Condenan a Pdvsa a pagar 41 millones de dólares en caso de Bopec

Un juzgado de Bonaire además estableció que Pdvsa deberá cancelar 560 mil dólares mensuales por el almacenamiento de un crudo en el terminal marítimo petrolero de esa isla

Un tribunal de primera instancia de Bonaire condenó a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) al pago de 41,69 millones de dólares por deudas acumuladas con la Bonaire Petroleum Corporation (Bopec).

La sentencia firmada por el juez F Gerard fijó este monto por concepto de las obligaciones contraídas hasta el mes de abril de este año por la estatal venezolana, en virtud del contrato establecido para el manejo de la refinería y del terminal marítimo que forma parte del mismo complejo, ubicado en el sector Kaminda Turistiko Brasil, al suroeste de la isla.

El reclamo correspondiente fue formulado en mayo por Constantijn Michiel van Liere, fiduciario de Bopec una vez que la empresa fue declarada en quiebra.

Según el expediente de este caso, en enero de 2002 Pdvsa celebró con Bopec un “acuerdo de almacenamiento y rendimiento”, según el cual la compañía bonairense guardaba el crudo venezolano en sus depósitos del terminal marítimo, y luego lo reexportaba en nombre de la estatal, a cambio de una tarifa en dólares por capacidad de almacenamiento. En el último ajuste, vigente desde enero de 2016, era de 40 centavos de dólar por el total de barriles que podían permanecer en los tanques, aún si esa capacidad no era completamente aprovechada.

Entre Pdvsa y Bopec mediaba una cadena de compañías. En primer lugar está Pdvsa Petro, una subsidiaria cuya función es vender el crudo nacional “a clientes fuera de su propio grupo”. De allí que el servicio de Bopec en cuanto a la reexportación de hidrocarburos fuese prestado a esta subsidiaria.

Mientras tanto, parte del capital accionario de Bopec fue adquirido por otra compañía de Pdvsa, Propernyn BV.

A partir de septiembre de 2017, Pdvsa Petro cesó sus pagos por el servicio que prestaba Bopec. Esto ocasionó que la empresa bonairense entrara en quiebra, debido a la imposibilidad de pagar su nómina y llevar a cabo las obras de mantenimiento para estar a la altura del estándar en materia de preservación ambiental.

En su defensa, los abogados de la estatal venezolana argumentaron que el tribunal de esta antilla carecía de jurisdicción para conocer los reclamos, y que el litigio debía cursarse a través de un arbitraje, tal y como fue establecido en el contrato inicial.

El juez Gerard no solo desechó esta objeción, sino que también avaló la exigencia del reclamante en cuanto a la urgencia de una decisión, tomando en cuenta que “el almacenamiento y manejo de petróleo de las terminales conlleva costos operativos considerables, en parte debido a requisitos específicos para las operaciones comerciales, en las que la seguridad para las personas y el medio ambiente son centrales”. Además, se reconoció la existencia de un creciente pasivo laboral.

En la actualidad, Bopec tiene una nómina de 23 empleados. Cuando comenzó a operar, daba empleo -directo o indirecto- a 300 personas.

Un punto estratégico

Según el presidente de la junta directiva ad-hoc de Pdvsa, Horacio Medina, el equipo encabezado por él no pudo hacerse parte del juicio para defender el interés venezolano, “por razones políticas y diplomáticas”.

Explicó que algunos países europeos reconocieron la presidencia interina de Juan Guaidó, pero no admitieron la figura del “gobierno interino”, con lo que se veía limitada la capacidad del diputado para la defensa de los activos que la petrolera venezolana tenía en el exterior.

“Bopec era un punto estratégico para un país en crecimiento. Permitía hacer exportaciones de crudo en barcos de gran calado”, explicó.

En los casos de este complejo y los de Aruba, Curazao, Jamaica y República Dominicana, el gobierno de Nicolás Maduro ha atribuido el incumplimiento de sus compromisos a las sanciones. En cambio, para Medina el principal problema era la corrupción.

Recordó por ejemplo que Citgo fue endeudada, primero por Hugo Chávez y luego por Maduro, hasta cuatro millardos de dólares, que luego fueron usados en actividades no relacionadas con el negocio petrolero.

“Pidieron prestado para financiar un gobierno”, afirmó.

La sentencia señala que, además de los casi 42 millones de dólares, Pdvsa deberá pagar 560 mil dólares mensuales, por concepto de almacenamiento de crudo. La tarifa es vigente a partir de mayo de este año.

Medina cree que en las actuales circunstancias no será posible la cancelación de esos montos. Sin embargo, para él lo más grave no es el reconocimiento de la deuda sino la pérdida de ese enclave en aguas del caribe.

“Vamos a resentir la pérdida de Bopec”, advirtió.