Migración

Aruba espera un incremento en la llegada de venezolanos

La primera ministra de la isla, Evelyn Wever-Croes, señaló que la imposición de visas y el cierre de las fronteras no ha frenado el flujo de migrantes ilegales, ni la solicitud de asilos

Las autoridades de Aruba esperan un incremento en la llegada de venezolanos, apenas mejoren las condiciones planteadas a propósito de la pandemia por el covid19.

Tal es la expectativa reflejada por la primera ministra de la isla, Evelyn Wever-Croes, en el Reporte Anual presentado el 10 de febrero. El documento, equivalente a una Memoria y Cuenta, contiene información sobre las actividades desplegadas por el gobierno de la isla en 2020 y las principales líneas de acción para este año.

Según el informe, en los primeros meses de la pandemia hubo una creciente demanda de los venezolanos de la isla para retornar a su país de forma voluntaria. Esto propició la organización de cinco vuelos de repatriación en 2020. No obstante, para el último trimestre de ese año, se verificó una nueva oleada de emigrantes hacia la isla.

Refugio seguro

Wever-Croes confirmó que se requerirá un visado a los venezolanos que intenten ir a la isla, “como parte de una serie de medidas para limitar el flujo de migración”. Aún así, reconoció un incremento en el número de solicitudes de asilo.

“Dado el aumento de la carga de trabajo, se ha presentado una solicitud de asistencia a los Países Bajos. La responsabilidad y prioridad del gobierno hacia su población ha cambiado para garantizar que Aruba sea y siga siendo un refugio seguro”, afirmó.

La situación de los venezolanos detenidos en la isla llamó la atención de Human Rights Watch

Los emigrantes, indicó la Primera Ministra, continúan llegando en embarcaciones a pesar de que las fronteras aéreas y marítimas entre Venezuela y Aruba permanecen cerradas desde 2019.

Se espera que este flujo se incremente cuando mejore la situación en lo sanitario y en lo económico. Según el Reporte Anual, para finales de 2021 habrán salido de Venezuela aproximadamente siete millones de personas.

El comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para los Migrantes y Refugiados Venezolanos, David Smolansky, calcula que en Aruba permanecen 16.000 personas procedentes de Venezuela. Otras 29.000 personas han llegado a Curazao y Bonaire desde 2017.

Ayuda y proyectos

Para atender a los emigrantes, el gobierno arubano solicitó “préstamos blandos” al Reino de los Países Bajos y ha convocado al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y a la Cruz Roja, así como a otras organizaciones, para que colaboren en la atención a las personas que salen de Venezuela.

Según el Reporte Anual de Wever-Croes, los fondos recibidos serán utilizados en la ejecución de ocho proyectos. Dos tienen que ver con mejoras y ampliaciones de lugares de reclusión para inmigrantes ilegales. Otro, para la generación de una base de datos sobre el “circuito irregular” de trabajadores.

El cuarto proyecto tiene el propósito de activar una central de notificaciones sobre tráfico ilícito y trata de personas. Otros dos planes tienen que ver con mejoras y aportes a fundaciones de atención a mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad. Y finalmente, se plantea la adquisición de refrigeradores para vacunas contra el covid19 y un plan de vacunación contra esta enfermedad, destinado especialmente a “inmigrantes indocumentados de Venezuela”.

Nuevas fuentes de energía

El gobierno de Aruba quiere acelerar el cambio en los patrones de uso de energía. Hasta ahora, han predominado los combustibles de origen fósil, lo que implica fuertes gastos para los sectores oficial y privado.

“El costo de la energía es un fuerte determinante de la macroeconomía y del desarrollo de la isla”, indicó la Primera Ministra.

Según el reporte presentado por esta funcionaria, para 2019 el 83% de la electricidad era generado por fuentes autónomas, mientras que el 17% restante provenía de molinos de viento y paneles solares. Pero casi toda la flota de vehículos todavía se mueve por combustible diésel o gasolina, lo que implicó gastos estimados en 168 millones de dólares.

Entre las medidas planteadas por el gobierno de la isla figura la conversión de la flota automotriz. La meta es que para 2030 el 15 % de todos los vehículos se mueva por energía eléctrica.

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