Países Bajos le cierra el grifo de la ayuda económica a Sint Maarten en represalia por acudir a la ONU

La Haya exige a las autoridades de la isla que acepten todas sus condiciones a cambio de los fondos. El principal obstáculo es la polémica propuesta de creación del COHO, una entidad dirigida por el gobierno neerlandés y que será la encargada de aplicar un paquete de reformas estructurales

La tensión entre Sint Maarten y el Reino de los Países Bajos, a cuenta del paquete de ayuda financiera para superar la crisis económica provocada por la pandemia del covid19, pica y se extiende.

La Haya no se ha quedado de brazos cruzados ante la decisión del Parlamento de la isla caribeña de presentar una denuncia en su contra, por “racismo” y “actitud neocolonial”, ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y ha decidido suspender todo apoyo económico a su otrora colonia.

“En vista de la situación política actual (…) el Consejo de Ministros ha decidido no proporcionar más apoyo de liquidez a Sint Maarten en este momento”, anunció el ministro para Relaciones Interiores y del Reino, Raymond Knops, en una carta dirigida al Parlamento neerlandés y a la cual tuvo acceso Crónicas del Caribe.

La isla debería recibir en las próximas semanas 39 millones de florines (18,5 millones de euros) para paliar el hueco fiscal que en su economía ha abierto la paralización casi total del turismo, su principal industria y fuente de empleo.

No obstante, en la misiva, fechada el 26 de marzo, el funcionario deja abierta la posibilidad de restablecer el apoyo económico, siempre y cuando las autoridades de Sint Maarten reconsideren su posición.

“Las decisiones sobre el apoyo a la liquidez para el segundo trimestre de 2021 (quinto tramo) pueden tomarse tan pronto como se haya proporcionado suficiente claridad sobre la posición del Parlamento”, escribió.

El COHO de la polémica

Para el gobierno del primer ministro neerlandés Mark Rutte es imprescindible que las autoridades de Sint Maarten acepten la polémica figura del Cuerpo para las Reformas y el Desarrollo del Caribe (COHO), antes de continuar inyectándole dinero.

“El apoyo continuo de todo el gobierno y el Parlamento sigue siendo indispensable para el éxito del proceso iniciado por los Países Bajos y Sint Maarten. Después de todo, las medidas que acordamos con el objetivo de mejorar la economía y el entorno de vida de Sint Maarten para todos sus habitantes solo se pueden implementar si hay suficiente apoyo del Parlamento, especialmente cuando se necesitan cambios en la legislación y los reglamentos. Y la consideración de la propuesta de Ley Nacional COHO también requiere consenso por parte de Sint Maarten”, escribió Knops.

El Legislativo de Sint Maarten rechaza dar su visto bueno a esta entidad, la cual sería la encargada de ejecutar las reformas legales y económicas que el Reino de los Países Bajos pone como condiciones para desembolsar los 457 millones de euros que en total ha ofrecido a Aruba, Curazao y Sint Maarten, para ayudarlas a reflotar sus economías.

¿La razón para el rechazo? Los responsables de dirigir el organismo serían nombrados por el gobierno de La Haya y las islas no tendrían voz ni voto.

Esta propuesta llevó a la mayoría de los diputados de la isla a tomar la decisión de acudir ante el Relator Especial de la ONU contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia, para denunciar lo que consideran una actitud “neocolonial” de la antigua metrópolis.  

Hasta en casa lo critican

Pero el COHO no solo es objetado en el Caribe Neerlandés, sino también en los Países Bajos. Así el Consejo de Estado, un órgano asesor del gobierno neerlandés, en un dictamen emitido el pasado 6 de marzo, consideró que la figura tal y como estaba planteada “es inapropiada”, porque “debilita la autonomía de los países constituyentes (Aruba, Curazao y Sint Maarten)”.

“Consideramos que la propuesta es problemática. El posicionamiento y las tareas del COHO y la relación con otros actores generan ambigüedades sobre la división de responsabilidades y poderes entre diferentes actores. No consideramos conveniente compensar la falta de poder de implementación de los países responsabilizando (en parte) al COHO de la preparación e implementación de los planes de acción. Esto no fortalece el poder de implementación de los países, debilita su compromiso y su propia responsabilidad, y dificulta la eliminación del esquema. También cabe dudar de que sea razonable esperar que la estructura elegida actualmente conduzca al éxito a corto y largo plazo de un programa de reforma”, sentenció el Consejo.

Por último, la instancia no dudó en calificar de “viciado” el planteamiento del gobierno de Rutte y le pidió dar marcha atrás. “El Consejo de Estado del Reino tiene varias observaciones sobre la propuesta de la ley y recomienda no se presente a la Cámara de Representantes de los Estados Generales ni a los parlamentos de Aruba, Curazao y Sint Maarten, a menos que haya sido enmendada”, remató.