Ex primer ministro de las Antillas Holandesas advierte que la Ley para la Reforma del Caribe es imprecisa

Etienne Ys señala las fallas del proyecto que dará base al COHO y afirma que aún el texto puede mejorarse para atender las necesidades de las islas

El concepto de la Ley Nacional de Consenso del Organismo Caribeño para la Reforma y el Desarrollo (COHO, por sus siglas en holandés), no refleja cuánto dinero está disponible para llevar a cabo el programa de al menos seis años. El apoyo financiero que los Países Bajos están dispuestos a ofrecer debe justificarse mediante la incorporación de los acuerdos pertinentes a la ley.

Etienne Ys, ex primer ministro del partido PAR (2002-2006) y experto financiero, destacó este hecho en una presentación ante el comité central del Parlamento de Curazao.

Ys fue uno de los cuatro expertos que acudieron al Parlamento para brindar información sobre los pros y los contras del COHO. El proyecto de ley pronto estará en la agenda de una reunión parlamentaria.

Definición de recursos

Ys califica de “muy amateur” que la financiación del programa se determine siempre por un período breve, sobre la base de un “acuerdo periódico que se firmará con cada país sobre la naturaleza y el importe de los fondos”.

“Esto no es apropiado para un ejercicio tan extenso que tomará al menos seis años. El compromiso de los Países Bajos me parece demasiado evasivo”, dice Ys.

Es cuestionable que la ley no determine cuántos recursos dispondrá en los próximos años, no hay claridad alguna para “el próximo trimestre”. Ys advierte: “Holanda decide cada trimestre ‘en consulta’ con los países del Caribe. Pero, ¿qué posición negociadora tenemos realmente?”.

En ese sentido, es muy difícil medir el apoyo de los Países Bajos a COHO. Ys aconseja convertir los Paquetes Nacionales (leyes y sostén financiero para ayudar el crecimiento económico) en programas de desarrollo plurianuales, cuyos recursos ya se están presupuestando.

Para ello se puede solicitar la ayuda de organizaciones internacionales. El programa plurianual debe incorporarse a la legislación COHO. De esta forma, los países tienen conocimiento de las consecuencias financieras de las agendas de implementación desde el inicio. “Por lo tanto, los recursos para esto deben reservarse con anticipación por un período más largo”, enfatiza Ys.

Por ejemplo, hay materias que no están contempladas en la ley, por lo que no existe una base legal a la que recurrir. Ys menciona el poder de nombramiento del Ministro holandés del Interior y Relaciones del Reino (BZK). El COHO y el Ministro de Asuntos Generales de Curazao, es decir, el Primer Ministro, “determinan periódicamente la agenda de implementación”.

Cogobierno

El Ministro holandés del Interior y Relaciones del Reino, a su vez, puede, previa consulta con el Primer Ministro de Curazao, Aruba o Sint Maarten, dar instrucciones al COHO cuando se trata de determinar la agenda de implementación.

Ys opina: “Esto limita el espacio político del país. Así que el COHO y el Ministro del Interior y Relaciones del Reino están cogobernando”.

No en la propia Ley, sino en la exposición de motivos, se establece que la emisión de una instrucción política está sujeta a condiciones. Se permite la intervención “en caso de una extralimitación inminente de los poderes del COHO” o si el organismo “implementa, de manera incorrecta o insuficiente, los acuerdos en el contexto de los Paquetes Nacionales”.

El ministro holandés debe ejercer sus poderes con la moderación necesaria.

Cerrar la brecha

Ys propone una “solución simple” para resolver las diferencias. La agenda de implementación, que es la elaboración del Paquete Nacional, debe ser determinada por cada país sobre la base de criterios que se incluyen en la ley.

Así como está dispuesto para los planes de acercamiento, COHO podrá aprobar o rechazar la agenda de ejecución y, en este último caso, existe la posibilidad de apelación. Esta opción no está disponible actualmente en el nivel de implementación.

Ys apunta: “Con la propuesta actual, los Países Bajos pueden decidir que cualquiera que no vaya en la dirección deseada ya no recibirá dinero. Esa es una posición de partida negativa”.

Bolsillo holandés

El ex primer ministro tiene diferencias con la forma en que los Países Bajos insinúan sutilmente que es el contribuyente holandés quien paga por el COHO.

Cita la exposición de motivos del proyecto de ley: “No es deseable que COHO pueda operar con total independencia del directorio holandés. Es necesario que el Parlamento holandés ejerza un control democrático sobre la administración. Esta posibilidad de control es aún más importante ahora que no solo la organización del COHO está íntegramente financiada con dinero de los contribuyentes holandeses, sino que también los recursos financieros y de otro tipo que aportará el COHO en el desempeño de sus tareas son proporcionados por ciudadanos holandeses”.

Ys piensa que esto “no está bien”. “La ley de consenso se trata en realidad de un acuerdo entre dos partes. Esto da la impresión de que una parte impone las condiciones a la otra”.

Holanda esgrime tres argumentos para mantener el control: la supervisión del Parlamento holandés, el hecho de que se trata de financiamiento con dinero de los contribuyentes holandeses, y que la autonomía de los países puede mantenerse durante el tiempo que sea necesario y proporcional.

Mayor protagonismo

Ys se pregunta por qué no se ha elegido para el COHO una construcción similar a la de la Ley de Supervisión Financiera. Porque sobre la base de esa ley, el primer ministro de Curazao puede, previa aprobación del Consejo de Ministros del Reino, establecer reglas de política y dar instrucciones para el ejercicio de los deberes y poderes asignados a la Junta de Supervisión Financiera (CFT) en el ley.

“La CFT está totalmente financiada por el gobierno holandés y la construcción no se interpone en el camino del control democrático por parte de Parlamento holandés”, dice Ys, quien concluye que se trata principalmente de decir que “este es mi dinero”.

Para compensar el “predominio de los Países Bajos”, se ha incluido una serie de disposiciones en la ley, entre ellas que el COHO debe informar al Parlamento cada trimestre, requerir el consentimiento de un país antes de que se pueda entrar en un protocolo de cooperación con organizaciones internacionales, y que el ministro de BZK solo puede establecer reglas de política para COHO después de consultar con el Ministro de Asuntos Generales (no es necesario el consentimiento).

Ninguno de estos puntos contribuye sustancialmente a una mayor influencia de Curazao, Aruba y Sint Maarten. Por lo tanto, hay espacio para la negociación, concluye Ys.