Aruba: condenan a 2 marineros venezolanos por tráfico de personas
La justicia de la isla sentenció a 20 meses de prisión, tanto al capitán como al copiloto del peñero
La justicia de Aruba condenó a dos marineros venezolanos a veinte meses de prisión por tráfico de personas.
Los navegantes, de 58 y 48 años de edad, respectivamente, fueron detenidos junto a otras catorce personas en aguas territoriales de la isla, el 26 de julio de 2025.
El procedimiento fue ejecutado por funcionarios de los Guardia Costera del Caribe Neerlandés. La información publicada por la institución indica que el peñero y los pasajeros fueron trasladados al puerto de Savaneta, para dar inicio a la instrucción del expediente penal.
Los pasajeros no fueron procesados. Sin embargo, en los registros judiciales consta que algunos de ellos debieron aportar información contra los hombres que manejaron la lancha.

Gracias a estos relatos, las autoridades conocieron que el bote zarpó de Adícora, en el estado Falcón, hizo una escala en playa Tiraya, trece kilómetros al norte, y desde allí enfiló hacia el puerto arubeño de San Nicolás. Luego de seis horas de navegación, los guardacostas llevaron a cabo la intercepción.
El juez Itse Gerrits consideró probado el delito de tráfico de personas, toda vez que varios pasajeros reconocieron haber pagado como mínimo 300 dólares por el traslado desde territorio venezolano. Algunos, incluso, revelaron que se habían comprometido a cancelar al capitán del barco otros 200 dólares, una vez finalizada la travesía.
En riesgo
El fiscal acusador Arno Vroombout había solicitado una pena de prisión más elevada, por considerar que los organizadores del viaje habían puesto en riesgo las vidas de sus pasajeros, al no suministrarles chalecos salvavidas, y navegar de noche sin radio ni iluminación.
El abogado de los marineros Alan Hernández rechazó este argumento, y aseguró que todos los pasajeros disponían de chalecos. Además, afirmó que la pareja de venezolanos no cumplió una “función organizativa”.

Al ser interrogado por la policía arubeña, el capitán del peñero reveló que el viaje era organizado desde abril de ese año. En los preparativos, le instalaron un motor adicional al bote. Incluso, reconoció que tres semanas antes hizo un viaje de prueba, junto a otras dos personas, sin que se presentaran contratiempos.
Algunos pasajeros afirmaron que habían salido de su país natal debido a la “mala situación económica”, y que aspiraban a encontrar un trabajo en el sector de construcción de Aruba.
“El tráfico de personas es una grave violación del orden jurídico internacional, interfiere con la política gubernamental respecto a la lucha contra la residencia ilegal en Aruba. Mantiene un circuito ilegal que beneficia económicamente a personas vulnerables que a menudo pagan sumas considerables por un viaje de alto riesgo, y socava el apoyo público a la acogida de migrantes, incluidos refugiados políticos”, señaló el juez en su sentencia.
El capitán de la embarcación intentó radicarse en Aruba en 2022. Pidió asilo por razones de persecución política, pero se lo negaron, y tuvo que regresar a Venezuela al año siguiente.






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