Proyectan aumento de la migración venezolana hacia Curazao y Aruba a finales de 2021
La pandemia presionó el retorno de venezolanos durante 2020, pero en 2021 el éxodo vuelve a despuntar. Estimaciones recientes indican que el número de venezolanos en Curazao aumentará 29% mientras que el incremento en Aruba será de 17%
Según estimaciones hechas por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), para finales de 2021, habrá unos 224.000 refugiados y migrantes de Venezuela en los cinco países de la subregión del Caribe: Aruba, Curazao, Trinidad y Tobago, Guyana y Republica Dominicana.
La cifra incluye unos 22.000 venezolanos en Curazao y otros 20.000 venezolanos en Aruba, según confirmó a Crónicas del Caribe Renee Cuijpers, representante ad interim de la Oficina Multipaís de la Acnur para Belice, Cuba, Nicaragua, Panamá y el Sur del Caribe.
En la actualidad, se calcula que 17.000 venezolanos viven en Curazao y otros 17.000 en Aruba, muchos de los cuales se encuentran en una situación irregular. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) precisa que ambas islas del Caribe Neerlandés albergan la mayor cantidad de refugiados y migrantes venezolanos en comparación con la población local en el mundo: 1 de cada 6 personas en Aruba y 1 de cada 10 en Curazao son venezolanos.
“Aunque la mayoría llegó regularmente, muchos se han quedado más tiempo de lo permitido y otros han llegado de manera irregular”, ahondó Cuijpers.
La crisis humanitaria y política, la situación de violencia interna, la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria siguen presionando la migración de venezolanos durante la pandemia de COVID-19.
Durante una masterclass especial para periodistas sobre la cobertura del desplazamiento de venezolanos en el Caribe, se expusieron recientes conclusiones de la Acnur sobre el tema.
En el material compartido, se reseña que el ingreso de venezolanos a las islas del Caribe por vías irregulares continúa a pesar de las restricciones en fronteras, que esta situación incrementa la vulnerabilidad de estos ciudadanos a ser detenidos y/o deportados y a no poder tramitar la documentación adecuada, que reciben limitada asistencia social en las islas y que los actos de xenofobia han aumentado.
Ni de aquí, ni de allá
El impacto de la pandemia de COVID-19 en las economías de la región presionó el retorno de miles de venezolanos quienes, luego de huir de la crisis interna de su país de origen, debieron lidiar repentinamente en las naciones destino con la pérdida de medios para el sustento, desalojos y muestras crecientes de xenofobia.
El Sistema de las Naciones Unidas (SNU), en la actualización de junio de 2021 del Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela, estimó que unas 151.000 personas entraron al país desde mediados de marzo de 2020 (cuando comenzó la pandemia) hasta principios de marzo de 2021.
Cuando la situación obligó al retorno circunstancial de migrantes a Venezuela, el maltrato en el país que los vio nacer no se hizo esperar. Voceros de la administración de Nicolás Maduro llegaron a tildar a estas personas de “armas biológicas”, los responsabilizaron por la diseminación del COVID-19 y les impusieron cuarentenas obligadas.
En algunos estados del país, se denunció la condición infrahumana de los albergues habilitados para los venezolanos que retornaban de otras tierras. En las redes circularon videos de migrantes huyendo de estos centros y hasta se reportó la muerte de un niño de un año en el estado centrooccidental de Lara, luego de consumir un alimento presumiblemente descompuesto que le dieron en un centro de confinamiento obligatorio.
Si bien el flujo de salida de venezolanos se ralentizó durante los tres últimos trimestres de 2020 por el cierre de fronteras y confinamiento obligatorio en los países destino, la reapertura de fronteras ha vuelto a activar el éxodo. Y como ya alertaba la Organización de Estados Americanos en un informe de enero de 2021, las condiciones de vulnerabilidad en las que están llegando los migrantes venezolanos a los países de acogida son cada vez más críticas, debido a las repercusiones económicas del coronavirus.
En Aruba y Curazao, la regularización de los migrantes venezolanos sigue siendo cuesta arriba. La mayoría llegó a las islas como turistas o con un permiso inicial, pero se quedaron más tiempo del permitido y están sin acceso a los servicios sociales y de salud pública.
“La Convención de 1951 se aplica a Aruba, pero Curazao no se considera obligado por este instrumento y no existen vías de fácil acceso para obtener un estatus legal. La falta de un estatus regular expone aún más a los venezolanos al abuso, la explotación sexual y laboral y la detención. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado aún más estos riesgos”, describe la Acnur en una hoja informativa sobre la situación publicada el 3 de mayo de 2021.
Como aspecto positivo, se destaca que los migrantes -incluso, los que están en situación irregular- han sido incorporados en los planes de vacunación contra el COVID-19 y, en el caso de Curazao, a asistencia alimentaria específica.
El clamor a los nuevos gobiernos
En Curazao se instaló un nuevo gabinete ejecutivo el pasado 14 de junio. En el acuerdo de la coalición de gobierno -conformado por las fuerzas políticas MFK y PNP- se dejó por sentado que buscan desarrollar un sistema de gestión para migrantes que quieran trabajar en el mercado laboral de forma legal.
Especifican que ese eventual proyecto favorecería “a los extranjeros que han ingresado legalmente al país y luego permanecen ilegalmente, pero también a los que han ingresado de una forma u otra ilegalmente, de los cuales, algunos son indocumentados”.
No obstante, en el mismo texto enfatizan que será prioridad de la actual administración la protección de la frontera para evitar el ingreso ilegal de personas a la isla.
Entretanto, en Aruba, volvió a triunfar la primera ministra del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Evelyn Wever-Croes. En los próximos días, su partido y la tolda política RAIZ establecerán los lineamientos de un acuerdo de coalición.
La comunidad inmigrante anhelaba un cambio de gobierno en la isla, pues se quejaban de que el MEP había cerrado las vías para la regularización de los extranjeros.
La oficial de la Acnur entrevistada por Crónicas del Caribe considera que es inconveniente especular sobre las medidas que asumirán ambos gobiernos respecto al tema. Pero resalta que seguirán trabajando por promover la protección del migrante.
“Como en cualquier país en donde operamos, Acnur trabaja con los gobiernos para poder abogar por la protección y asistencia de personas forzadas a huir. Esperamos poder entablar una relación cercana con las nuevas coaliciones y reiteramos nuestro apoyo para poner en marcha respuestas que sean de apoyo tanto para la población refugiada y migrante, como para las comunidades que las reciben”, explicó Cuijpers.
Al ser consultada sobre las áreas en las que los migrantes en ambas islas requieren mayor atención, respondió: “Las personas refugiadas y migrantes que llegan al Caribe, incluyendo a países como Curazao y Aruba, enfrentan diversas barreras que a su vez aumentan su vulnerabilidad. Entre ellas se pueden destacar las limitaciones de acceso a procedimientos de asilo, protección complementaria, medidas de regularización o a vías seguras. Estas limitaciones contribuyen a incrementar riesgos de explotación, abuso, trata y tráfico, y otros peligros a lo largo del desplazamiento de las personas. Además, la discriminación y xenofobia, barreras de idioma, las limitadas opciones de medios de vida y de acceder a otros derechos son obstáculos en la búsqueda de soluciones”.
Añade la funcionaria de Acnur que las anteriores dificultades han empeorado con la pandemia por COVID-19, que ha sido “devastadora” tanto para la población refugiada y migrante como para las comunidades locales. Por eso mismo, considera que abordar los retos de integración y soluciones permitirá a los refugiados y migrantes aportar a sus comunidades, particularmente durante la recuperación post-COVID-19.
En ese sentido, recuerda que los refugiados y migrantes de Venezuela han expresado frecuentemente su deseo de integrarse de manera regular en cada país y poder contribuir a la economía local.
“Abrir estas oportunidades y facilitar mecanismos de vías seguras permitirá no solo brindar protección a una de las poblaciones más vulnerables del mundo, sino también generará una contribución fundamental a las economías locales -particularmente en la recuperación económica post COVID-19-. Acnur reitera su compromiso de apoyar esfuerzos encaminados en este sentido”, concluye.
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