Migración

Un trabajador de Corpoelec y un militante de Primero Justicia entre los venezolanos cuya petición de asilo fue rechazada en Aruba

Los juzgados ratifican la negativa del gobierno de la isla, en víspera de la realización de vuelos para ejecutar las deportaciones

En una misma jornada, los tribunales de primera instancia de Aruba avalaron las negativas de asilo emitidas por el gobierno de esa isla para solicitantes venezolanos, quienes huyeron del país por razones políticas y en la búsqueda de mejor calidad de vida.

Las audiencias para conocer los alegatos de los venezolanos fueron celebradas entre los meses de julio y agosto en el palacio de justicia de la isla. Pero las sentencias correspondientes fueron conocidas este viernes 10 de septiembre, en víspera de la ejecución del “vuelo humanitario”, que llevará a en un mismo jet a personas deportadas y otras que tomaron la decisión de retornar a Venezuela por cuenta propia.

Entre los afectados por estas sentencias figura un técnico electricista de 21 años de edad, exempleado de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), que salió del país hacia Chile, atraído por la perspectiva de una vida mejor.

En diciembre de 2019, el hombre salió del país austral hacia Aruba, con un permiso de estadía turística de cuatro días. Pero se quedó en la isla, y en marzo introdujo su petición de asilo.

“Fuimos trabajadores del gobierno actual y fuimos perseguidos por las autoridades del país (…) Me querían poner a trabajar en medio de tanta protesta, arriesgando mi vida (…) Fui amenazado y perseguido por la policía del país”, relató.

Añadió que el régimen de Nicolás Maduro culpa a los trabajadores de la estatal por el agravamiento de la crisis eléctrica en el país.

“Los colectivos que trabajaban para el gobierno (…) molestaban a mi esposa en su casa preguntando por mí”, dijo.

Los Guardacostas redoblan sus esfuerzos para evitar la migración irregular. Crédito: @kwcarib

Advirtió que si lo deportan podría ser enjuiciado en Venezuela por traición a la patria. Desde marzo, este hombre permanece en un centro de detención de los Guardacostas.

De PJ

Otro afectado por las decisiones tribunalicias de Aruba se identificó como militante de Primero Justicia (PJ). Afirmó que tanto él como sus familiares han sido amenazados por las autoridades “sistemáticamente”.

El solicitante, de 20 años de edad, ingresó de forma clandestina a la isla en diciembre de 2019, utilizando un traslado en peñero desde Venezuela.

El joven militante de PJ denunció haber recibido amenazas de forma sistemática

Dijo que había solicitado asilo en Aruba apenas llegó a la isla. Pero aclaró que la pandemia por el COVID-19 le impidió formalizar este proceso.

El gobierno arubano le negó su petición, y los tribunales rechazaron su solicitud de una suspensión de la medida de deportación.

Al igual que el primer caso, este joven también permanece en el centro de detención para inmigrantes de los Guardacostas.

Por salud

Otra demandante, de 53 años de edad, es una venezolana nacida en República Dominicana, de 54 años de edad. En 2017 contrajo matrimonio con un residente de la isla. Al año siguiente, intentaron deportarla por primera vez, al detectarse que supuestamente incurrió en tráfico de drogas, y le impusieron una condena de 18 meses.

El Departamento de Integración de Aruba trata las solicitudes de asilo

Esa primera orden fue revertida. Pero ahora pareciera que la deportación finalmente será ejecutada. La mujer alega que debe permanecer en la isla pues su pareja padece cáncer de próstata.

La última decisión publicada este viernes también deja abierto el camino para la expulsión de una venezolana de 43 años de edad, detectada por las autoridades mientras trabajaba en Aruba sin el permiso correspondiente.

Sin protección legal

Según la representante de Human Rights Defense, Ieteke Witteveen, en las islas del Caribe Neerlandés se viene aplicando una estrategia diseñada en el Reino de los Países Bajos, para contener el flujo de personas que podrían llegar a estos territorios, huyendo de la emergencia humanitaria compleja que padecen los venezolanos.

Reconoció que las leyes de Aruba, Curazao y Bonaire, así como de otras islas ligadas al referido reino, difieren en algunos aspectos en cuanto al tratamiento de los emigrantes.

La primera ministra, Evelyn Wever-Croes, debe hacer frente al desafío de la migración irregular

Pero, en líneas generales, advirtió que los venezolanos se encuentran “sin protección legal”, lo que los pone además en una posición vulnerable.

En su criterio, esta posición se mantendrá sin alteraciones mientras no se resuelva la crisis en el país suramericano. Según Naciones Unidas, más de 5 millones y medio de personas han abandonado el territorio venezolano desde 2017.

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