Política

Juzgado caribeño da oxígeno a imputados por corrupción en Sint Maarten

Un tribunal colegiado desestimó la condena impuesta en primera instancia contra tres exfuncionarios del Buró de Turismo de Sint Maarten

El tribunal conjunto de justicia de Aruba, Curazao, Sint Maarten, Bonaire, San Eustaquio y Saba declaró con lugar la apelación formulada contra una sentencia de primera instancia, que culpabilizó por malversación y peculado a tres funcionarios del sector turístico de Sint Maarten.

El juzgado, encabezado por la magistrada Wendy Geurts-de Veld, echó por tierra la condena impuesta contra la ex directora del Buró de Turismo de Sint Maarten, Regina LaBega, quien además dirigía la representación de esta oficina en Nueva York.

LaBega fue asesora política del entonces ministro de Turismo, Asuntos Económicos, Transporte y Comunicaciones de la isla, Stuart Johnson. Actualmente, Johnson dirige la Windward Island Teachers Union, un sindicato que aglutina a unos 300 docentes.

Gran escándalo

Este caso suscitó revuelo en la opinión pública de Sint Maarten, una isla en la que la actividad turística representa el 73% del flujo de capitales extranjeros, y casi el 50% del producto interno bruto (PIB), de acuerdo con evaluaciones del Banco Mundial.

Las investigaciones sobre este caso, conocido como Colade, comenzaron en noviembre de 2010, al recibirse una denuncia del entonces director de finanzas del buró turístico, Bas Roorda.

El exministro Stuart Johnson tuvo a LaBega como su asesora política

Inicialmente, se detectaron presuntas malversaciones de fondos asignados al funcionamiento de la oficina de Nueva York, por 142 mil dólares. La fiscal Shaira Bommel imputó a LaBega por la presunta participación en una “organización criminal” entre septiembre de 2008 y junio de 2011. Los otros integrantes de la estructura fueron identificados como Stuart Dest, Erica Fortuno y Fabián Badejo, respectivamente de 42 y 72 años de edad.

Dest admitió su culpabilidad, y le impusieron una pena simbólica de un día de prisión.

Cuando surgieron los primeros detalles de este caso, LaBega fue separada de su cargo, junto a Dest. Pero un mes después estaban reincorporados, pues en el gobierno de la isla consideraron que faltaban evidencias.

En noviembre de 2018, LaBega, Badejo y Fortuno fueron condenados por malversación y delitos fiscales. Para ese momento, ya estaba claro que la jefa del buró turístico había utilizado dinero de la oficina de Nueva York para su enriquecimiento personal, a través de una empresa ECD, que ella controlaba a través de una compañía registrada en Anguila.

Bas Roorda, ex director de finanzas del buró turístico, presentó la denuncia en 2010

El dictamen emitido en esa oportunidad señalaba que “la administración y la honestidad de la administración de Sint Maarten también han sido dañadas seriamente por la imputada”.

La sentencia del tribunal conjunto, actuando como corte de apelaciones, establece que el delito central de la investigación, es decir, la malversación de fondos, prescribe a los seis años, contados “a partir del día siguiente a la fecha en que se cometió el delito”. Por lo tanto, se consideró que el lapso máximo para la persecución penal había expirado.

Abuso de posición

En el caso también se debatió si el grupo de LaBega obtuvo un enriquecimiento indebido, como consecuencia de las contrataciones hechas desde la oficina de Nueva York en beneficio de la empresa que ella manejaba. Sin embargo, en este caso se consideró que ese contrato no ocasionó una pérdida patrimonial, pues fue “en respuesta al trabajo realmente realizado para el sector turístico de Sint Maarten”.

La oficina de promoción turística fue abierta en Nueva York, pues el gobierno de la isla quería captar el mercado de viajeros estadounidenses. Los datos consignados en el expediente indican que tenía una asignación de cien mil dólares mensuales.

Los jueces de la corte conjunta admitieron que podían estar ante un posible abuso de posición por parte de LaBega. Pero indicaron que ese delito no estaba tipificado en la legislación de la isla para el momento en que ocurrieron las irregularidades.

Aunque la Fiscalía anunció que evalúa una nueva apelación, es claro que el caso Colade está llegando a sus últimos capítulos. LaBega, en su página Facebook, se ha limitado a recoger las opiniones favorables a esta última sentencia, que la habilita para ejercer nuevamente en posiciones públicas.  

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