Migración

Tribunal de Curazao: La entrada ilegal por sí sola no justifica la detención migratoria

El fallo responde al caso de dos ciudadanos venezolanos que llegaron en lancha a Curazao a finales de 2023

El Tribunal de Justicia Conjunto ha fallado que el simple hecho de ingresar a Curazao de forma irregular no constituye motivo legal válido para aprehender a una persona bajo detención migratoria. Esta sentencia confirma una resolución previa del Tribunal de Primera Instancia, que declaró infundada la intervención del Ministro de Justicia en casos similares

El caso específico 

La decisión se refería a dos ciudadanos venezolanos que llegaron en lancha a Curazao el 27 de diciembre de 2023 y fueron detenidos de inmediato. Un mes después solicitaron protección amparados en la Convención Europea de Derechos Humanos, pero el ministro rechazó la solicitud y mantuvo su detención, incluso después de presentarse una apelación. 

El ministro de Justicia de Curazao, Shalten Hato, presentó sus argumentos ante la justicia de la isla

Base legal en disputa 

El centro del desacuerdo fue determinar si la entrada ilegal por sí sola justifica legalmente la detención obligatoria. El ministro defendía que sí, apoyándose en el artículo 19 de la Landsverordening toelating en uitzetting (LTU). El tribunal, sin embargo, concluyó que dicho artículo permite la expulsión del territorio, pero no autoriza la detención migratoria. La sentencia refuerza el principio de certeza jurídica, exigiendo una base legal clara y previsible para privar de libertad a una persona

Puntos aceptados al ministro 

Aunque no fue respaldado en la cuestión clave, el tribunal dio parcialmente la razón al ministro Shalten Hato al considerar que la decisión inicial de detención estaba suficientemente motivada. Las autoridades evaluaron que existía riesgo para el orden público, dado que los involucrados carecían de documentos, familia en Curazao y habían manifestado su intención de trabajar sin permiso de residencia. 

La justicia aceptó parte de las razones expuestas por el ministro Hato, admitiendo los motivos para la detención

Última opción 

El tribunal recordó que la detención debe ser siempre el último recurso (ultimum remedium). El ministro está obligado a evaluar alternativas menos restrictivas, salvo que haya riesgo demostrable de evasión o desorden público. En este caso, aunque ese análisis no se documentó plenamente en la audiencia inicial, no se consideró ilegal. En el caso de una de las detenidas con asma, se contemplaron alternativas, pero se concluyó que la atención médica en detención era adecuada. 

Retraso injustificado 

Finalmente, el tribunal determinó que la continuidad de la detención de estas personas más allá del 27 de junio de 2024 fue ilegal, puesto que el ministro tardó más de seis meses en resolver el recurso contra el rechazo de la solicitud de protección, incumpliendo su obligación de actuar con celeridad

Contexto y comparaciones regionales 

La sentencia se suma a otros precedentes en el Caribe Neerlandés, donde tribunales han tumbado redadas o deportaciones por falta de base legal clara. Recientemente, un caso en Sint Maarten concluyó que el ministro no tenía autoridad legal para imponer una prohibición de tres años o declarar a alguien indeseable sin respaldo legislativo explícito, subrayando el principio de legalidad absoluto. 

Amnistía Internacional denuncia las condiciones de los centros de detención de inmigrantes en Curazao. Crédito: Noticias Curazao

Además, organizaciones globales como Amnistía Internacional y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria han criticado con anterioridad las prácticas migratorias en Curazao, calificándolas de contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos y procedimiento adecuado. 

En resumen 

Entrada ilegal no es igual a detención automática

Debe existir una base legal clara y formal para proceder con la detención. 

La detención debe evaluarse como última opción. 

El proceso debe resolverse con rapidez y transparencia. 

Esta sentencia establece un importante precedente legal en materia migratoria en Curazao, reforzando la necesidad de respetar los estándares jurídicos internacionales y asegurar el debido proceso.

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