Migración

Defensores de DDHH alertan sobre aumento de detenciones y deportaciones por reapertura de la frontera con Aruba y Curazao

Pacuhr recuerda que que los venezolanos han sido catalogados como personas con necesidades especiales de protección internacional, y exige respeto al principio de no devolución

Ante la reapertura de las fronteras con Curazao y Aruba, la Unión Panamericana y del Caribe por los Derechos Humanos (Pacuhr, por sus siglas en inglés) expresó a través de un comunicado su “profunda preocupación” por el impacto que esta medida puede tener sobre “los venezolanos en situación migratoria irregular”.

“Nuestra preocupación se centra en la apertura de las fronteras de Aruba y Curazao con Venezuela y que esto pudiese generar aprehensiones masivas y expulsiones de venezolanos en situación migratoria irregular, constituyendo una inobservancia del Ordenamiento Jurídico Internacional”, señala Pacuhr, federación que en su texto dice agrupar a más de 89 organizaciones de la sociedad civil en las Américas, el Caribe y Europa.

Los gobiernos de las islas, Venezuela y Países Bajos han subrayado los aspectos positivos de la reapertura, especialmente en materia del intercambio comercial; sin embargo, no han ofrecido mayores detalles sobre cómo abordarán la crisis migratoria.

La agencia de Naciones Unidas para los refugiados (Acnur) señala que existen más de 7,13 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en el mundo. Acnur estima que en Curazao y Aruba residen 14 mil y 17 mil venezolanos, respectivamente. Estas cifras equivalen prácticamente al 10% de la población de esas islas.

La plataforma humanitaria solicita a los Estados involucrados, incluido el Reino de los Países Bajos, garantizar el debido proceso, estudiar cada caso de manera individual y respetar “el principio de no devolución, de conformidad con las obligaciones internacionales en materia de asilo, refugio y protección internacional”.

Trato humano

“La migración forzada no puede ser criminalizada y es fundamental que se asegure que cualquier persona en situación migratoria irregular sea tratada con dignidad y respeto, independientemente de su estatus migratorio. Los migrantes venezolanos merecen un trato humano y justo, y deben tener acceso a servicios básicos, protección y atención médica adecuada”, resaltan en el texto que cuenta con la firma de Venex Curacao, Venex Bonaire y Vene Aruba Solidaria, asociaciones de venezolanos que operan en Curazao, Bonaire y Aruba.

Pacuhr destaca que el artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, suscrito por Países Bajos, prohíbe las expulsiones colectivas de extranjeros y recuerda que “los venezolanos han sido catalogados como personas con necesidades especiales de protección internacional”.

Al final del comunicado, la federación de DDHH condena una redada que ejecutó el gobierno de Curazao el viernes 14 de abril, que concluyó con la detención de 18 mujeres. “No todas son venezolanas, pero seis de ellas, según comunicado de prensa, quedaron bajo privación de libertad para ser deportadas. En este sentido, reiteramos que se deben respetar las garantías jurídicas y brindar un tratamiento digno y justo a las mismas”, sostienen.

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