Bonaire: por falta de apostillado venezolana no puede “reunificar” a su familia
Aunque un juzgado de la isla ordenó corregir la situación, hasta el momento las autoridades no han acatado la sentencia
El tribunal de primera instancia de Bonaire, San Eustaquio y Saba declaró con lugar la demanda presentada por una emigrante venezolana, en contra de una decisión de la autoridad migratoria bonairense, que le negó a sus hijos un permiso provisional de residencia, con el argumento de que las partidas de nacimiento no estaban apostilladas.
La decisión, publicada el 19 de agosto, indica que la jueza Angeline Martijn anuló las decisiones del despacho del Servicio de Inmigración y Naturalización del Caribe Neerlandés, con lo que el gobierno deberá pagar 782 dólares americanos en costas procesales al abogado de la demandante. Pero, paradójicamente, no se corrigió la situación de fondo.
La demandante, de apellido Soto, es una zuliana de 30 años de edad, quien trabajó en Pdval Fuerte Tiuna. Según su propio relato, conoció a quien luego sería su esposo en 2015, durante unas vacaciones en Curazao. De la unión entre el neerlandés y ella han surgido dos hijos. Pero la mujer quería que dos de los tres hijos producto de parejas previas fuesen a vivir con ella en la isla caribeña.
Los jóvenes, de 14 y 16 años de edad respectivamente, se trasladaron a Bonaire en febrero de 2019. En octubre de ese mismo año, iniciaron los trámites para formalizar un proceso de “reunificación familiar”. Pero en febrero de 2020, el despacho migratorio emitió una primera negativa. La documentación del caso indica que “no demostraron la relación de derecho de familia (…) con certificados de nacimiento apostillados”.
La apostilla es un trámite llevado a cabo por la Cancillería para que un documento emitido por alguna autoridad en Venezuela tenga validez en el exterior. Un reporte del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), divulgado en marzo de este año, concluye que en la actualidad es un trámite muy difícil de concretar, más aún si el interesado vive en el extranjero. Teóricamente, indica el informe, podría hacerse a través de una página oficial. Pero en la práctica “todos los trámites requieren la presencia física del interesado o de su apoderado”.
Durante este proceso, Soto intentó corregir el problema desde la raíz. Pero de acuerdo con su testimonio, la página de apostillado electrónico de Relaciones Exteriores estaba permanentemente caída. Finalmente, pudo contactar a un hombre que trabajó en el extinto Consulado venezolano en Bonaire.
“Lo único que pudo hacer fue ponerme en contacto con un gestor en Caracas. Y me dijo que tenía que pagar”, reveló.
La misma respuesta obtuvo luego de hacer consultas con su apoderada judicial en Venezuela.
“Me dicen que debo pagar 600 dólares por el apostillado de cada partida. Son 1.200 dólares en total. Ese es mi sueldo durante todo un mes de trabajo”, añadió.
Durante su estadía en Bonaire, la zuliana se ha desempeñado como ayudante de cocina en un supermercado. Afirmó que con ese ingreso apenas tiene para sostenerse junto a su pareja.
La jueza Martijn desestimó “por falta de sustento” el argumento de que los apostillados en Venezuela solo pueden ser logrados mediante sobornos.
La letrada tampoco dio peso al argumento sobre la parálisis de la administración pública venezolana durante la pandemia por el COVID-19. En su criterio, las gestiones para el apostillado debieron comenzar en 2019.
Hijos en problemas
La imposibilidad de regularizar la situación migratoria de los jóvenes ha traído consecuencias. Según Soto, el menor de los hijos tiene una condición especial, pues durante su infancia padeció meningitis.
Como carece de permiso de residencia, el joven fue llevado a un albergue. Según su madre, en julio de 2020 intentó ahorcarse con un cinturón.
“Migración y los jueces saben que él necesita tratamiento. Que lo vean especialistas, porque tiene 14 años, pero su mente es la de un niño de apenas dos años”, explicó.
Dijo que si le otorgaran la residencia, el joven podría obtener un tratamiento adecuado con el financiamiento del seguro.
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