Ordenan la excarcelación de los cinco pescadores de Curazao presos por más de un año en retén de Falcón

Los antillanos serán deportados a su país natal, cuando se reanuden los vuelos humanitarios, informó el abogado del grupo

El tribunal primero de juicio ordenó la excarcelación de los cuatro pescadores curazoleños y un práctico venezolano detenidos por unidades de la Armada el 23 de marzo de 2020, cuando navegaban hacia Aves de Sotavento para negociar un cargamento de productos marinos.

Los trabajadores del mar Genaro Thode, Evelio Evertsz, Naoki Snijders, Davidson González, naturales de Países Bajos, y el venezolano Wolfang Zavala Martínez fueron liberados formalmente esta semana, de acuerdo con una orden de excarcelación enviada a los dos retenes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boca del Tocuyo y Tucacas, donde se encontraban privados de libertad.

Según el abogado de este grupo, Israel Martínez, los cuatro extranjeros serán deportados apenas sean reanudados los vuelos humanitarios a los territorios del Caribe Neerlandés. Mientras tanto, deberán permanecer en la misma instalación policial donde se encuentran.

Inicialmente, este grupo fue imputado por contrabando de “material estratégico”, debido a que hallaron en los peñeros varios bidones con combustible. Posteriormente, cambiaron el delito a tráfico de drogas, luego de encontrar rastros de cocaína al hacer un barrido de orientación en una de las embarcaciones.

En declaraciones ofrecidas a Crónicas del Caribe el pasado 19 de julio, el representante de la Defensoría del Pueblo en el estado Falcón, Edisoie Sandoval, señaló que la privativa de libertad estaba siendo evaluada por la Comisión Presidencial para la Reforma del Sistema Judicial, encabezada por Diosdado Cabello.

Grave denuncia

Según lo afirmado por el abogado y Zavala Martínez, desde el inicio de la instrucción del expediente los imputados fueron extorsionados. En principio, les exigieron el pago de 200 mil dólares para cambiar la calificación de los delitos. Posteriormente, les exigían pagos periódicos para no alterar las condiciones en las que estaban detenidos.

De igual forma, los pescadores fueron despojados de 25 mil dólares que llevaban para cancelar el pescado que comprarían en Aves de Sotavento.

Sobre estas acusaciones, el defensor Sandoval respondió a Crónicas del Caribe: “Yo soy abogado y una de las cosas que tenemos los profesionales del Derecho es que somos acuciosos en las denuncias, y no hemos recibido una denuncia formal sino un comentario, aunque no está demás que esto se investigue. Las responsabilidades son individuales, si los abogados tienen conocimiento de esto, lo adecuado es que interpongan la denuncia ante la Defensoría o el Ministerio Público”.

La salud de los pescadores fue deteriorándose cuando se les terminó el dinero. La parálisis del sistema judicial, en virtud de la pandemia por el COVID-19, prolongó la expectativa de detención. En febrero, los familiares de los pescadores iniciaron una colecta pública en Curazao.

Ante las informaciones publicadas en los medios de comunicación, las autoridades ejecutivas y parlamentarias de la isla, así como del Reino de los Países Bajos, se involucraron en el proceso. Una comisión de la embajada neerlandesa visitó a los pescadores en el retén de la PNB.

“Los pescadores fueron liberados por la presión de la Cancillería y de los medios”, sentenció el litigante.

Caso político

El jueves, el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, informó sobre la liberación de los pescadores, e indicó que habían sido aprehendidos en aguas territoriales venezolanas.

El medio www.curacao.nu informó que el Canciller del Reino de los Países Bajos, Stef Blok, había instado a las autoridades venezolanas para que llevaran a cabo “un juicio rápido y justo”.

Al cierre de esta nota, se conoció de manera extraoficial que los pescadores curazoleños continúan a la expectativa en torno al día en el que serán excarcelados y enviados de vuelta a su país natal. Aunque la presión internacional ha contribuido en el mejoramiento de las condiciones de reclusión, las limitaciones impuestas por la pandemia impiden el acceso a servicios básicos.

Según Martínez, el expediente sobre este caso está en poder de la presidencia del Circuito Judicial de Falcón, a cargo de la abogada Nidia González Rojas.