Poder Judicial de Aruba ordena al Ejecutivo pagar 44 dólares por día de detención ilegal contra migrantes

La sentencia fue emitida a propósito de la apelación intentada por un ciudadano colombiano, cuya deportación fue ordenada en 2019

Una sentencia del tribunal conjunto del Caribe Neerlandés ordenó al gobierno de Aruba el pago de una cantidad constante por cada día en que un extranjero permanezca detenido en forma ilegal.

El fallo fue emitido por esta instancia, al momento de considerar la apelación de un emigrante colombiano de apellido Rivas Flores, que fue privado de libertad con el propósito de deportarlo a su país en 2019.

Rivas, de 47 años de edad, viajó a Aruba en diciembre de 2018. Ese mismo día, indican los registros judiciales, solicitó protección internacional por motivo de persecución política.

El 16 febrero de 2019, el colombiano fue detenido cuando se detectó que se encontraba trabajando. La privación de libertad fue confirmada en primera instancia por un juzgado, que decidió al respecto apenas dos días después.

El 25 de marzo, el hombre fue liberado, aunque el gobierno de la isla se negó a renovarle la condición de protegido. El 1 de abril de ese mismo año, la justicia emitió un nuevo fallo para revocar la orden de deportación.

En 2021, Rivas Flores obtuvo un permiso de residencia temporal. De esta forma, se allanó el camino para que él pudiese trabajar sin impedimentos legales.

Simultáneamente, el colombiano inició un reclamo judicial por los 38 días que estuvo detenido, por mandato del Ministerio de Justicia y Asuntos Sociales. Al no presentarse un acuerdo, el conflicto se trasladó nuevamente a la arena tribunalicia.

El gobierno argumentó que Rivas, aunque decía tener una condición de perseguido político, no presentó los documentos correspondientes a una solicitud de asilo. Por lo tanto, según la óptica gubernamental, la detención se ajustó a las leyes.

Error de hecho

En esta oportunidad, el juzgado conjunto fue presidido por el abogado especializado en derecho administrativo Wim Bel, acompañado por otros dos magistrados.

En la dispositiva, la corte señaló que tomaría una decisión que debió ser emitida en este proceso por la Corte General. Esa instancia había ratificado la supuesta legalidad de la detención con fines de deportación.

Según la sentencia, la orden de deportación fue ilegal desde el momento en que fue dictada, en 2019, toda vez que el colombiano había pedido protección internacional apenas llegó a Aruba, en diciembre de 2018. Para ese momento, la legislación vigente en la isla permitía que los beneficiados por estas medidas desempeñaran algún trabajo.

“Esto significa que la orden de deportación señalada como causa del daño es ilegal. Debe concederse la indemnización por daños y perjuicios (…) El tribunal seguirá haciendo esto. Una cantidad estándar de 80 florines por cada día que un extranjero ha sido detenido ilegalmente”, se anuncia en la dispositiva.

Esta sentencia ha causado revuelo en la isla, cuyos tribunales permanentemente ventilan litigios por detenciones señaladas como ilegales, en su mayoría en contra de emigrantes venezolanos. En el caso de Rivas, se ordenó que la cartera de Justicia le pague 3.040 florines (1.720 dólares, al cambio actual), más 2.800 florines (1.584 dólares) por concepto de “costas judiciales” por cada recurso que fue negado en instancias anteriores.