Aruba: prohíben a Ministro de Justicia impedir el retorno de extranjeros

El reclamo de una venezolana obligó a los tribunales de ese país a sentar un criterio en torno a la validez legal de las medidas de “inadmisión” impuestas por ese despacho

La justicia de Aruba puso límites a la discrecionalidad con la que el Ministerio de Justicia de la isla aplicaba medidas que impedían a los venezolanos regresar a ese territorio, una vez que habían sido deportados.

Un fallo del tribunal conjunto de justicia de Aruba, Curazao, Bonaire, San Eustaquio, Saba y Sint Maarten estableció que el referido despacho ministerial, actualmente encabezado por Rocco Tjon, carece de competencias para fijar los lapsos de prohibición para volver a este territorio luego de ejecutada una expulsión, lo que se conoce como “inadmisión”.

La sentencia del tribunal colegiado, presidido en esta oportunidad por el juez Joop Drop, reivindicó la facultad del despacho de Justicia y Asuntos Sociales para vigilar y controlar los flujos de personas en las fronteras. Por ende, esta cartera puede llevar a cabo las deportaciones en los casos en los que se comprueba la entrada o la permanencia ilegal.

Sin embargo, el tribunal recordó que una reestructuración del gabinete ejecutivo arubeño, llevada a cabo en 2022, delegó en el ministerio de Trabajo, Integración y Energía la potestad de indicar los plazos durante los cuales los extranjeros no podrán entrar a Aruba.

En la práctica, esto obligará a las autoridades de la isla a modificar las órdenes de deportación, que anteriormente eran elaboradas por el Ministerio de Justicia en forma exclusiva. Ahora, indica la sentencia, deberá consultarse con el despacho de Integración para determinar cuál será el lapso de “inadmisión”.

Caso venezolano

Este debate fue planteado en las cortes de la isla a propósito del caso relativo a una venezolana de 44 años de edad, que fue deportada en junio de 2022 luego de haber permanecido allí por 28 años. En ese tiempo, la mujer tuvo un hijo, y por ley es de nacionalidad holandesa.

La medida aplicada contra ella por el Ministerio de Justicia establecía que no podría retornar a Aruba en 96 meses, es decir, ocho años.

Esta decisión ejecutiva fue cuestionada, precisamente, con el argumento de que Justicia no podía fijar este lapso de inadmisión. Los jueces dieron la razón a la venezolana.

“El tribunal ha establecido que el Ministerio de Integración es responsable de las políticas de inmigración e integración, de conformidad con la Ordenanza Nacional sobre el Establecimiento de Ministerios de 2022 (…) Es también el ministro que (…) está autorizado a determinar, acortar o cancelar un período de inadmisión”, señala la sentencia.

Esta decisión judicial puede tener efectos de importancia en lo inmediato con respecto a las deportaciones, mayoritariamente aplicadas en contra de venezolanos, que representan alrededor del 18% de la población de Aruba, de acuerdo con cálculos de la plataforma R4V, que aglutina a las agencias encargadas de atender los efectos de la diáspora venezolana.

Un trabajo presentado en Washington por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) revela que entre 2020 y 2022 fueron deportados de la isla 1.348 venezolanos. Esta cifra no es de acceso público, y fue obtenida por los investigadores de este tanque de pensamiento durante su ronda de entrevistas con funcionarios arubeños.

“Los venezolanos que son atrapados mientras trabajan en forma irregular están en riesgo de deportación”, indica el reporte.