Migración

Trinidad continúa expulsando a los venezolanos

Desde diciembre de 2020 han ocurrido cuatro “deportaciones masivas”, que afectan incluso a personas cuyos casos eran litigados en tribunales, indican voceros de ONGs de la isla

El sábado 3 de abril, el Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago emitió un escueto comunicado para notificar sobre el resultado de un “ejercicio de repatriación” de 178 venezolanos, llevado a cabo el Viernes Santo, con la participación de las autoridades migratorias, el Servicio de Guardacostas de ese país y funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.

Los venezolanos fueron trasladados en barco hasta Delta Amacuro. En febrero, hubo problemas para permitir que un jet de Conviasa aterrizara en Puerto España, debido a las sanciones contra esta línea aérea por parte del Departamento del Tesoro de EEUU. La autorización se obtuvo luego de un intento fallido.

Aunque el despacho de Seguridad trinitario y el Ejecutivo venezolano indicaron que todas estas personas habían retornado de forma voluntaria, desde las organizaciones de Derechos Humanos que funcionan en Trinidad han señalado que este fue un capítulo más de una serie de “deportaciones masivas”.

Entre los deportados había personas bajo proceso judicial”, afirmó Andreína Briceño, fundadora del Centro Cultural Hispánico La Casita, una institución sin fines de lucro cuya sede central está en Arima, una ciudad a 25 kilómetros al este de Puerto España.

Indicó que la pandemia por el covid19 ha agudizado las necesidades de la población venezolana, en esa isla y en Tobago. Por eso no descartó que algunos de los repatriados quisieran aprovechar la oportunidad para regresar a Venezuela de forma voluntaria.

Sin embargo, sostuvo que muchos otros fueron detenidos por funcionarios de Inmigración a pesar de que tenían en sus manos el carnet del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) o habían iniciado el proceso para obtenerlo.

Nuevo ministro

El tema migratorio ha sido centro de controversias en Trinidad, a propósito de las denuncias de organismos internacionales como Human Rights Watch. En un informe emitido en febrero, esta ONG reveló que las medidas compulsivas también eran aplicadas contra menores de edad.

Según la directora ejecutiva del Centro para los Derechos Humanos del Caribe, Denise Pitcher, este tema también fue punto de debate público durante la campaña para las elecciones generales celebradas en agosto del año pasado.

Explicó que hasta el momento no existe una política migratoria que haya dado pie a una ley. El gobierno encabezado por el primer ministro Keith Rowley ha optado por abrir lapsos para que los venezolanos se registren. La última “jornada de renovación” finalizó el 9 de abril.

Según Pitcher, esta base de datos incorporó poco más de 16.500 nombres. No obstante, estimados independientes señalan que en Trinidad y Tobago estarían entre 50 mil y 60 mil venezolanos.

Los venezolanos que son detectados en condición irregular son llevados a un centro especial para detenidos por asuntos migratorios. Según Pitcher, no hay un tiempo preestablecido para la detención. “Algunos de ellos pueden estar semanas allí”, afirmó.

De acuerdo con documentos recabados para este reporte, este año los tribunales trinitarios han dictado órdenes de hábeas corpus en favor de detenidos venezolanos en dos oportunidades. En ambas, los beneficiarios quedan bajo un sistema de libertad vigilada, con la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad migratoria.

La expulsión de venezolanos se llevó a cabo durante la gestión de Stuart Young en el ministerio de Seguridad Nacional. El 19 de abril, Rowley anunció que este funcionario dejaba esa cartera para asumir la de Energía, y que sería reemplazado por Fitzgerald Hinds. Según Pitcher, esto arroja incertidumbre en torno a la continuidad de los programas de registro y deportaciones de los inmigrantes en situación irregular.

Comentarios de Facebook

Artículos relacionados

Back to top button