Migración

Aruba y Curazao en lista de observación por tráfico humano desde Venezuela

El cierre de las fronteras no impedirá que los emigrantes venezolanos lleguen a las islas, huyendo de la emergencia humanitaria, advirtió el director del Observatorio del Delito Organizado

Durante 2020, y a pesar de las dificultades para las movilizaciones internacionales, Aruba y Curazao no hicieron esfuerzos satisfactorios para impedir el tráfico de personas.

Esta conclusión se desprende de los reportes elaborados por el Departamento de Estado, con las respectivas evaluaciones sobre el desempeño de las autoridades antillanas en lo referido al control del tráfico ilegal de personas.

El documento en cuestión, emitido el 1 de julio, sitúa a ambas islas en una “lista de observación”, junto a otros 44 países, entre los que también figura Sint Maarten.

El secretario de Estado, Antony Blinken, presentó el informe sobre tráfico de personas

Según la Cancillería estadounidense, buena parte de los problemas padecidos por ambas islas en cuanto al tráfico humano tienen que ver con su proximidad con Venezuela, un territorio que figura en el grupo de los 17 peor evaluados en la materia, pues “no hace ningún esfuerzo” para impedir el accionar de las redes de tráfico de personas, ni siquiera durante la pandemia por el COVID-19.

Por el contrario, de acuerdo con el informe, “años de corrupción, incompetencia y abusos han debilitado la capacidad del régimen de Nicolás Maduro para gobernar, y han vaciado las instituciones legítimas, propiciando un ambiente permisivo para grupos armados no estatales que operan con impunidad”. Estas estructuras, indica más adelante, estarían entre los principales gestores del tráfico de personas.

En lo relativo a las islas del Caribe Neerlandés, el informe recoge que por segundo año consecutivo no hubo ningún enjuiciamiento de personas implicadas en este delito. En 2020, precisó, solo se iniciaron dos averiguaciones, sin que hubiese algún acto conclusivo para finales de año.

Los oficiales de aplicación de la ley en Aruba y Curazao basan su accionar en los reportes de explotación que puedan formular las propias víctimas, cuando podrían hacer una vigilancia más proactiva sobre las poblaciones vulnerables.

En el caso de Curazao, la unidad contra el Delito Organizado de la Policía reportó el inicio de tan solo una averiguación sobre tráfico humano en 2020, sin resultados tangibles.

Convertido en país de origen

El director del Observatorio Venezolano del Delito Organizado, sociólogo Luis Cedeño, indica que existe una “creciente preocupación” en la comunidad internacional por el rol que ha adquirido Venezuela para las redes de tráfico de personas.

Recuerda que, al principio de este siglo y durante la segunda mitad del siglo pasado, Venezuela era un país receptor de oleadas migratorias, legales e ilegales. Esto cambió con la agudización de la emergencia humanitaria. Ahora, el país se ha transformado en un territorio de tránsito, y especialmente, de origen de individuos que buscan trasladarse a otros lugares, aunque sea en condiciones de ilegalidad.

Cedeño advierte que las redes de tráfico de personas se aprovechan de las trabas a la emigración legal

“Este problema genera muchas vulnerabilidades para los venezolanos en el exterior. Hay tantas dificultades para emigrar, debido a la imposición de trabas como los visados y el cierre de fronteras, que se abren posibilidades para la actuación de las redes de tráfico humano”, explica a Crónicas del Caribe.

En el caso de las islas del Caribe Neerlandés, una vez que progrese la vacunación contra el COVID-19, “aumentarán las probabilidades de que a la gente la lleven hasta en chalana”, aún si las fronteras permanecen formalmente cerradas.

“Todo esto tiene como telón de fondo la emergencia humanitaria compleja, y la permanente búsqueda de un mejor futuro por parte de los venezolanos”, concluye Cedeño.

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