Con razón, pero sin asilo: El peculiar caso de un activista político venezolano en Curazao

Un juez ordenó que el gobierno de la isla pague las costas del proceso, aunque dejó firme la decisión ejecutiva de rechazar la solicitud del falconiano

Un juez de Curazao declaró parcialmente con lugar la apelación de un emigrante venezolano, al que el gobierno de la isla le negó una solicitud de asilo por razones de persecución política.

El demandante es oriundo de Coro, capital del estado Falcón. Aunque su nombre fue omitido en cumplimiento de una norma de “anonimización”, aplicada por la justicia de la isla, durante el proceso trascendió que se trata de un colaborador y activista del partido socialcristiano Copei en Falcón.

El hombre huyó en una lancha a ese país en abril de 2024. De inmediato fue arrestado por considerarse que había violentado la legislación migratoria curazoleña. El ministro de Justicia -y encargado de los asuntos migratorios- Shalten Hato, decidió que el activista sería expulsado en mayo. Pero la orden no fue ejecutada, y en junio presentó una solicitud de protección, con el alegato de que se trata de un perseguido político.

A partir de ese momento, se inició un proceso administrativo en el que se le pidió al emigrante la entrega de las informaciones que permitirían documentar las razones de su emigración.

Dijo que desde 2016 estaba involucrado en trabajos sociales para mitigar los efectos de la “hambruna” que se vivía en Falcón, junto a dirigentes de la tolda socialcristiana. Esto lo hacía a través de una empresa de abasto. Pronto, el régimen se fijó en él. Indicó que miembros de un colectivo le dispararon en una pierna durante una manifestación callejera en la capital falconiana. Luego, su líder dentro del partido tuvo que huir a Estados Unidos cuando le “explotaron” una furgoneta.

El demandante indicó que en 2017 fue arrestado y extorsionado por la policía. Posteriormente, fue imputado por un ataque a un fiscal del Ministerio Público. Aseguró que durante su tiempo tras las rejas fue atacado por orden de la familia de este funcionario. Tuvo fracturas en dos costillas, lesión en la columna vertebral y cortes en un brazo. Un juzgado de Coro lo condenó a siete años de prisión. En 2021, ganó la libertad gracias al llamado Plan Cayapa, aplicado por el Ministerio para Servicio Penitenciario.

Indicó que las extorsiones por policías continuaron, hasta que él no pudo pagarles más. Al iniciar 2024, optó por vender un carro con el que hacía traslados, y tomar una lancha desde Puerto Cumarebo hasta Curazao.

Autoridades escépticas

Los representantes del Ministerio de Justicia manifestaron ante el juez que conoció de la apelación, Sander Lanshage, que consideraban “poco creíble” el relato del activista copeyano.

Indicaron que los hechos de 2016 y 2017, y el encarcelamiento hasta 2021, no son la “razón directa” de la solicitud de protección. Por lo tanto, no fueron objeto de evaluación por el despacho ministerial.

Indicaron, además, que no existe prueba creíble sobre las extorsiones por los policías, más allá de algunas conversaciones a través de WhatsApp. Finalmente, recordaron que, al momento de su arresto en abril de 2024, el hombre dijo que no tenía problemas que impidieran su retorno a Venezuela, “salvo la situación económica”. De allí concluyeron que la verdadera razón de la emigración era la búsqueda de un futuro mejor en la isla, con un trabajo estable.

Este punto resultó clave para la sentencia. De acuerdo con el juez Lanshage, el Ministerio debía hacer una evaluación de “todas las circunstancias conocidas al momento de la salida”. Por ende, era necesario profundizar en los eventos de presunta persecución política, independientemente de si ocurrieron varios años antes. 

“Tanto los eventos hasta 2021 como los de 2021 en adelante deberían haberse considerado elementos relevantes en términos concretos”, indicó la sentencia.

El magistrado ordenó que el gobierno curazoleño pague las costas judiciales. Paradójicamente, dictaminó que se mantienen los efectos legales de la decisión impugnada.