Política

Rocío San Miguel: “La piratería que funciona en Venezuela tiene vínculos con el poder y el Estado”

La presidenta de la ONG Control Ciudadano sostiene que el cierre de las fronteras con el Caribe Neerlandés ha incentivado la economía ilegal, y advierte que los piratas despejan las zonas para favorecer el tráfico de personas, drogas y minerales

La frontera entre Venezuela, Curazao y Aruba es el escenario de una particular versión de los “piratas del Caribe”. Y no se trata de una comedia. Al contrario, parece una película de terror. Las debilidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) han facilitado la incursión de grupos criminales que trafican personas, drogas, oro y otros minerales entre las costas venezolanas y el Caribe Neerlandés.

Venezuela se está convirtiendo en un espacio marítimo de buen resguardo para la piratería”, advierte Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano. De acuerdo con la experta en temas militares, dos factores contribuyen al auge de esta actividad delictiva: la “falta de capacidad operativa” de la FANB y la participación de “autoridades del Estado” chavista en estas prácticas irregulares. “Parece que el Estado da patente de corso a los piratas”, alerta.

Control Ciudadano pone la lupa sobre el funcionamiento de la Armada Bolivariana

San Miguel afirma que “la piratería que funciona en Venezuela tiene lazos comunicantes con el poder y el Estado, se enraiza de esa manera”. Explica que, por un lado, los criminales atacan buques, lanchas y peñeros buscando su botín. Así cargan con motores, las pertenencias de los pasajeros y cualquier objeto de valor que encuentren en el asalto.

Pero, por otra parte, las arremetidas también cumplirían un fin estratégico. “La piratería está asociada al control de zonas. Por el temor, las rutas se desvían y quedan las aguas tranquilas para el tráfico de drogas, personas y minerales. Es decir, la piratería garantiza zonas limpias para que operen con facilidad tráficos ilegales que proporcionan mayores recursos”, explica la abogada.

Puertas al mar

El régimen de Nicolás Maduro cerró en febrero de 2019 la frontera con el Caribe Neerlandés, en medio del conflicto político y diplomático que provocó el intento de hacer ingresar ayuda humanitaria a Venezuela. Dos años después y pese a las protestas de los pescadores y comerciantes del estado Falcón, la medida sigue vigente.

“El cierre de la frontera termina haciendo daño a los pobladores y negocios lícitos, al tiempo que abre una caja de pandora a los tráficos ilícitos de todo orden”, apunta San Miguel. Sostiene que es un error creer que bloquear las vías de comunicación con Curazao y Aruba puede mejorar la seguridad en la zona. “Eso demuestra el desconocimiento del concepto de seguridad”, enfatiza. 

Investigaciones demuestran el tráfico de oro venezolano hacia el Caribe Neerlandés

“En la medida en que existan pasos regulados, se contribuye con la seguridad y el desarrollo. Aquí el Ejecutivo hace un daño a los ciudadanos, mientras barcos siguen haciendo traslados de personas y bienes. Entonces, ¿a qué se juega? Se juega a incentivar la economía ilegal en torno a la frontera con Aruba y Curazao”, afirma la portavoz de Control Ciudadano.

Si bien subraya la responsabilidad de Venezuela por “haber abandonado sus fronteras”, la analista recuerda que investigaciones confirman que “la mayor comercialización minera ilegal se está dando en Aruba y Curazao”. Por esa razón, considera que “Holanda tiene que dar una respuesta frente a esta situación”, pues la propia Unión Europea ha expresado preocupación por la minería ilegal, su impacto ecológico y el tráfico por el Caribe Neerlandés.

Negocios turbios

La activista observa que bajo la revolución chavista, “no ha habido un proyecto nacional para la consolidación de las fronteras”. Con respecto al Caribe Neerlandés, comenta que en el pasado se hicieron esfuerzos para impulsar mecanismos de cooperación e integración, “pero todo eso se deshizo al imponerse una concepción militar con la llegada de Hugo Chávez al poder” en 1999.

Sin embargo, estima que “esta visión geopolítica está dando un vuelco tanto para los actores estatales como para los no estatales”. ¿El motivo? La frontera se ha convertido en “una mayor fuente de riqueza ilegal”, producto del tráfico de personas, drogas, minerales y combustible. “Esto cada vez es más visible para el país por las dinámicas perversas en torno al anillo fronterizo de Venezuela”, comenta.

Venezuela denunció una «grave agresión» sufrida por un buque de la Guardia Costera

Mientras aumentan las operaciones criminales, retrocede la presencia de la FANB. San Miguel indica que la firma de los acuerdos entre la Armada Bolivariana y la española Navantia tenía como objetivo fortalecer a este componente y aumentar la vigilancia costera en las áreas jurisdiccionales y en la zona económica exclusiva, que genera frontera con Estados Unidos.

No obstante, acota la vocera de Control Ciudadano, todo eso “se ha venido abajo”. “Los contratos con Navantia fueron complicados por los casos de corrupción y actualmente las patrulleras oceánicas y de litoral no prestan el servicio adecuado que se esperaba en términos de patrullaje, vista y registro de eventos en frontera”, asevera.

Hundidos

San Miguel dice que el Estado venezolano tiene una posición “muy débil” en su fachada atlántica, norte y occidental a consecuencia de los “problemas logísticos y presupuestarios de inoperatividad que enfrenta la FANB”.

El problema es que no hay recursos”, resume en una línea. “Las dificultades del sostenimiento de la operatividad de la FANB son reales en un país que no tiene ingresos, y los pocos ingresos de Camimpeg (Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y de Gas) no son orientados a la FANB sino al sostenimiento del poder”.

La última reforma de la Ley Orgánica de la FANB, aprobada por la Asamblea Constituyente chavista, incluyó la creación de zonas económicas especiales para abrir fuentes de financiamiento a la institución. “Pero eso todavía está en pañales”, resalta San Miguel, quien agrega que la Armada Bolivariana “sigue seca en ingresos para funcionar de manera óptima”.

El comandante de la Armada se distingue por sus «buenas relaciones con el alto gobierno»

Los principales líderes de este componente armado son su comandante general, almirante William Serantes Pinto, y el jefe del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb), almirante Remigios Ceballos Ichaso. Pese a que según la experta ambos “efectivos militares son muy activos en sus buenas relaciones con el alto gobierno”, la Armada Bolivariana no ha podido continuar sus inversiones en armamento y tiene “mal dotado al personal, sin seguridad social y pasando trabajo en apostaderos y bases navales”.

Bajo amenaza

“La ausencia de patrullaje y de vigilancia costera en Güiria, estado Sucre, ha generado situaciones graves de tráfico de personas y la actuación de piratas marítimos y grupos armados”, describe la responsable de Control Ciudadano.

A su juicio, lo que está ocurriendo en el oriente del país, “con zonas donde no se puede entrar”, amenaza con repetirse en el occidente. “Hay unas áreas de Falcón y de la fachada de Carabobo que están en esa dirección. Una ruta del narcotráfico que viene por la vía terrestre, que ha operado siempre y que encuentra espacios para seguir fortaleciéndose, y consigue su salida natural por Falcón, Aragua y Carabobo”, detalla.

San Miguel afirma que la crisis económica ha golpeado el funcionamiento de la Armada

Un puesto clave para enfrentar la presencia guerrillera y a las mafias del narcotráfico es el comando fluvial y lacustre del sur del Lago de Maracaibo, en el estado Zulia. ¿Cumple con su función? “Dudosamente cumple, esa es una de las zonas más inseguras de Venezuela, con penetración de grupos armados”, contesta.

La abogada expone que el régimen chavista no ha honrado el artículo 15 de la Constitución, que dispone que “el Estado tiene la responsabilidad de establecer una política integral en los espacios fronterizos”, y ordena atender “la naturaleza propia de cada región fronteriza a través de asignaciones económicas especiales”.

Esa deuda se traduce en la “pérdida de lo que significa la importancia de la proyección geográfica del Estado en sus diferentes planos”. Esto tiene un impacto en la actualidad y también en el futuro, pues San Miguel destaca que en los próximos 50 años Venezuela tendrá que apelar a su riqueza marítima para salir adelante.

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