Juez de Curazao admite crisis económica de Venezuela como atenuante para condenar a marinero venezolano por drogas

El tribunal impuso una sentencia menor que la solicitada por la fiscalía, pues el capitán de la lancha afirmó que llevaba el alijo para afrontar la difícil situación que padecía en su país

La justicia de Curazao condenó a un marinero venezolano a siete años y 11 meses de prisión, por conducir una lancha que llevaba más de 1.150 kilos de cocaína y 275 kilos de marihuana en agosto de 2021.

Este caso pasaría desapercibido entre las numerosas decisiones tomadas en los tribunales de la isla, a no ser porque el juez de la causa tomó en consideración como factor atenuante la aguda crisis económica que padece Venezuela desde hace una década.

Este individuo, cuyo nombre no fue divulgado en virtud de las estrictas pautas de “anonimización” que se siguen en los juzgados de las isla del Caribe Neerlandés, zarpó el 12 de agosto de 2021 desde una playa de Punto Fijo junto a otras once personas.

El informe sobre este procedimiento, emitido por el Cuerpo de Guardacostas del Caribe, indica que la embarcación fue detectada en un corredor marítimo entre Aruba, Curazao y Venezuela.

Este fue un punto de debate durante el juicio. El abogado del práctico, Elden Sulvaran, alegó que el procedimiento debía ser declarado nulo, pues en su criterio se produjo en aguas territoriales venezolanas, “y que la Guardia Costera no estaba autorizada para actuar allí”.

Igualmente, el litigante alegó que la lancha rápida era registrada en Venezuela. Los efectivos de la Guardia Costera, sin embargo, dictaminaron que se trataba de una nave “apátrida”, es decir, que navegaba sin bandera ni siglas de registro visibles.

“Si se comete un delito a bordo de un buque apátrida ubicado adentro del mar territorial de Curazao, se aplicará la ley penal de Curazao”, concluyó el magistrado G Verbeek.

Tiros a la lancha

Los guardacostas persiguieron la embarcación a partir de las 4 pm del 12 de agosto de 2021. El procedimiento se alargó por varias horas, hasta que los efectivos navales optaron por disparar contra la embarcación.

El asunto cobró tal relevancia, que el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, emitió un boletín al día siguiente. Indicó que los disparos impidieron que la lancha continuara su trayecto, y eventualmente se hundiera.

El capitán de la nave resultó herido en una mano.

Durante los interrogatorios posteriores, el venezolano confesó que fue contactado en Falcón por un grupo de traficantes. Pero que su destino no era Curazao, como aseguraron los guardacostas, sino La Guaira.

“Se me acercó un hombre para transportar narcóticos. Me pagarían 6.000 dólares por esto. (…). Los fardos fueron embarcados en Punto Fijo y debieron ser trasladados a 150 millas de la costa de La Guaira”, declaró.

La crisis afecta

En la sentencia, el juez afirmó que el caso tiene el agravante de la elevada cantidad de drogas que se pretendía transportar, cerca de 1,4 toneladas en total.

Como atenuante, se consideró que el marinero no tenía antecedentes penales en Curazao. El letrado, además, aplicó una doctrina según la cual se debe tomar en cuenta las “circunstancias sociales personales del perpetrador”. En este caso, que se trata de un padre de familia, y que la situación económica en Venezuela es “particularmente mala”.

“El tribunal considera razonable moderar la pena en cierta medida teniendo en cuenta las circunstancias personales presentadas, en particular la grave situación económica de Venezuela, a raíz de la cual el sospechoso ha decidido dedicarse a los hechos probados”, indicó.

En cuanto al resto de los ocupantes de la embarcación intervenida, las autoridades los trataron como inmigrantes ilegales, y fueron privados de libertad mientras se elaboraron los expedientes para deportarlos.