
Tribunal de Aruba ordena revisar solicitud de asilo de activista de Un Nuevo Tiempo
La inexistencia de un diagnóstico que tome en cuenta la situación posterior a la elección presidencial del 28 de julio en Venezuela, impide a los operadores de justicia tomar decisiones definitivas
La Corte Conjunta de Aruba, Curazao, Sint Maarten, Bonaire, San Eustaquio y Saba solicitó al gobierno de Aruba un diagnóstico actualizado sobre Venezuela, que tome en cuenta la evolución de los factores políticos, económicos, sociales y de seguridad ciudadana tras la elección presidencial del 28 de julio.

Esta petición fue formulada a propósito de la sentencia en apelación intentada por un activista del partido Un Nuevo Tiempo, que solicitó asilo en esa isla alegando que se trataba de un perseguido por oponerse al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Este hombre, de 39 años de edad, entró a Aruba como turista en febrero de 2019. Al mes siguiente, solicitó protección ante el gobierno de la isla, pues “teme ser arrestado y procesado por las autoridades de Venezuela debido a sus creencias políticas”.
Los registros judiciales indican que, según la denuncia del solicitante, en enero de 2019 su vivienda fue allanada por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), porque supuestamente él participaba activamente en manifestaciones antigubernamentales. El hombre consignó una declaración del partido fundado por el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, así como fotografías y recortes de prensa, para comprobar lo sucedido.

Pero los funcionarios del Ministerio de Trabajo, Energía e Integración de la isla desestimaron la petición, pues consideraron que no estaba probada fehacientemente la versión sobre la persecución. De igual forma, manifestaron dudas en cuanto a lo que le sucedería si es repatriado, es decir, si sería perseguido por la policía política.
Crisis y disturbios
En su sentencia, la corte encabezada por la magistrada Angeline Martijn coincidió con el criterio entregado por el gobierno de la isla, en el sentido de que no estaba plenamente probada la persecución por razones políticas.
Pero Martijn también consideró que esto no es suficiente para enviar al activista de vuelta a Venezuela.

“La crisis humanitaria en Venezuela no es causada predominantemente por el conflicto armado, sino que es principalmente el resultado de años de crisis económica y disturbios políticos”, afirmó.
La resolución ministerial que niega el asilo y ordena la repatriación del activista de Un Nuevo Tiempo data de marzo de 2024, es decir, cinco años después de haberse entregado la solicitud de protección internacional.
Para Martíjn, a partir de esa fecha, en el país suramericano la situación general “se deteriora rápidamente”. Sin embargo, el gobierno de Aruba utilizó un diagnóstico oficial sobre el país gobernado por Nicolás Maduro, que data de 2020.
“Ese informe oficial está desactualizado en el sentido de que no se han tenido en cuenta los acontecimientos recientes en Venezuela (…) Está claro que las tensiones en Venezuela están aumentando rápidamente, y la crisis se está profundizando. Es especialmente preocupante el despliegue del Ejército en las manifestaciones posteriores a los resultados de las elecciones. Hubo muertos y centenares de personas heridas”, advirtió.

Martijn recordó que en agosto de 2024 un portavoz de la Unión Europea hizo un llamado al gobierno de Maduro para que cesaran “la represión y la intimidación de la oposición y de la sociedad civil”.
La magistrada indicó que el órgano gubernamental no puede tomar una decisión en torno a la solicitud de asilo de este venezolano hasta que no cuente con información precisa y actualizada sobre la situación del país. En su sentencia, ordenó retraer el proceso a su fase inicial, y que el órgano ministerial escuche debidamente los argumentos del activista político.
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