Al menos 1.340 venezolanos presos por emigrar a Aruba en forma irregular desde 2021
Un reporte de Amnistía Internacional denuncia que el gobierno de la isla aplica procedimientos sumarios de deportación, aún para personas que corren un riesgo inminente por razones políticas
Un reporte de Amnistía Internacional (AI) revela que por lo menos 1.340 venezolanos han sido detenidos en Aruba por haber ingresado a ese territorio en forma irregular, tratando de huir de la emergencia humanitaria que sufre Venezuela.
El informe de 73 páginas indica que esta cifra fue obtenida en respuesta a una solicitud de información cursada durante la investigación de la ONG sobre el tratamiento dado a los venezolanos que buscan asilo en esa isla, a 24 kilómetros al norte del estado Falcón.
El gobierno arubeño precisó a AI que en 2021 fueron aprehendidas 526 personas; otras 450 en 2022; 311 al año siguiente, y en los cuatro primeros meses de este año quedaron en custodia 53 personas.
La organización pudo constatar que entre los privados de libertad por procedimientos migratorios hay menores de edad.
Los detenidos son sometidos a procedimientos sumarios, que mayoritariamente son desarrollados en idioma neerlandés, lo que arroja cuestionamientos sobre las garantías de un debido proceso.
Las fronteras entre Aruba y Venezuela permanecieron cerradas por razones políticas entre 2019 y mayo de 2023. A partir de ese mes, la isla admite la llegada de embarcaciones, con propósitos primordialmente comerciales (traslado de comestibles). Los vuelos directos no han sido reanudados, pues el gobierno de Evelyn Webber-Croes considera que esta medida podría estimular una ola migratoria.
El asilo como privilegio
Desde 2015, en Aruba se han procesado 4.369 solicitudes de asilo que involucraron a 5.534 personas. El informe de AI indica que la gran mayoría de estas peticiones han sido elevadas por venezolanos. Sin embargo, solo el 1,1% de estos casos llega a buen término.
El gobierno de Aruba, además, no transmite a los solicitantes información oportuna sobre lo que se debe hacer para que el proceso fluya. De hecho, las trabas son frecuentes. Por ejemplo, las solicitudes ante el despacho gubernamental correspondiente (Departamento de Integración, Manejo y Admisión de Extranjeros, DIMAS) deben ser llenadas en inglés.
DIMAS indicó a los investigadores de la ONG que los venezolanos suelen solicitar asilo por razones que catalogaron de económicas, cuando en realidad estas personas huyen de una emergencia humanitaria compleja, donde el deterioro económico es apenas una de las consecuencias.
Por otra parte, la autoridad arubeña en la materia carece de informes actualizados sobre la situación venezolana. Incluso, no sigue el criterio fijado por el gobierno de Países Bajos, según el cual las bandas criminales y los cuerpos policiales y militares “en Venezuela a menudo están íntimamente mezclados, y que los grupos armados son emplazados para controlar a la población”.
“DIMAS no reconoce a los oficiales corruptos del gobierno (venezolano) como agentes estatales, y por lo tanto una persona que dice ser perseguida por ellos no puede probar que son incapaces de suministrarle la protección del Estado”, añade el reporte.
Los investigadores de AI lograron recopilar numerosos testimonios de venezolanos que manifestaron frustración y desesperanza por el tratamiento de sus casos en Aruba. Por ejemplo, una enfermera relató a la ONG que tuvo que huir de Venezuela en 2017 luego de involucrarse en la defensa de los derechos de los profesionales de su gremio. Fue acosada por colectivos en su residencia, y transferida por las autoridades sanitarias, en retaliación a su actividad gremial.
Salió del país sin pasaporte, pues el Saime se negaba a tramitárselo. A pesar de todo esto, su solicitud de asilo fue rechazada con el argumento de que no pudo probar la persecución o el riesgo de enjuiciamiento.
Este informe de AI surge en momentos de agudización de la crisis política en Venezuela, tras la cuestionada elección del 28 de julio. El riesgo de una nueva ola migratoria hacia los países vecinos fue advertido por la plataforma R4V, que indicó la necesidad de llevar a cabo una “preparación regional”. Pero, tanto en Aruba como en otros países latinoamericanos, la tendencia observada por esta entidad es colocar barreras para disuadir a los emigrantes.
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