Migración

Venezolano que padece VIH logró triunfo legal que le permitirá continuar en Aruba

“El que tiene sus documentos y está legal puede acceder a un seguro que le cubre todo. Pero el emigrante indocumentado no tiene acceso a ese sistema”, resalta el portavoz de la Aruba Positive Foundation, Junior García

El 10 de noviembre, el tribunal mixto de Aruba, Curazao, Sint Maarten, Bonaire, San Eustaquio y Saba dio un respiro a un venezolano, que acudió a esa instancia para evitar que lo expulsaran de Aruba en virtud de que padece del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Este hombre, de 28 años de edad, contrajo matrimonio con un neerlandés a principios de 2018. En agosto de ese año, solicitó al Ministerio de Seguridad, Justicia e Integración un “permiso de residencia temporal” que le permitiera vivir con su cónyuge en ese territorio.

La solicitud fue negada, en atención a un dictamen del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Departamento de Salud Pública (DBZ, por sus siglas en neerlandés), que había detectado su padecimiento.

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Pero los exámenes practicados establecían, además, que él estaba bajo tratamiento, y que ya no era infeccioso.

El caso fue a litigio, y en una primera instancia el venezolano salió victorioso. Según la sentencia, el gobierno arubeño confundió el tipo de enfermedad: “Es de conocimiento común que el VIH y el SIDA son diagnósticos diferentes”.

El gobierno de la isla apeló, pero la decisión fue corroborada en noviembre por el tribunal de alzada, que además obligó al Ejecutivo a pagar todas las costas procesales. Y lo más importante para este venezolano es que, de acuerdo con la sentencia, el Ejecutivo está obligado a otorgarle su permiso de residencia antes de que finalice este año.

Este caso pone en evidencia una situación que afecta a los emigrantes venezolanos afectados por estas enfermedades.

Discriminación

“Cualquier persona, ya sea de procedencia latina o europea, que aplica por un permiso de residencia debe hacerse una prueba. Si sale positivo (VIH/SIDA) el gobierno le negará ese permiso”, explicó el portavoz de la Aruba Positive Foundation, Junior García.

Usualmente, en estas condiciones el gobierno de la isla envía una carta a la persona que pidió el permiso, y le indica que debe abandonar ese territorio en tres meses.

En cuanto a los venezolanos, la situación se complica, pues muchos de ellos se trasladaron a la isla en condición irregular, huyendo de la emergencia humanitaria compleja. Según García, el Ejecutivo de esa antilla ha registrado a 17 mil. Pero los datos manejados por ONGs indican que son más de 30 mil. De ellos, estima que por lo menos 400 están afectados por VIH/SIDA.

“El que tiene sus documentos y está legal puede acceder a un seguro que le cubre todo. Pero el emigrante indocumentado no tiene acceso a ese sistema”, explicó García.

Indicó que el costo mensual del tratamiento puede ir desde los 315 florines ($175) hasta los 1.800 florines ($1.000). Al verse en la necesidad de costear los medicamentos por cuenta propia, los venezolanos caen en situaciones de explotación laboral y sexual.

Según García, la Aruba Positive Foundation entrega tratamiento mensual a 150 venezolanos. Esto les ha permitido enterarse de las situaciones de maltrato y discriminación a la que son sometidos.

“Aun estando legales, les pasan estas cosas (…) Pueden estar casadas y con su matrimonio registrado. Tienes derecho a vivir, pero si detectan que tienes el virus no podrás acceder a créditos para comprar casa o carro. Te negarán el seguro y el trabajo”, dijo.

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