Incertidumbre política venezolana eleva el riesgo de lavado en Aruba y Curazao
Los problemas del régimen de Maduro y la proximidad con Venezuela “contribuyen al riesgo de infiltración de dinero corrupto”, señaló un informe del gobierno de Aruba
La incertidumbre política en Venezuela ha puesto en alerta a las autoridades de las antiguas Antillas Neerlandesas, ante el riesgo de que los recursos producidos por la corrupción lleguen al sistema financiero de esas islas.
Ya no se trata solamente de impedir que el éxodo de venezolanos afecte a los golpeados servicios de estos países, ubicados a pocas horas de navegación desde los estados centrales de Venezuela. Ahora, un informe del gobierno de Aruba advierte que las autoridades del sistema financiero también intentarán evitar la penetración de los dineros obtenidos mediante la corrupción del régimen de Nicolás Maduro.
Una tarea complicada si se toma en cuenta que Venezuela cuenta con el índice de percepción de corrupción más abultado de la región, de acuerdo con la última evaluación anual de la organización Transparencia Internacional.
En el caso de Aruba y las demás islas del Caribe Neerlandés, el punto más vulnerable identificado por las autoridades está en el llamado “sector de confianza”.
Servicios de confianza
Para 2018, en Aruba estaban registrados doce corporaciones que dan servicios como “proveedores de servicios de confianza” (TSP, por sus siglas en inglés), tanto para inversionistas locales como extranjeros. Gracias a estos servicios, es posible domiciliar en alguna de estas islas los negocios de compañías que poseen capitales foráneos. De igual forma, los proveedores de estos servicios pueden llevar la contabilidad de las compañías.
La evaluación de riesgo de lavado de dinero de Aruba, presentada en febrero, establece que los principales países de origen de los capitales que utilizan los TSP son Venezuela (18%), Estados Unidos (14%), Curazao (12%), el Reino de los Países Bajos (7%) y el Reino Unido (5%).
Los TSP cumplen un servicio para resguardar la confidencialidad de ciertos capitales, e igualmente para proteger patrimonios familiares, indicó Nahyr González, una consultora independiente sobre prevención a la legitimación de capitales.
“Pero estos servicios también son utilizados como instrumentos para lavar dinero. Se trata de que la delincuencia organizada va a utilizar cualquier cosa que consiga para sus fines”, dijo.
Para ocultar el origen de los fondos, estas compañías manejadas a través de servicios de confianza tienen especial interés en el sector inmobiliario.
Bienes raíces
“Las inversiones se han incrementado en los bienes raíces, hoteles, desarrollos de proyectos y negocios que manejan mucho efectivo por sujetos de jurisdicciones con inestabilidad política. En particular, las inversiones hechas por individuos de Venezuela presentan un mayor riesgo de que el origen de los fondos sea de ganancias de la corrupción o de actividades criminales como el tráfico de drogas o la minería y el contrabando de oro”, explica el documento.
En junio, una corte de apelaciones confirmó la condena a dos individuos por lavado de dinero procedente del comercio internacional de 1,2 toneladas de oro venezolano. Según la sentencia, no existe la posibilidad de que el metal precioso sea llevado desde las minas de Bolívar al exterior sin cometer delitos.
El informe cita el caso de César David Rincón, un ex directivo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) de 53 años de edad, que en 2018 admitió en una corte estadounidense haber recibido sobornos por contrataciones de la estatal, y haber participado en el lavado de por lo menos 7 millones de dólares. A Rincón se le vinculó con el grupo de poder que en su momento tuvo el mayor general Hugo Carvajal, ex cónsul venezolano en Aruba, actualmente prófugo.
La legislación vigente en estas islas establece que los TSP solo pueden operar luego de obtener una licencia del Banco Central. La autoridad, incluso, tiene la potestad de revocar el permiso ante cualquier sospecha.
Por esta razón, el experto certificado en prevención al lavado, Ramón Rivero, cree que las evaluaciones también deberían hacer énfasis en las vulnerabilidades de los bancos centrales para ejercer la labor supervisora.
“Se debería señalar que los bancos centrales de estas islas deben instaurar controles más rigurosos, y ejercer una supervisión más intensa para otorgar sus autorizaciones”, afirmó.
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