Pacuhr: Existen leyes que amparan a los migrantes que huyen de la emergencia humanitaria
José Antonio Oropeza, secretario general de la organización Panamerican and Caribbean Union for Humans Rights, denuncian que los venezolanos que se trasladan en lanchas a las islas del Cariben pagan hasta 400 dólares por viajes donde arriesgan sus vidas
Aruba y Curazao son territorios de ultramar del Reino de los Países Bajos. Aunque las islas están ubicadas en el continente americano, su política internacional responde a los intereses de La Haya. El secretario general de la organización Panamerican and Caribbean Union for Humans Rights (Pacuhr), José Antonio Oropeza, declara a Crónicas del Caribe sobre el grave problema que se está generando en las antillas por el desconocimiento a la figura del refugiado.
“No quiero estimular la migración ilegal, pero sí debo decirle a aquellos que se ven forzados a salir que existen leyes que los amparan. El conocimiento de las normas los ayudará a resguardarse. El caso venezolano es extremo porque exponen sus vidas. Se enfrentan a tiburones y aguas profundas. También a tráfico de drogas y a la explotación sexual. Son grandes los retos que enfrentan”, expresa Oropeza.
El fundador de Pacuhr trabaja sobre el flujo migratorio en Aruba, Curazao y Bonaire desde 2013. Previamente prestó sus conocimientos en el proceso de paz de Colombia en la Organización de Estados Americanos (OEA).
De primera mano levanta datos sobre el costoso viaje en lancha que deben pagar personas hambrientas y desesperadas por salir de Venezuela. “Cada persona cancela entre 350 y 400 dólares”, asegura.
Oropeza presta asesoría a Venex Curacao, una organización sin fines de lucro que apoya a los venezolanos que están en el desamparo por no contar con un registro que les permita trabajar y desenvolverse en la isla.
Base legal
Curazao y Aruba no suscribieron las resoluciones de 1951 y 1967 sobre los refugiados. Entre los días 19 y 22 de noviembre de 1984 se celebró en Cartagena (Colombia) un coloquio sobre “La protección internacional de refugiados en América Central, México y Panamá: problemas jurídicos y humanitarios”. En ese encuentro se apoyó la gestión “apolítica” de Acnur en México y Panamá, conforme a lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas de 1951 -cuya reunión fue observada por Curazao- y el Protocolo de 1967, así como en la resolución 428 de la Asamblea General de la ONU.
En tal sentido, “el mandato de Acnur se aplica para todos los Estados, sean o no parte de la mencionada convención y/o protocolo”, establece la Declaración de Cartagena. Aunque Curazao y Aruba no firmaron los convenios, están obligados a acatarlos.
La ONU actualizó las normas sobre protección y asilo de los inmigrantes por los conflictos armados en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. La Declaración de Cartagena es un complemento regional de la Convención de Ginebra de 1951.
Según el Diccionario del Asilo de la Comisión de Ayuda al Refugiado de Euskadi, desde finales del siglo XIX, América Latina impulsó de forma pionera la protección del asilo para quienes sufrían persecución por diferencias políticas. Pero las guerras en Centroamérica modificaron ese planteamiento, porque muchos escaparon por hambre y miedo a morir en los intensos enfrentamientos. En Venezuela no solo huyen por causas políticas, la mayoría escapa por la crisis económica.
Carta europea
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su artículo 18 establece el derecho al asilo, el cual se garantiza dentro del respeto a las normas de la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados.
El artículo 19 de ese texto establece, además, la protección en caso de devolución, expulsión y extradición. En su apartado número 1 contempla la prohibición de expulsiones colectivas. Y en el numeral 2 agrega que nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado donde corra un grave riesgo de ser sometido a pena de muerte, a torturas o a otras penas o tratos inhumanos.
En distintos informes y declaraciones, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha expuesto las alarmantes vulneraciones de los derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se registran en Venezuela.
Piedras en el camino
Defensores de Derechos Humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Defense Curacao han denunciado atropellos contra los migrantes venezolanos, señalando que son detenidos en cárceles junto con criminales peligrosos.
El portavoz de Pacuhr acusa a las auroridades de las islas de obstaculizar la labor de la organizaciones no gubernamentales. “No dejan entrar a las ONG a las celdas donde permanecen los indocumentados y entorpecen el trabajo de los abogados”, sostiene el activista.
Oropeza reside en Florida, Estados Unidos, pero recibe informes diarios de los zarpes en el Caribe, y manifiesta que desde Aruba y Curazao no se registran envíos de embarcaciones a Venezuela, pero sí desde Trinidad y Tobago. Asegura que desde la localidad Los Cedros salen peñeros con productos en contrabando que se comercializan en territorio venezolano.
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