Gobierno de Curazao ignoró las peticiones de Amnistía Internacional para dialogar sobre la inmigración venezolana

La ONG defensora de Derechos Humanos anunció que analizará el impacto del éxodo venezolano en Aruba

Agridulce. Ese es el sabor de boca que le dejó a Yara Boff Tonella, investigadora de Amnistía Internacional, el viaje que la semana pasada realizó, junto a colegas del Consejo neerlandés de Refugiados, a Curazao y a Aruba, con el propósito de monitorear la situación de los inmigrantes venezolanos.

¿La razón? “Pudimos reunirnos con organizaciones locales de Derechos Humanos, con venezolanos y con representantes del gobierno de Aruba, pero no con las autoridades que están a cargo de lo que ocurre en Curazao, lo cual fue decepcionante”.

En entrevista telefónica con Crónicas del Caribe, la activista reveló que mantuvieron un encuentro con la vicegobernadora de Curazao, quien funge como representante del rey Guillermo-Alejandro y del gobierno de La Haya en la isla, pero que el primer ministro, Gilmar Pisas, quien también ocupa la cartera de Justicia, no atendió sus solicitudes para reunirse.

“Buscamos reunirnos con el primer ministro, pero desde su oficina nos dijeron que estaba enfermo. Sin embargo, durante la semana que duró la misión vimos que dio ruedas de prensa y que estuvo activo en los medios”, comentó Boff, quien agregó: “Sabemos que nuestro informe fue muy crítico con la actuación de las autoridades de Curazao, pero creemos que un diálogo es necesario para mejorar la situación de los inmigrantes y corregir las violaciones a los Derechos Humanos que hemos detectado”.

En saco roto 

La investigadora también reveló que las autoridades de Willemstad les negaron acceso a los centros donde mantienen recluidos a los venezolanos sin papeles que llegan a la isla cruzando las costas del estado Falcón, principalmente, alegando que los estaban refaccionando.

No obstante, los encuentros que mantuvieron con organizaciones locales de Derechos Humanos y con venezolanos les permitió corroborar que las denuncias contenidas en el informe “Sin seguridad todavía: Niegan protección a personas venezolanas en Curazao”, publicado en octubre pasado, se mantienen intactas.

“Lo que oímos es que las condiciones en los centros de detención siguen estando igual; es decir, continúa el hacinamiento y los detenidos siguen sin recibir insumos básicos. Por su parte, en lo referente al Procedimiento de Protección para Refugiados la situación también es igual; es decir, hasta ahora ningún venezolano o extranjero que haya pedido protección la ha recibido. La misma situación ocurre en Aruba, donde también hay un procedimiento similar”, explicó.

Pese a la actitud de las autoridades curazoleñas, Boff reiteró que no cejarán en sus esfuerzos por establecer canales de comunicación con el Ejecutivo insular, para lograr que las cosas cambien. “Posiblemente la próxima intentamos contactar a miembros del Parlamento de Curazao para tratar de establecer ese diálogo. Seguiremos esforzándonos en buscar ese diálogo, porque estamos muy preocupados por la situación de los venezolanos y confirmamos que es una situación muy urgente”, declaró.

Ampliando el radio de acción  

La misión no solo se limitó a Curazao, sino que se extendió a Aruba, donde estuvieron un día y allí sí lograron mantener contactos con responsables de esa isla. “Las autoridades de Aruba fueron inteligentes y prefirieron hablar con nosotros, porque saben que si nos ignoran es peor, porque seguiremos yendo”, dijo.

Boff admitió que en Amnistía Internacional evalúan la posibilidad de analizar el impacto de la crisis migratoria venezolana en esta otra isla del Caribe neerlandés. “Sin embargo, no tenemos claro cómo trabajaremos, si mediante la promoción o investigaciones”, dijo.   

En Curazao se calcula que viven en situación migratoria irregular unos 17.000 venezolanos, lo cual representa más del 10% de la población del país autónomo de los Países Bajos.