Condenan a ex ejecutivos del Banco Central de Curazao en caso que involucró a empresa venezolana

La empresa venezolana Empiso transfirió 1,34 millones de dólares a una cuenta como pago de un soborno a uno de los sentenciados

La Corte Conjunta de Curazao, Aruba, Sint Maarten, Saba y Bonaire determinó la culpabilidad de dos altos ex funcionarios del Banco Central de Curazao por falsificación de documentos, como parte de un esquema internacional que según la acusación involucró a empresas venezolanas.

El juzgado sentenció a seis meses de prisión al ex presidente de la entidad Emsley Tromp, de 65 años de edad, y a René Laurents, de 63 años, quien fue vicepresidente durante la misma gestión. Ambos ostentaron estos cargos hasta septiembre de 2017, cuando las denuncias públicas por las irregularidades en diversos casos llevaron a la junta directiva a exigirles que pusieran sus renuncias.

Inicialmente, la investigación policial, denominada Hércules, también abarcaba los delitos de soborno de funcionario público y lavado de dinero. No obstante, la juez YC Bours consideró que no había evidencias suficientes para declararlos culpables por los tres cargos.

Según la acusación presentada por el fiscal Danny Hazejager, Laurents registró la firma Curacao Fashion Group (CFG) en 2009, a instancias de Tromp. En mayo de ese año, se redactó un contrato de préstamo de la empresa por 400 mil dólares. El dinero fue depositado en la cuenta de pensión del entonces presidente del Banco Central (que también tiene jurisdicción en Sint Maarten), con el pretexto de llevar a cabo unos “trabajos preparatorios” relacionados con la sede de CFG. Estos trabajos nunca ocurrieron, lo que hace suponer la falsedad del contrato.

Muy activos

En septiembre de 2015, de acuerdo con la fiscalía, la empresa venezolana Empiso transfirió 1,34 millones de dólares a la cuenta de CFG. El Ministerio Público curazoleño sostuvo que ese dinero, en realidad, era el pago de un soborno a Tromp, relacionado con negociaciones entre el Banco Central de Curazao-Sint Maarten y el Banco Activo, para la adquisición del Girobank.

La publicación Cuentas Claras Digital relató que para esa fecha el referido banco había entrado en situación de insolvencia, y que la solución encontrada era otorgar una licencia al recién creado Activo Bank NV, con el propósito de que luego este asumiera tanto los pasivos como todos los activos de la entidad intervenida.

Luego de abandonar la posición como máxima autoridad del ente emisor curazoleño, Tromp fue contratado para asesorar al Banco del Orinoco NV, otra entidad financiera quebrada. En la actualidad, el BdO también es centro de una controversia. En septiembre, se determinará si el grupo perteneciente al banquero Víctor Vargas dispone de fondos suficientes para pagar las obligaciones contraídas con cientos de cuentahabientes.

Las penas impuestas a Tromp y su colaborador fueron suspendidas debido a que la investigación y el proceso de imputación iniciaron hace más de cinco años, y el delito comprobado solo ameritaría seis meses de prisión.

A pesar de ello, la jueza consideró como “grave” lo hecho por Tromp y Laurents.

Afirmó que, con estas acciones, los encausados dañaron “gravemente la confianza que los ciudadanos deberían tener en los altos funcionarios de la administración pública”.