El caso de los pescadores curazoleños presos en Venezuela llega al Parlamento neerlandés

El ministro de Asuntos Exteriores, Stef Blok, ha asegurado a la oposición que su gobierno está brindando toda la asistencia posible a los aprehendidos y que ha reclamado a Caracas que les garantice el debido proceso

El caso de los pescadores curazoleños presos en Venezuela llegó al Parlamento neerlandés, donde la oposición exigió al gobierno del conservador Mark Rutte información sobre las acciones que ha tomado para conseguir la liberación de los aprehendidos.

El tema llegó a la Segunda Cámara del Parlamento (Senado) a principios de este mes, luego de que el diputado Sjoerd Sjoerdsma, quien es miembro del opositor y progresista partido D66, preguntase al ministro de Asuntos Exteriores, Stef Blok, sobre las actuaciones de su despacho en este caso. Esta semana, el jefe de la diplomacia, a través de una carta, le aseguró a los legisladores que durante los últimos diez meses le ha solicitado al Gobierno de Nicolás Maduro que respete las garantías judiciales de los imputados. 

Sin embargo, a la pregunta sobre las medidas que ha tomado para conseguir la excarcelación de los cuatro curazoleños (Genero Thode, Evelio Evertsz, Naoki Snijders y Davidson González) y del venezolano residenciado en Curazao, Wolfang Zavala, Blok recordó que es poco lo que puede hacer, porque su oficina no puede interferir directamente con los procedimientos legales ejecutados por otro Estado.

“La Embajada no puede liberar a ciudadanos detenidos en el extranjero. La Embajada brinda asistencia consular a los detenidos holandeses en el extranjero. Uno de los componentes de la asistencia consular en este caso es también el contacto con las autoridades venezolanas para, entre otras cosas, garantizar un juicio justo y condiciones de detención humanas”, explicó el ministro neerlandés de Exteriores.

Vicios a montón

Los pescadores fueron detenidos en marzo de 2020 por la Guardia Costera venezolana en sus aguas territoriales, cuando se dirigían a la isla de Aves de Sotavento, cerca de Bonaire, para adquirir un cargamento de pescado que revenderían en Curazao. Las autoridades venezolanas les imputaron delitos como ingreso ilegal a sus aguas y contrabando de gasolina.

Los abogados de los pescadores sostienen, en declaraciones a Crónicas del Caribe, que el caso está plagado de irregularidades, entre ellas que sus clientes estuvieron en un primer momento detenidos en un taller mecánico, esposados a unos tubos; además, que funcionarios venezolanos los han estado extorsionado a cambio de modificar la acusación en su contra.

Organizaciones como Human Rights Defense Curazao mantienen una campaña a favor de la liberación de los imputados.

El caso de los pescadores es otro asunto que complica aún más las ya tensas relaciones entre La Haya y Caracas. En 2019, el gobierno de Maduro cerró unilateralmente las fronteras áreas y marítimas con Aruba y Curazao, territorios de los Países Bajos en el Caribe. Por su parte, el gobierno neerlandés fue de los primeros en reconocer al diputado opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.