864 kilos del metal a través de Aruba, y otros 433,5 kilos por Curazao, en 19 operaciones llevadas a cabo entre diciembre de 2008 y el mismo mes del año siguiente.

El conflicto entre F&G y la empresa de Bonaire aparentemente surge por el decomiso de 31 lingotes, así como también de más de 281 mil dólares y 20 mil florines, llevado a cabo en las primeras diligencias policiales en depósitos y el Girobank de Curazao.

Los colombianos argumentaron, en esencia, que BPMM debía compensarlos por esta pérdida.

Sin embargo, en una sentencia previa, dictada en 2020, un juzgado de primera instancia determinó que “el oro proviene de Venezuela, y fue exportado desde Venezuela sin licencia de exportación”.

“Del expediente se desprende que exportar oro venezolano sin licencia de exportación es punible. Además, se han cometido delitos penales en la exportación de oro venezolano, a saber, falsificación y utilización de documentos falsificados”, recordó el tribunal presidido por Lewin.

En este caso, los lingotes fueron llevados desde Punto Fijo a Aruba en una lancha, y desde allí fueron trasladados nuevamente hasta Curazao.

Los documentos judiciales indican, además, que las autoridades pudieron determinar el origen del oro, gracias a que algunos lingotes tenían grabadas las letras PMG: Promotora Minera Guayana. Otras láminas del metal fueron elaboradas por la firma Rusoro Mining, y otras de cooperativas que entonces operaban en el Arco Minero.

Durante el proceso, los representantes de F&G alegaron que ellos no participaron en la exportación del oro, sino que ellos lo vendieron a BPMM, y que los empleados de esta firma hicieron las gestiones para sacarlo del país de forma subrepticia.

La justicia curazoleña no dio crédito a estas versiones, pues en la investigación por lavado de dinero se reveló un patrón de actuación en el que un representante de F&G “proporcionó los lingotes de oro certificados de origen falsificados y también los utilizó”.

Por ende, el tribunal colegiado concluyó que tanto el demandante como el demandado “tenían conocimiento de los delitos cometidos con respecto a los lingotes de oro y las cantidades de dinero subyacentes”.

Este litigio es apenas una pequeña parte de una investigación más amplia, en la que se involucraron eventualmente autoridades de Panamá y Estados Unidos, puesto que para el financiamiento de las operaciones y el blanqueo de las ganancias eran usados bancos de ambos países.