Juez de Curazao fija pautas para la detención de migrantes en respuesta a demanda de un venezolano

El hombre, procedente del estado Falcón, argumentó que la policía de Venezuela lo perseguía de forma injusta

Una sentencia judicial establece que las autoridades de Curazao no podrán detener formalmente a una persona que intenta entrar a ese país, o que permanece allí en forma irregular, sin antes hacerle una entrevista estructurada para conocer los motivos de su traslado a esa isla.

El fallo fue emitido por el juez de primera instancia Sander Lanshage a propósito del recurso intentado por un emigrante venezolano. Una fuente con conocimiento del caso indicó que se trata de un hombre, anteriormente residente del estado Falcón, que había solicitado una medida de protección en Curazao con el argumento de que la policía venezolana lo perseguía de forma injusta.

Este hombre, cuya identidad fue preservada en atención a una norma legal curazoleña, admitió ante las autoridades que había ingresado ilegalmente a ese país en julio de 2019. Había permanecido en ese territorio sin problemas hasta el 12 de marzo de este año, cuando fue aprehendido por la policía local.

De inmediato, el Ministerio de Justicia emitió una orden de deportación.

La organización Human Rights Defense Curazao se interesó en este caso. El 11 de abril, presentó en nombre del detenido una solicitud de protección sustentada en el artículo 3 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos. Curazao forma parte del Reino de los Países Bajos.

El referido artículo establece que nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos humillantes o degradantes. Por lo tanto, queda prohibido enviar a un individuo a un territorio donde existe la probabilidad de ser sometido a estas prácticas.

Según los registros de este proceso, el 30 de junio el despacho de Justicia rechazó la solicitud de protección, y advirtió que ya había prescrito el llamado “efecto suspensivo” que esta petición tenía sobre la orden de expulsión.

Gracias a una serie de recursos intentados en el plano administrativo, la organización de derechos humanos logró postergar la ejecución de la deportación. Pero en agosto esta medida ya era inminente.

Para la cartera de Shalten Hato, este venezolano “representa un peligro para el orden público”. Incluso, con el traslado afuera del territorio curazoleño iba una prohibición de reingreso, vigente por tres años.

Ilegal desde el principio

El tratamiento dispensado a los venezolanos que buscan refugio en Curazao ha sido criticado por organizaciones internacionales de Derechos Humanos. En febrero, Amnistía Internacional hizo la actualización de un informe lanzado inicialmente en 2021. Allí se reitera que los cuerpos de seguridad de la isla ejecutan detenciones en forma “automática” contra las personas que huyen de Venezuela.

Pero, según el juez Lanshage, la privación de libertad en este caso fue “ilegal desde el principio”.

“Un extranjero debe poder leer en la orden de detención cuáles son los motivos precisos (…), por qué no se aplica una medida más leve y por qué no hay perspectivas de deportación. Sólo entonces el extranjero podrá considerar adecuadamente si quiere acudir al tribunal administrativo o no”, razonó el letrado.

En la sentencia, se ordenó la inmediata libertad del venezolano. Sin embargo, aclaró que el despacho de Justicia deberá explicar “caso por caso” los motivos por los que mantiene a un migrante privado de libertad.