Seis condenados por el asesinato de un empresario venezolano en Curazao
Un empleado de confianza urdió el plan que terminó con el asesinato. El tribunal también impuso pagos en florines a la familia de Ángel Alexander Barrios
En 2017, Ángel Alexander Barrios emigró de Venezuela con la esperanza de un mejor futuro en Curazao. Tres años después, sus familiares lo recibieron de vuelta en un cofre de cenizas.
Como muchos otros, Barrios quería marcar distancia de la crisis venezolana. Con un pequeño capital, acumulado en la banca colombiana, y 47 años a cuestas, dejó a su esposa y dos hijos en San Cristóbal para echar a andar una empresa de publicidad, AB Publi Marketing, cuya sede estuvo en la avenida Roosevelt de Willemstad.
Si las cosas iban bien -como en efecto sucedió en las primeras de cambio- Barrios pensaba asentarse definitivamente en esa isla, y llevar a su familia.
Pero los planes de emigrar con su esposa e hijos se vieron truncados. Según su hermano, Armando Eloy Barrios, luego de una breve estadía, tanto ella como los menores tuvieron que regresar a Venezuela, y evitar así problemas con la autoridad migratoria.
Pero Ángel Barrios persistió, y poco a poco logró abrirse paso en la isla. Su nómina estaba conformada casi totalmente por venezolanos. Mostraba preferencia por uno de ellos, conocido como Mauricio, un joven falconiano a quien entregó uno de sus vehículos para que hiciera trabajos como taxista informal.
Este sujeto sería clave en el complot que desencadenó la muerte del empresario venezolano.
Desesperada
La última vez que supieron de Ángel Barrios fue el 8 de febrero de 2020. En la medida en que transcurrían los días aumentaba la desesperación entre sus familiares y allegados en Táchira. La esposa del comerciante viajó a la isla para empapelar las calles con avisos, solicitando información sobre el paradero de su cónyuge. “Ayúdame a conseguirlo”, decía un texto colocado al pie de la foto, junto a números telefónicos de contacto.
En ese lapso, recordó su hermano, fueron recibidos dos mensajes a través de la red WhatsApp. Los números, registrados en Perú, exigían un pago por la vida del comerciante. Los familiares de Barrios se asesoraron con expertos en materia de extorsión, quienes dictaminaron que las exigencias emanaron de centros penitenciarios en el occidente del país. Descartada esta pista.
Identificado por la dentadura
La policía curazoleña adelantaba sus averiguaciones, a propósito de la denuncia sobre la desaparición del empresario. Como era lógico, los agentes pusieron la lupa sobre los empleados.
Uno de los primeros hallazgos fue que Barrios exigía a Mauricio el pago de una deuda de 13.000 florines, unos 7.200 dólares.
Con los interrogatorios, el joven de 21 años de edad confesó. Era 19 de marzo de 2020 y habían transcurrido cuarenta días desde la desaparición de Barrios.
Ya en calidad de detenido, el empleado guio a los agentes hasta el lugar donde yacían los restos de la víctima: una fosa cavada en la plantación conocida como Groot Sint Joris, en el sureste de la isla.
El cadáver del empresario venezolano estaba descompuesto. Los policías no tuvieron otra alternativa más que comunicarse con la esposa, Ingrid de Barrios, para que ella buscara la ficha dental de la víctima en un consultorio de San Cristóbal.
Pero a ella no le permitieron ver el cadáver. Los policías entregaron los restos dos semanas después, para los servicios funerarios y la cremación.
Los datos consignados en el expediente judicial del caso conocido como Bari revelan que Mauricio supuestamente se confabuló con otros seis venezolanos y un curazoleño, para privar de libertad a Barrios, y durante el cautiverio vaciar sus cuentas bancarias. Hubo por lo menos dos reuniones preparatorias en la vivienda de otro de los encausados, alias Cheíto.
Plan macabro
Mauricio aseguraba a sus cómplices que el presidente de AB Publi Marketing era poseedor de enorme fortuna, distribuida en por lo menos tres bancos. Con esta premisa, trazaron sus expectativas de ganancia: 5.000 florines para el anfitrión de las reuniones, quien además aportaría una pistola; 10.000 para los pegadores, y así.
El 8 de febrero en la noche, los captores encapuchados irrumpieron en la vivienda donde Barrios vivía solo, en el sector Jan Doret, al noroeste de la capital. Cubrieron su cabeza con una tela negra, lo maniataron y amordazaron de forma tal que si se movía quedaría estrangulado por una correa colocada alrededor del cuello.
Luego metieron a Barrios en un auto Mitsubishi y también se llevaron un Toyota Ractis, perteneciente al empresario. Esa misma noche, todo el grupo estaba en la finca donde hallaron el cadáver.
Lo que inicialmente fue pensado como un robo con privación de libertad, se convirtió en homicidio cuando uno de los implicados llegó a la convicción de que Barrios lo había reconocido, “y no correría ningún riesgo”.
Los delincuentes abrieron un hueco de 1,30 metros de profundidad, valiéndose de una retroexcavadora. Pero en el proceso la máquina tuvo un desperfecto y los sujetos optaron por empujar al publicista al interior de la fosa, le echaron tierra, y usaron el aparato para apisonarla. Cuando lo enterraron, Barrios estaba con vida.
Durante la planificación del crimen, Mauricio y sus compinches entendieron que podrían hacerse del dinero de Barrios, en la cuenta que tenía abierta en el Banco di Caribe. Al final, solo encontraron mil florines.
Tampoco pudieron disponer del compacto Toyota, pues lo incineraron la misma noche del asesinato. Esta situación decepcionó a la banda, y sus miembros de inmediato comenzaron a recriminar a Mauricio. La presión lo empujó hasta el lado de la policía.
Por este crimen hubo diez detenciones. Dos personas fueron descartadas de inmediato, mientras que otras dos fueron absueltas. En el juicio, los encausados solo fueron identificados mediante alias o el primer nombre, algo usual en la justicia neerlandesa. Mauricio fue sentenciado a 16 años de prisión, a pesar de que fue el principal gestor del homicidio. Sin embargo, el Poder Judicial de los Países Bajos lo descargó de algunos años tras las rejas, por haber confesado y aportado datos en la investigación.
Alías Montilón fue condenado a 22 años; Papá Ricky, 10 años; Chespi, 9 años, al igual que alias Yengue. Y Cheíto fue condenado a cinco años de prisión.
La familia de Barrios se incorporó como “parte agraviada” en el juicio. Exigían que los delincuentes cancelaran más de 131 mil florines. Pero la sentencia impartida en primera instancia por el juez G.P. Verbeek redujo la suma a 42.512 florines, unos 23.600 dólares.
“Nunca nos devolverán a mi hermano. Lo más tormentoso era tener a un ser desaparecido. Nos preocupaba mucho que lo hubiesen arrojado al fondo del mar, amarrado a una piedra, y que nunca apareciera. La tortura se acabó cuando las cenizas llegaron aquí”, admitió el hermano de la víctima.
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