Bopec: así agoniza una compañía de Petróleos de Venezuela en Bonaire
Los bienes de la Bonaire Petroleum Corporation serán subastados para pagar los pasivos laborales. El gobierno de Maduro culpó a las sanciones de EEUU por el desplome de la empresa, pero hay otras razones
Los restos de lo que fuera una de las compañías más importantes del Caribe Neerlandés, la Bonaire Petroleum Corporation (Bopec), actualmente ni siquiera dan para pagar una nómina de empleados, destinados exclusivamente a prevenir que el salitre y la rapiña terminen de destruir sus instalaciones.
Bopec era una de las numerosas compañías que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) fundó o adquirió en las islas del Caribe. Comenzó sus operaciones en noviembre de 1973. Corría entonces el primer mandato de Carlos Andrés Pérez, quien se preparaba para un proceso de nacionalización de la industria petrolera.
Las instalaciones de Bopec, en el sector Kaminda Turistiko Brasil del suroeste de Bonaire, servirían para el almacenamiento y la transferencia de hidrocarburos, aprovechando la existencia de un muelle de aguas profundas, ideal para embarcaciones de gran calado.
En su mejor momento, esta corporación dio empleo directo a noventa trabajadores, y tuvo hasta 300 contratistas, recordó el Secretario General de la Unión de Sindicatos Bonairenses (Usibo), Norwin Willem. Son cifras nada despreciables para una isla cuya población ronda las veinte mil personas.
Reprobada
En 2018, Bopec cesó sus actividades. Según el abogado de la empresa, Sergio Saleh, esto fue una consecuencia de las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense contra la estatal venezolana. Pero Willem sostuvo que los problemas comenzaron en septiembre de 2010, cuando un incendio afectó las instalaciones de la empresa.
Posteriormente, el gobierno de los Países Bajos dictaminó que la compañía “no cumplía con estándares internacionales” en materia de seguridad de operaciones y prevención de riesgos ambientales. Y otorgó un plazo de diez años para aplicar un plan de recuperación.
Otro factor señalado por Willem fue el inadecuado manejo financiero. Durante la primera revisión a los archivos de la empresa, el interventor designado por un tribunal, Stan van Liere, detectó que en febrero de 2017 la directiva había contratado la construcción de una embarcación para “remolque de acero” a Inser Equipos SAS, una compañía colombiana con sede en Barranquilla.
El informe presentado por Van Liere en abril de este año indica que todavía falta por pagar 76.253 dólares de los 575.210 que costaba la construcción de la nave. Actualmente, se hacen gestiones para hacer una “transferencia de propiedad” que genere cierta liquidez, y así cubrir una parte de los pasivos de la empresa.
Incertidumbre laboral
En la actualidad, la nómina de Bopec llega solo a 23 trabajadores, con los que apenas puede mantener en pie las instalaciones.
Luego del cierre, la Refineria di Korsou (RDK, propiedad del gobierno de Curazao) logró que un tribunal embargara los activos de Bopec. Las dos casas, antaño destinadas a la residencia de los ejecutivos de la corporación, fueron vendidas directamente a un holandés por 1,9 millones de dólares, 600 mil dólares más que el precio base estimado para subasta.
La presión de los sindicatos involucrados directamente en la empresa hizo posible que Estados Unidos autorizara la negociación de 850.000 barriles de hidrocarburos almacenados. Con esos fondos, se garantizaría el pago a los trabajadores hasta diciembre de 2020.
“Pudimos alargar la situación hasta el 31 de diciembre de 2020. Nosotros decíamos que la cuenta iba a agotarse, que no habría más fondos. Pero los gerentes decían que Pdvsa era fuerte. En diciembre, el dinero se agotó”, recordó Willem.
En los registros, el presidente de Bopec es el teniente coronel del Ejército Antonio José Pérez Suárez. No es su único cargo. Es viceministro de Industrias Ligeras y también figura como máximo representante de la constructora de carros iraníes Venirauto y de Venezuela Productiva. Según la web El Pitazo, ostenta quince puestos en la administración pública venezolana.
Este oficial, sin embargo, no es quien ha dado la cara a los empleados bonairenses. Lo ha hecho en dos oportunidades durante esta crisis el abogado Carlos Corredor Rusa. La última vez fue en enero, durante una videoconferencia en la que advirtió -según Willem- que no había fondos para cancelar lo adeudado a los trabajadores.
“Los fondos no alcanzan con la cuenta especial, y los intentos para buscar a otro operador han fracasado, debido al temor de sanciones por EEUU”, afirmó el representante sindical.
Según el primer informe del interventor, para marzo de este año las cuentas por cobrar de la empresa ascendían a 7,54 millones de dólares, en su mayoría por impuestos no pagados. Cada mes que transcurre sin que se produzca la liquidación del personal, suma 108 mil dólares al pasivo.
“Cada día en parálisis se deterioran aún más las instalaciones, y no tenemos una vista clara sobre qué sucederá con la empresa”, afirmó Willem.
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