Sint Maarten denuncia en la ONU la actitud “neocolonial” del Reino de los Países Bajos

Las duras negociaciones para pactar las ayudas económicas para superar la pandemia han tensado las relaciones entre La Haya y el Caribe Neerlandés

“Mediando el dinero entre dos amigos, los hace enemigos”. En el Caribe Neerlandés están comprobando la veracidad de este castizo refrán.

Las duras negociaciones entre el Reino de los Países Bajos y Sint Maarten, para conseguir fondos con el fin de reconstruir la economía de la isla tras la pandemia del covid9, han terminado con las autoridades insulares denunciando a sus pares de La Haya ante las Naciones Unidas (ONU) por “racismo”. 

Doce de los 15 miembros del Parlamento insular solicitaron al relator contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia, Tendayi Achiume, que investigue la actitud “neocolonial” del gobierno del conservador Mark Rutte.

La mayoría de la Cámara sostiene que Rutte se está aprovechando tanto de la actual crisis sanitaria como del devastador huracán Irma de 2017, para forzar a Sint Maarten a renunciar a su soberanía, a cambio de la necesitada ayuda financiera. 

Desde 2010 Sint Maarten, que tiene un tercio de su territorio bajo control de Francia, dejó de ser una colonia para ser un país constitutivo del Reino de los Países Bajos, de la misma manera que Aruba y, por lo tanto, tiene una administración con gran autonomía.

Sin embargo, La Haya aún tiene voz y voto en múltiples asuntos. En las últimas semanas, las autoridades neerlandesas bloquearon los intentos del Ejecutivo local de solicitar un préstamo a bancos privados para financiar varios proyectos que persiguen reactivar la deprimida economía de la isla, muy dependiente del turismo, bajo el alegato de que esta decisión podría ser “muy costosa”. 

El gobierno de Rutte le ofreció a la isla una línea de crédito por 30 millones de euros, pero a cambio de implantar una serie de reformas económicas y de crear un organismo que supervise la ejecución de las mismas. Los auditores designados por los Países Bajos comprobarán que Sint Maarten se está reformando lo suficiente. De lo contrario, le cerrarán el grifo de dinero. 

Un caramelo envenenado 

Una de las impulsoras de la denuncia internacional es la diputada Grisha Heyliger-Marten, miembro del Partido Popular Unido, quien pese a reconocer como válido que la ayuda pueda venir acompañada de condiciones, criticó que tres personas nombradas por La Haya pretendan dirigir la isla. 

“Se siente como una esclavitud de nuevo. Como si alguien entrara a mi casa y me dijera que recoja esa toalla de allí. ¡Haz esto! ¡Haz aquello! Pero soy una adulta, soy independiente”, apunta. 

El gobierno neerlandés cree que Sint Maarten necesita un revolcón. Días atrás, el secretario de Estado de Interior y Relaciones del Reino, Raymond Knops, pidió a las autoridades insulares reducir el gasto y los salarios de los funcionarios públicos, flexibilizar el mercado laboral y mejorar la recaudación de impuestos. 

Pero lo que en verdad puso agrió las relaciones fue que el funcionario consideró que la pandemia ha revelado que Sint Maarten no está preparada para ser autónoma. “No quiero quitarle su autonomía a Sint Maarten, quiero ayudarla a que la puedan ponerla en práctica plenamente en los próximos años”, matizó luego. 

Las reacciones en La Haya no se han hecho esperar y en el Parlamento nacional ya se han alzado algunas voces que piden paralizar la ayuda, en represalia por la acción de las autoridades locales. Precisamente esto es lo que temían los únicos tres legisladores insulares que se opusieron a presentar el caso ante la ONU.