Colectivos de migrantes exigen a Curazao y Países Bajos amnistía y una ley de refugiados

Los promotores de la iniciativa recogen firmas y exigen al gobierno de Pisas que cese la persecución contra los extranjeros

El pasado 3 de noviembre inició la circulación de la carta dirigida al Parlamento de Curazao para llamar la atención sobre la “grave situación” que enfrentan los extranjeros indocumentados en la isla neerlandesa.

Venezolanos, colombianos, dominicanos, ecuatorianos, haitianos y peruanos en Curazao se unieron para rechazar la “brutalidad y abusos de autoridad” de la policía “que se han vuelto cotidianos”. 

El contenido de la misiva es discutido en toda la isla. Los líderes del movimiento asignan distintos puntos del territorio curazoleño para que los afectados avalen el texto con sus firmas. Pero son muy pocas las personas que se han atrevido a estampar sus nombres por miedo a ser detenidos y deportados. 

Los primeros días de diciembre llevarán la carta al Poder Legislativo. Los parlamentos Europeo, del Reino de los Países Bajos y de Latinoamérica y el Caribe también recibirán copias.

Con miedo 

Natalia Molina figura entre los líderes del colectivo de venezolanos que exigen respeto para los extranjeros, y denunció que el gobierno de Gilmar “Pik” Pisas mantiene a las fuerzas policiales en la calle. “La gente no se anima a salir. Están desmotivados. No ven cambios en las medidas migratorias”, indica. 

Asegura que, por ejemplo, los venezolanos hacen actividades para integrarse a la sociedad curazoleña. “Pero no hay propuestas del gobierno. El plan que tomó el actual primer ministro lo adoptó de la administración anterior”, destaca. Pisas mantuvo la jornada de legalización para quienes no lo pudieron hacer por el COVID-19. Y se extendió hasta el 31 de diciembre próximo por petición de la comunidad migrante. Solo las personas que ingresaron por vía aérea tienen ese privilegio. 

Los inmigrantes que ingresaron a través del mar -sin el sellado de pasaportes- no pueden regularizarse, siendo esa población la más vulnerable. 

Molina comenta que la mano de obra calificada venezolana es aprovechada en otros países. Estados Unidos, Chile, Argentina, España y otras naciones reconocen el desempeño de médicos y demás profesionales de la salud en pandemia. En Curazao deben recurrir a trabajos precarios para sobrevivir. 

Exigencias

Como coordinadora de la actividad, Molina subraya los pedidos para los parlamentarios. “Que exoneren de pagos en requisitos para la legalización a los venezolanos de bajos recursos”, reclama. Estas personas arrastran una grave crisis económica desde Venezuela, y las trabas para encontrar empleo afectan aún más la situación. “Esa inversión la pagamos con trabajo”, agrega. 

El grupo lamenta en la misiva la falta de asistencia legal en las detenciones de indocumentados. Manifiestan que la separación de familias por las deportaciones son avaladas con el silencio de las instituciones del estado. 

Resulta difícil pedir asilo político y refugio, pese a que esos derechos están enmarcados en los tratados internacionales. Venezuela es la nación más crítica, sin embargo, hay personas de otras nacionalidades que encontraron en Curazao un lugar para continuar con sus vidas. En tal sentido, exigen una ley de refugiados. 

También la creación de un estatuto temporal de protección para refugiados similar a los emitidos en Estados Unidos, Colombia, España, Brasil y otros. Y solicitan la entrega de tarjetas de identificación para que circulen y trabajen.

Encontrar empleo es complicado para los indocumentados. Por eso proponen la emisión de permisos desde el Ministerio de Desarrollo Social para quienes esperan la aprobación del refugio. De esa forma pueden generar ingresos y cubrir gastos ordinarios e impuestos. 

Hasta la semana pasada, 20 personas había firmado la carta. Molina confía en que unas 200 personas se atreverán a apoyar la iniciativa con nombre y apellido. Según datos extraoficiales, más de 15 mil venezolanos viven en Curazao.

Aquí la carta: