Dudas clave frenan sentencia en caso de los 15 venezolanos que murieron en viaje clandestino a Curazao

La tragedia del 4 de marzo de 2025 -una de las peores que se ha registrado en los últimos años- deja en evidencia la problemática humanitaria que sigue cobrando vidas en el Caribe

El tribunal de Curazao volvió a aplazar este lunes 16 de febrero la sentencia en el proceso penal contra Javier P. (39), conocido como “Beertje”, acusado de complicidad en una operación de tráfico de personas que terminó en una tragedia marítima el 4 de marzo de 2025, cuando 15 ciudadanos venezolanos perdieron la vida durante una peligrosa travesía en lancha desde Venezuela hacia la isla.

Además de los cargos relacionados con la migración irregular, Javier P. y su pareja G.M. también están siendo procesados por delitos vinculados al tráfico de drogas.

Crónicas del Caribe estuvo presente en la sala del tribunal durante la audiencia, en la que el juez dejó claro que aún existen interrogantes fundamentales que deben resolverse antes de emitir un fallo definitivo en uno de los casos más graves de los últimos años en materia de tráfico humano en el Caribe.

Una travesía mortal

Según lo expuesto durante el proceso, un total de 24 personas sin documentos viajaban a bordo de la embarcación cuando esta volcó en alta mar. La Guardia Costera del Caribe logró rescatar a diez personas con vida, aunque una de ellas falleció posteriormente en el hospital a causa de las heridas sufridas.

Las investigaciones revelaron que los ocupantes no portaban chalecos salvavidas y que la embarcación estaba claramente sobrecargada, lo que incrementó de forma dramática el riesgo de la travesía. Catorce personas murieron ahogadas, en lo que se ha catalogado como una de las peores tragedias migratorias registradas en aguas cercanas a Curazao.

El Ministerio Público sostiene que Javier P. tuvo un papel clave en la organización y facilitación del viaje, y por ello solicitó una pena de seis años de prisión, argumentando que los responsables actuaron con pleno conocimiento del peligro al que exponían a los migrantes.

Sin respuesta

Durante la audiencia, el juez explicó que antes de dictar sentencia deben aclararse varios aspectos esenciales del caso. Entre ellos, el lugar exacto donde fueron encontrados los sobrevivientes, ya que no está plenamente establecido si el rescate ocurrió en aguas territoriales de Curazao o en aguas internacionales, un elemento que puede tener implicaciones jurídicas relevantes.

Asimismo, el tribunal solicitó mayor información sobre un informante anónimo que figura en el expediente, así como la incorporación completa de declaraciones de personas venezolanas involucradas en el caso, cuyos testimonios aún no forman parte integral del dossier judicial.

Debido a estas lagunas, el tribunal decidió aplazar nuevamente la decisión, fijando la continuación del proceso para el 17 de marzo.

Impacto regional

El caso ha generado amplio impacto tanto en Curazao como en Venezuela, al poner nuevamente en evidencia los riesgos extremos de la migración irregular por vía marítima, así como las redes que se aprovechan de la desesperación de personas que huyen de crisis económicas y sociales.

Para las familias de las víctimas, el nuevo aplazamiento supone otro golpe en un proceso largo y doloroso, mientras que para la sociedad curazoleña el caso sigue planteando preguntas profundas sobre responsabilidad penal, control marítimo y cooperación regional.

Este proceso judicial no solo busca determinar responsabilidades individuales, sino que también refleja una problemática humanitaria que sigue cobrando vidas en el Caribe.