Migración

Migrantes venezolanos cuestionan la actuación de la jefa de policía de Aruba

Señalan que la funcionaria abusa de su poder y atenta contra los derechos de quienes buscan refugio en la isla. Defensor de Derechos Humanos solicita la ayuda de Amnistía Internacional

El sábado 30 de octubre, la comunidad de latinos, especialmente venezolanos, actualizaron sus historias de Whatsapp advirtiendo el despliegue de nuevos controles policiales en Aruba.

“Gente, guárdense o vayan a trabajar temprano los del turno de la noche, hoy estará peor el control policial, peor que ayer”, escribieron en un grupo de Whatsapp llamado Latinos de todito Aruba, espacio que fue creado para compartir información sobre las acciones policiales contra los migrantes.

La noche de brujas arrancó con un despliegue de patrullas y puestos de control en avenidas y calles principales. Latinos que no han podido conseguir la aprobación del Departamento de Integración, Manejo y Admisión de Extranjeros (Dimas, por sus sigla en papiamento), alquilan vehículos y se dedican al servicio privado de transporte. Algunos de ellos trabajan como delivery para llevar el pan a sus hogares.

La posición de la sociedad de Aruba ante la migración ilegal está llena de contradicciones o inconsistencias. Por una parte, rechazan a los indocumentados, pero por otro lado, continúan contratando los servicios de migrantes sin papeles para las tareas domésticas, comerciales, de mantenimiento o transporte por su bajo costo.

“Hay más ilegales, tienen un grupo de Whatsapp, hablan y dicen dónde están deteniendo los carros para no pasar por ahí, hay muchos ‘corriendo’ carros aquí en la isla”, señalaba un nativo a través de su muro de Facebook.

Con miedo 

El informe policial indicó que en ese último operativo fueron revisados 800 vehículos e impuestas 300 multas. Igualmente, detuvieron a nueve personas indocumentadas y las trasladaron al departamento de Guardo Nos Costa (Cuerpo de Guardacostas de la isla)

El parte de las autoridades registró que durante el despliegue nocturno, fueron decomisadas armas blancas y droga. Además, informaron que mantendrán bajo vigilancia 16 supermercados y 33 bares.

Yolexis Jaimes -nombre ficticio por temor a represalias y deportación-, joven venezolana de 27 años de edad, oriunda del estado Carabobo, llegó a la isla hace tres años. Confiesa que vive con miedo a ser deportada.

Luego del operativo policial, admitió que está considerando volver a Venezuela si la persecución arrecia. “He visto que sacan a venezolanos de sus centros de trabajo esposados por no tener papeles. En realidad, creo que todo es por órdenes de Trudy Hassell. Lo hizo en Guarda Nos Costa y ahora lo hace en la policía”, comenta Jaimes a Crónicas del Caribe.

Bajo presión

Hassell se convirtió en el símbolo de la persecución para los migrantes de diferentes nacionalidades. La describen como una mujer de carácter hostil, que abusa de su poder y está dispuesta a todo con tal de expulsar a los ilegales de la isla.

Hassell fue la directora del centro de detención para ilegales de Guarda Nos Costa hasta mediados del 2020, y actualmente se desempeña como comisaria de la policía de Aruba.

“Hassell obligaba a los venezolanos a firmar documentos de deportación bajo presión. Ni siquiera respeta que estemos en un proceso de espera para ver si Dimas nos concede la oportunidad de rehacer nuestras vidas en la isla”, narra Alexis Sandoval -un falconiano de 29 años que apela a un nombre ficticio por temor a represalias-.

Violaciones de DDHH

Yonaiquer Sánchez, defensor de Derechos Humanos y líder del movimiento Todos por Venezuela en la isla, denuncia: “Hassel utiliza la ley a su antojo. Ciudadanos que introdujeron una petición de asilo político en Dimas son detenidos y, luego, su solicitud es rechazada y les obligan a firmar un documento escrito en otro idioma (papiamento) para renunciar a sus derechos”.

En marzo del 2020, Hassell fue acusada de realizar una detención irregular de dos venezolanas. La funcionaria admitió que en el procedimiento se cometieron errores.

“Durante los operativos policiales, Hassell ingresa a la propiedad privada de las empresas para pedir los documentos de los empleados y, aunque hay argumentos jurídicos que validan sus acciones, no sabemos cómo emplea la ley para irrumpir en los establecimientos y detener indocumentados”, destaca Sánchez. 

El portavoz de la ONG relata que la policía persigue a los venezolanos sin documentos que salen a trabajar. “El sistema está manipulado con el fin de detener a los venezolanos con solicitud de asilo político para que Dimas rápidamente pueda negar la solicitud y deportarlos”, apunta.

Exigo que Amnistía Internacional se instale en Aruba, nos persiguen y necesitamos ayuda”, concluye Sánchez.

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