Migración

Seis venezolanos luchan desde la cárcel contra el cansancio y la presión del poder para conseguir asilo en Curazao

Desde que llegaron en lancha en septiembre de 2020, permanecen privados de libertad en una cárcel. Este viernes 16 de abril vuelven a los tribunales para solicitar protección. “Ellos están muy desesperados, cansados”, dice su abogada, que exige respeto a los derechos de sus defendidos

El viaje se les ha hecho eterno. Llegaron 42 y hoy solo resisten seis. En teoría, habían logrado lo más difícil: sobrevivir a la peligrosa travesía por el mar que separa a Venezuela de Curazao.

Aunque todos juntos tocaron tierra el 8 de septiembre de 2020, la mayoría abandonó el barco al chocar contra las trabas legales y un puñado se mantiene a la deriva en el sistema judicial, aferrados a la esperanza de una audiencia que se celebrará este 16 de abril de 2021.

Esta es la historia de casi medio centenar de venezolanos que, abordo de una lancha, intentaron migrar de forma irregular hacia la isla y terminaron interceptados por la Guardia Costera del Caribe Neerlandés.

En manos de las autoridades, “los llevaron a una prisión, que no está en condiciones aptas para atenderlos, con el fin de posteriormente deportarlos en un vuelo colectivo”, explica a Crónicas del Caribe la abogada Geraldine Scheperboer-Parris, quien asumió la defensa de los detenidos.

La abogada Scheperboer-Parris afirma que a sus defendidos los ampara el Convenio Europeo de Derechos Humanos

Del grupo inicial, que incluía a menores de edad, solo quedan seis que solicitan permanecer en Curazao invocando el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que reza: “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos interpreta esta disposición a favor de quienes solicitan asilo, estableciendo que no pueden ser enviados a países donde se exponen a sufrir cualquier tipo de abusos.

Curazao no ha firmado la Convención sobre el Estatuto de Refugio de Naciones Unidas de 1951, ni los pactos sobre la materia que se han aprobado en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA). Sí está sujeto al Convenio Europeo de Derechos Humanos por su relación con el Reino de los Países Bajos.

Mis clientes tienen más de siete meses encarcelados, esto va en contra de las directrices del propio Ministerio de Justicia de Curazao”, denuncia Scheperboer-Parris, cuyo bufete acumula una experiencia de 25 años respaldando a los migrantes en alianza con organizaciones de Derechos Humanos y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Temor a las FAES

Los seis venezolanos, que siguen en la cárcel, se presentarán este viernes 16 de abril ante una comisión administrativa (hoorzitting) para demandar su libertad y la protección humanitaria. Ahora, ¿qué pasó con los otros 36 que se desplazaron con ellos? La abogada responde que regresaron a Venezuela en un “vuelo humanitario” y describe que este proceso es tan largo y tortuoso que “son muy pocos los que aguantan”.

Dentro de una cárcel, sin recibir visitas, la gente se desespera, se cansa, la presión mental es difícil”, relata Scheperboer-Parris. Estos seis venezolanos decidieron continuar la acción que iniciaron el 6 de octubre para bloquear su deportación, argumentando que temen ser víctimas de represalias si retornan a su país natal.

En particular señalan directamente a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, organismo que ha sido acusado de cometer crímenes de lesa humanidad por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH.

El proceso en marcha ha frenado la orden de deportación del gobierno de Curazao; sin embargo, se han negado a concederles la libertad. “Ellos no son criminales. La ley dice que después de seis semanas, tienen que soltarles y ya cumplen más de siete meses presos. Hemos escrito varias cartas y no hemos obtenido una respuesta positiva, así que este 16 de abril vamos a audiencia otra vez para exponer que necesitan protección de acuerdo con el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”, enfatiza.

Prueba de resistencia

Del testimonio de Scheperboer-Parris se concluye que entre juicios, apelaciones, investigaciones, procedimientos administrativos y reclusión, las autoridades curazoleñas tratan de derrotar a los solicitantes de asilo por cansancio. Dice que en 2019 y 2020 ya aplicaron la fórmula. 

“En 2019 teníamos a tres personas que hicieron la solicitud de protección humanitaria y uno casi se vuelve loco por la situación y regresó. De los otros dos, uno huyó de la cárcel y sigue en Curazao, y el otro soportó hasta el final, más de un año detenido, y pudo permanecer aquí legalmente”, detalla los antecedentes más cercanos.

La experta considera que con estos manejos “agotan mentalmente a la gente para que se vaya”. Si desisten y regresan, el gobierno de Willemstad “puede decir que, en realidad, no tienen problemas en su país porque todos los que vinieron se fueron”.

Scheperboer-Parris opina que la administración de Curazao debería coordinar esfuerzos con organizaciones internacionales y crear campos de refugiados para atender a los migrantes, en lugar de tratarlos como si fueran criminales. 

Estar encarcelado es el último remedio y aquí lo estamos utilizando como el único remedio. No hay que tener tanto tiempo a esta gente en prisión, eso representa un gasto enorme para el país, pero nuestro gobierno no está listo para tener un enfoque humanitario”, lamenta. Igualmente, advierte que los “vuelos colectivos” de deportación infringen las normas locales.

La abogada espera que este viernes la comisión administrativa le dé la razón a sus defendidos. Si el fallo es adverso, adelanta que podrían apelar, aunque sabe que ese paso no sería fácil. “Ellos están muy desesperados, cansados, estamos en la última ronda y no puedo garantizar nada, pero haremos lo mejor posible para ellos”, promete Scheperboer-Parris.

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