Fijan plazo hasta mayo de 2024 para que el Banco del Orinoco NV llegue a convenios de pago con sus clientes

La entidad que se declaró en quiebra y que pertenecía al banquero Víctor Vargas Irausquín, debe unos 807,7 millones de dólares a 2.400 antiguos cuentahabientes

El caso de la quiebra del Banco del Orinoco NV (BdO) entró en una etapa definitoria, cuando la justicia de Curazao fijó un lapso de seis meses para que los representantes de esta entidad financiera formalicen los convenios de pago con más de 2.400 antiguos cuentahabientes.

A esta decisión se llegó durante una audiencia celebrada en el Palacio de Justicia de Willemstad, el lunes 11 de diciembre. La vista fue presidida por el juez que ha conocido de este caso, Pieter de Kort, y contó con la participación del síndico Michiel Gorsira, los representantes de la entidad financiera perteneciente al banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín, así como apoderados de los acreedores: los abogados Roberto Hung y Roberto León Parilli, entre otros. Algunas participaciones se llevaron a cabo mediante enlace de teleconferencia.

En la sesión, Gorsira presentó un informe en el que precisa que el BdO adeuda 807,7 millones de dólares, a los que deben sumarse más de 480 mil dólares correspondientes al procedimiento de quiebra.

Confirmó además que las acciones del BdO están en poder de la firma Cartera de Inversiones Venezolanas. La evaluación de Gorsira, basada en datos que le suministraron los representantes de esta sociedad, indica que para septiembre de 2023 tenía colocados bonos por un valor de mercado de 1,06 millardos de dólares. Por ende, concluyó el síndico, “debería haber suficiente valor para satisfacer a todos los acreedores del BdO”.

Buscar la Cartera

Según los abogados Roberto Hung y Carlos Calderón, representantes de 76 afectados, Cartera es una entidad que también pertenece a Vargas Irausquín. En entrevista con Crónicas del Caribe, explicaron que esta firma fue usada para manejar los valores del BdO y de otras tres entidades: el AllBank Corp de Panamá; el BOI Bank de Antigua y Barbuda, y el Banco Múltiple de las Américas, de República Dominicana.

Ahora, Cartera ha asumido los compromisos derivados de la quiebra del BdO. El informe presentado por el síndico establece, además, que se comprometió a no disponer de los bonos o de los intereses devengados por ellos, sin previa aprobación de la autoridad interventora.

En este último reporte, Gorsira asumió en parte la responsabilidad por las dilaciones en este proceso. Hubo además razones de fuerza mayor. Cabe recordar que la quiebra formal del BdO fue declarada en octubre de 2019. Cinco meses después, las fronteras fueron cerradas en virtud de la pandemia por el Covid-19.

De otra parte, hay acreedores que todavía no han acudido a ninguna autoridad para exigir la devolución de sus depósitos. Igualmente, hay más de 500 antiguos clientes que actúan en forma individual, sin representación de apoderados.

Calderón y Hung explicaron que, si en el lapso abierto hasta la primera quincena de mayo de 2024 no se llega a un acuerdo de pago, el juez De Kort podría declarar la “quiebra fraudulenta” del banco. Más aun tomando en consideración que sus propios representantes han admitido tener fondos suficientes para cumplir con sus compromisos.

Mientras tanto, el síndico avanza en la verificación de los datos aportados por los reclamantes en cuanto a los montos que les adeudaría el BdO. Luego del 23 de noviembre, fueron recibidas las solicitudes de otros 314 acreedores, que suman 84 millones de dólares. Esta información también debe ser corroborada por Gorsira, a través de los soportes que le sean consignados.

En abril de este año, Calderón y Hung se entrevistaron en Caracas con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para ponerlo al tanto de lo que calificaron como “denegación de justicia” en el proceso judicial que se desarrolla en Venezuela por este mismo caso.