Madre venezolana cumple un mes presa y separada de su bebé de 2 años por caso de migración ilegal en Curazao

El grupo de 10 “balseros” denuncia que están presos con delincuentes comunes, solicitan el estatus de refugiados y se niegan a regresar a Venezuela por la emergencia humanitaria compleja

El pasado 8 de febrero, cuando aún el país lloraba la muerte de un bebé venezolano a manos de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, una lancha con 13 connacionales a bordo fue interceptada en aguas de Curazao.

Dentro del grupo de migrantes ilegales destacaba la presencia de una niña de dos años y su madre de 23. A un mes de haberse registrado este hecho, la pequeña está bajo la custodia de sus abuelos maternos, ubicados en Willemstad, y separada de su progenitora, que continúa presa en una cárcel con delincuentes comunes.

“Las autoridades tienen bien precisados a los abuelos y han podido concederle a la madre un régimen de presentación, para no causarle un daño psicológico a la bebé, pero no lo hicieron y la señora sigue en una prisión común”, señalan desde Venex Curacao, organización que presta apoyo a los venezolanos residenciados en la isla.

En una nota publicada por Crónicas del Caribe tras la captura de la lancha, Ieteke Inchi Witteveen, directora de Human Rights Defense Curaçao, indicó que habían habilitado “un refugio seguro para la madre y su niña, pero (las autoridades) no nos dejaron” atenderlas.

Solicita ayuda

Los migrantes ilegales detenidos -diez en total, con la excepción del capitán de la embarcación y su ayudante, acusados por tráfico de personas- enviaron el 18 de febrero una carta al primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, y el Parlamento y la Cancillería del Reino de los Países Bajos, donde solicitan recibir el estatus de refugiados.

Señalan que esta condición debe concederse a todos los venezolanos que huyen de la emergencia humanitaria compleja que afecta a la República Bolivariana. “Esta calificación trae como consecuencia también que no se sigan violando los Derechos Fundamentales y los Derechos Humanos”, exponen en la misiva.

Volviendo sobre su caso en particular, apuntan que los hombres y mujeres que trataron de ingresar a Curazao el 8 de febrero “no son delincuentes”. “No entendemos como su privación de libertad por una cuestión de ‘custodia’ se pueda llevar en centros penitenciarios comunes, con delincuentes comunes, lo que sin duda también reviste una violación psicológica y coloca aún más en un grado de vulnerabilidad a los migrantes”, denuncian.

Sentencia de muerte

“También hay que recalcar que apelamos a los principios de no devolución, de solidaridad de los pueblos, de corresponsabilidad, para que se nos pueda otorgar un refugio, y llevar nuestros procesos migratorios en libertad, una devolución a Venezuela constituye hoy una sentencia de muerte, en un país donde no hay medicina, no hay comida, el sueldo no alcanza y la inseguridad es galopante”, recalcan en el documento remitido a Pisas.

En el texto apuntan que cuatro de las migrantes sufren problemas de salud como hipertensión, gastritis y anemia. “Rogamos su libertad así como por todos los que están detenidos, para que puedan llevar sus casos migratorios en condiciones más dignas”, recalcan.

A la espera de que su clamor sea escuchado por las autoridades de Willemstad y La Haya, los migrantes concluyen su carta con este mensaje: “Huir y solicitar refugio no es un delito”.