Documentos falsos y fallas en los controles: Así cayó el banco de Víctor Vargas en Curazao

Un informe del Banco Central de la isla deja en evidencia las graves irregularidades que marcaron el fin del Banco del Orinoco N.V., destacando el incumplimiento generalizado de las regulaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo

Un documento interno de decisión emitido por el Banco Central de Curazao y Sint Maarten en septiembre de 2019 ofrece un relato detallado y contundente de las circunstancias que llevaron a la revocación de la licencia bancaria de Banco del Orinoco N.V., proporcionando nueva información sobre uno de los colapsos financieros más controvertidos vinculados a Curazao en los últimos años.

La decisión, de 28 páginas, dirigida directamente a Banco del Orinoco y firmada por la alta gerencia del Banco Central, revoca formalmente la licencia del banco con efecto inmediato. El documento describe un patrón de mala conducta que, según el regulador, iba mucho más allá de simples deficiencias administrativas y apuntaba a fallas sistémicas, incluyendo el uso de documentos falsificados, graves incumplimientos de las normas contra el lavado de dinero y representaciones engañosas sobre la situación financiera del banco.

En el centro de las conclusiones del Banco Central está la determinación de que Banco del Orinoco presentó repetidamente estados de custodia y correspondencia falsificados para crear la apariencia de que mantenía activos sustanciales en nombre de sus clientes. Estos documentos se habrían utilizado para demostrar solvencia y liquidez durante las revisiones de supervisión. El Banco Central concluyó que estas representaciones no solo eran inexactas, sino deliberadamente engañosas, socavando la fiabilidad del balance y los estados financieros del banco.

El regulador señala que varios custodios internacionales mencionados en las presentaciones de Banco del Orinoco, incluidos TMF, Amergeris, Vistra y Farrington, negaron haber mantenido activos para el banco o afirmaron que los documentos atribuidos a ellos eran falsificados.

En varios casos, las direcciones de correo electrónico utilizadas en la correspondencia no pertenecían a las instituciones en cuestión, o las confirmaciones provenían de dominios inexistentes o suplantados. Según el Banco Central, estas prácticas continuaron incluso después de que el banco hubiera sido advertido formalmente y puesto bajo supervisión reforzada.

El documento también detalla cómo Banco del Orinoco intentó defenderse alegando que ciertos activos se mantenían de forma indirecta o en beneficio de entidades afiliadas. El Banco Central rechazó esta explicación, afirmando que el banco no proporcionó pruebas verificables y que sus argumentos eran inconsistentes con declaraciones anteriores. El regulador concluyó que la conducta del banco obstaculizó la supervisión efectiva y violó la obligación legal de proporcionar información precisa y completa.

Limpiecito

Más allá de la documentación falsificada de activos, el Banco Central describe un incumplimiento generalizado de las regulaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La investigación destacó relaciones con clientes y transacciones que involucraban a personas políticamente expuestas, jurisdicciones de alto riesgo y transferencias inusualmente grandes que fueron monitoreadas de manera inadecuada o no fueron reportadas a la Unidad de Inteligencia Financiera.

En algunos casos, se ejecutaron transferencias por millones de dólares sin la debida diligencia del cliente ni la aprobación interna correspondiente, a pesar de los requisitos regulatorios claros.

El regulador también identificó fallas estructurales de gobernanza dentro de Banco del Orinoco. Se determinó que la junta directiva y la alta gerencia carecían de supervisión efectiva, los controles internos eran inadecuados y las funciones clave de cumplimiento estaban insuficientemente dotadas de personal o eran ineficaces. Según el Banco Central, estas debilidades permitieron que las prácticas irregulares persistieran y aumentaran los riesgos para los depositantes y el sistema financiero.

En su conclusión, el Banco Central afirma que ya no podía confiar en la exactitud de los informes financieros de Banco del Orinoco. Como resultado, la solvencia y la liquidez del banco no podían verificarse, lo que generaba un riesgo inaceptable para los acreedores y la integridad del sector financiero. El regulador enfatizó que, según la ley de Curazao, el uso de documentos falsificados constituye por sí solo motivo suficiente para la revocación de la licencia, independientemente de si existen procesos penales en curso.

La decisión también deja claro que medidas alternativas, como la supervisión intensificada o restricciones condicionadas, se consideraron insuficientes dada la magnitud y duración de las violaciones. El Banco Central concluyó que permitir que Banco del Orinoco continuara operando habría socavado la confianza en el sistema financiero de Curazao y su reputación como jurisdicción bancaria internacional regulada.

Años después del colapso del banco, el documento de decisión del Banco Central ofrece una mirada detallada sobre cómo los reguladores evaluaron la situación internamente. Sugiere que la caída de Banco del Orinoco no fue el resultado de un solo incidente, sino de un patrón sostenido de tergiversación, incumplimiento regulatorio y fallas de gobernanza. Para los depositantes y observadores, el documento plantea nuevas preguntas sobre la responsabilidad, la supervisión y el impacto a largo plazo del caso en el sector financiero de Curazao.

Nota publicada en Curacao Chronicle