Tribunal da la razón a venezolano que alegó detención ilegal en Aruba

Luego de varios intentos, el migrante logró que le reconocieran daños y perjuicios por la prolongación de su estadía en un centro de detención

El Tribunal Conjunto de Justicia de Aruba, Curazao, Sint Maarten, Bonaire, San Eustaquio y Saba declaró con lugar la apelación de un venezolano que exige al gobierno de la isla una compensación por daños y perjuicios, consecuencia de la prolongación innecesaria de su permanencia en un centro de detención para migrantes.

La sentencia judicial no indica el nombre del demandante, en vista de una norma que rige en la justicia neerlandesa. Pero su abogado Malcolm Hassell indicó que se trata de un perseguido político, que huyó de Punto Fijo, estado Falcón, en 2017.

El venezolano, de 35 años de edad, llegó a Aruba en calidad de turista en abril de ese año, y permaneció allí luego de expirado el plazo de noventa días que otorgaban a los visitantes.

El 8 febrero de 2019, el Ministerio de Justicia, Seguridad e Integración (ahora conocido como Justicia y Asuntos Sociales) ordenó la deportación del venezolano. Seis días después, el migrante introdujo una solicitud de protección internacional, al tiempo que exigió el levantamiento de la detención preventiva que le habían impuesto para asegurar su expulsión.

El expediente judicial indica que el venezolano reiteró un mes después (marzo de 2019) la petición de que lo procesaran en libertad.  En abril del mismo año, un juez de instrucción le dio la razón, con el argumento de que las autoridades gubernamentales no actuaron con suficiente diligencia en la ejecución de la deportación.

El litigio por daños y perjuicios fue intentado por primera vez en diciembre de ese mismo año. El migrante venezolano alegó que el Ejecutivo de la isla debía compensarlo por el lapso en que continuó privado de libertad en forma considerada “ilegal”, desde el 28 de marzo hasta el 10 de abril.

En las primeras de cambio, el Tribunal General declaró sin lugar la solicitud.

“El hecho de que la detención haya durado más de lo deseable se relaciona con la circunstancia de que [el demandante] presentó una solicitud de protección internacional durante su detención. Esta circunstancia es por su cuenta y riesgo, porque se encontraba en Aruba ilegalmente desde el 16 de abril de 2017”, estableció una primera sentencia.

Con razón

En la apelación, el demandante sostuvo que el artículo 5 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales establece límites a la detención preventiva: “solo está permitida para fines de deportación”. Por ende, se justificaría si el ministerio correspondiente adelanta “actos de expulsión”, de forma expedita. Pero en este caso no fue así.

En esta oportunidad, el tribunal colegiado observó que no existe una norma para tasar daños y perjuicios por la prolongación de los lapsos de detención. Indicó que, en todo caso, ese litigio deberá continuar en un tribunal de derecho civil, y no en uno sobre lo contencioso administrativo.

Pero la apelación fue declarada con lugar, y el gobierno deberá cancelar todas las costas legales en las que haya incurrido el demandante, incluida la asesoría del abogado. La cantidad es el equivalente a 776 dólares.

Este caso sienta un precedente, en virtud de los litigios adelantados en las cortes de Aruba, Curazao y Bonaire para oponerse a las detenciones de los migrantes venezolanos. Según el abogado Hassell, ahora será necesario acudir a las cortes de derecho civil.

“El camino civil es más costoso, contrario al administrativo”, indicó. El litigante considera que esta decisión rectifica una sentencia anterior.  “Hubo un error por parte de la Corte”, afirmó.

Añadió que, en medio de este proceso, el migrante venezolano obtuvo del propio Ejecutivo un permiso para trabajar en la isla.