Justicia neerlandesa evita embargo de activos de Pdvsa en Bonaire

Un tribunal de La Haya reconoció el derecho de una transnacional a resarcir los daños por la expropiación de sus activos en Venezuela, pero duda que la vía sea mediante el embargo a los intereses de la estatal petrolera

La justicia del Reino de los Países Bajos puso una pausa a las pretensiones de una transnacional estadounidense para resarcir los daños ocasionados por la expropiación de sus bienes en Venezuela, mediante el embargo de activos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que podrían incluir instalaciones de la estatal venezolana en Bonaire.

Así se desprende de la sentencia de un tribunal colegiado de La Haya, que conoce la reclamación por daños y perjuicios formulada por Owens Illinois contra la estatal petrolera venezolana y sus filiales Bariven, Propernyn BV, Pdvsa Services BV y Pdv Europe BV.

Propernyn BV, a su vez, es la firma propietaria de las acciones de capital de la Bonaire Petroleum Corporation (Bopec), cuya sede en la antilla sirve como almacén y punto de reexportación del crudo venezolano, gracias a que posee un puerto de aguas profundas.

Sobre Bopec hay varios litigios en marcha, en virtud de la incapacidad del gobierno venezolano para cumplir con los pagos por el arrendamiento de sus instalaciones, según un acuerdo que estuvo vigente desde 2002.

¡Exprópiese!

El juicio de La Haya fue entablado por la corporación estadounidense con sede en Perrysburg, Ohio. Según el expediente, se trata del mayor productor mundial de envases de vidrio, y figura en la lista Fortune 500 de empresas con mayor capital de EEUU.

En Venezuela, la transnacional era propietaria de una subsidiaria con el mismo nombre, e igualmente de la Fábrica de Vidrios Los Andes CA. En octubre de 2010, las dos factorías fueron expropiadas por mandato del entonces presidente Hugo Chávez. Su argumento: “Tiene años explotando a los trabajadores, destrozando el ambiente y llevándose el dinero de los venezolanos”.

Owens Illinois inició un procedimiento de arbitraje contra Venezuela en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). El 10 de marzo de 2015, esa instancia decidió que el país suramericano debía pagar 372,4 millones de dólares por daños y perjuicios, así como 5,75 millones de dólares en costas procesales, más intereses por mora.

Venezuela solicitó posteriormente la anulación del referido laudo. Pero en diciembre de 2018, esta petición fue rechazada. Para ese momento, el país adeudaba más de medio millardo de dólares, en virtud de la acumulación de intereses por mora.

¿Pdvsa no es Venezuela?

La decisión del juzgado neerlandés reconoce que Owens tiene derecho a resarcir los daños ocasionados por la expropiación ordenada por Chávez. El punto es que durante el contradictorio no se logró una plena identificación entre el Estado venezolano y Petróleos de Venezuela.

En juicios ventilados en EEUU, en vista de reclamaciones por daños ocasionados por actos terroristas, la estatal petrolera es vista como una extensión de los intereses del gobierno. Según este principio, han dado luz verde a solicitudes de embargo formuladas por víctimas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En el ámbito netamente mercantil, la justicia de EEUU también avaló el reclamo de Crystallex por la expropiación de sus activos en Venezuela, y autorizó el embargo de bienes de Pdvsa en territorio norteamericano.

Pero en los tribunales neerlandeses rigen otras leyes. Este punto fue subrayado en la decisión colegiada.

“El tribunal encuentra en la literatura y jurisprudencia evidencia insuficiente de que aplicando los criterios fijados por (Owens Illinois) se puede concluir que Venezuela debe identificarse con Propernyn, PDVSA Servicios y PDV en el sentido de que (Owens Illinois) puede recuperar su reclamo contra Venezuela de Propernyn, PDVSA Servicios y PDV”, indica la decisión.

Más adelante, el texto señala una falla en la probatoria de los abogados de la transnacional estadounidense: “No se ha argumentado ni demostrado que Pdvsa y otros estuvieran involucrados en la expropiación de las fábricas de las subsidiarias de OIEG por parte de Venezuela”.

El reclamo de Owens fue rechazado en cuanto a la forma que puede aplicar para recuperar lo estimado en el laudo arbitral. Pero esto no pone punto final al propósito de la transnacional estadounidense para recuperar las pérdidas por la expropiación de sus activos en Venezuela.