Economía

ONGs enfrentadas al gobierno de Curazao por la refinería que operaba Pdvsa

Las organizaciones civiles exigen reducir la contaminación del aire ocasionada por este complejo hasta niveles admitidos por la comunidad internacional

La reanudación de las actividades en la refinería de Curazao (RdK) afronta un escollo en las exigencias de la sociedad civil organizada, para que ese complejo disminuya sus emisiones contaminantes a los niveles aceptados por la comunidad internacional.

No solo se trata de protestas callejeras y declaraciones ante la prensa. Desde 2017, las organizaciones no gubernamentales (ONGs) han planteado litigios contra el gobierno de la isla para que garantice el cumplimiento de los estándares sobre pureza del aire, establecidos por la Organización Mundial de la Salud.

La refinería de Curazao fue erigida en 1916 por la Royal Dutch Shell, y tiene tecnología predominantemente estadounidense. En 1985, fue arrendada a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), a un costo de veinte millones de dólares anuales. Un año después, Pdvsa creó a la subsidiaria Isla para que ejecutara las actividades cotidianas del complejo.

La ONG SMOC denuncia que 15 mil personas están expuestas a enfermedades por la contaminación

En 2019 el gobierno curazoleño dio por terminado el contrato de arrendamiento, y asumió el control de la refinería.

Los litigios comenzaron cuando este complejo todavía estaba en manos de la estatal venezolana. Inicialmente, fueron intentados por treinta personas, tanto jurídicas como naturales, encabezadas por la fundación Clean Air Everywhere y residentes del sector Schottegat.

Sin aire

Según el portavoz de esta organización, George Newell, existe una correlación entre la intensidad de las actividades en el complejo refinador y los daños a la población por exposición a sustancias contaminantes, en especial en los pulmones y los ojos.

“Actualmente, nuestro reclamo es en las cortes contra el gobierno. Cuando la refinería estaba activa, el aire se contaminó de tal forma que ocasionaba daños a los pobladores”, explicó.

No solo se trata de los procesos para la elaboración de derivados del petróleo. Según documentos consignados en este litigio, también se registra un impacto ecológico negativo a propósito del funcionamiento de tres plantas generadoras de electricidad, operadas por la Curacao Refinery Utilities (CRU) y Aqualectra.

La refinería exige grandes inversiones para operar dentro de los estándares medioambientales

Basado en las evaluaciones llevadas a cabo hasta 2015, los jueces de la Corte Conjunta de Aruba, Curazao, Bonaire, Sint Maarten y Saba llegaron a la convicción de que hay un “serio riesgo” de daños a la salud, cuando este complejo industrial se encuentra en actividad.

El tribunal tomó en cuenta los precedentes, que indican la existencia de contaminantes como dióxido de azufre en proporciones hasta 24 veces superiores a las consideradas aceptables por la Organización Mundial de la Salud. Esta situación afecta en especial a los residentes de áreas al suroeste del complejo, debido a que la constante brisa arrastra las sustancias tóxicas.

De acuerdo con la fundación SMOC, que también ha participado en los reclamos públicos, están en riesgo de enfermedades unas 15 mil personas.

Son responsables

El portavoz de Clean Air señala que inversionistas chinos, estadounidenses y locales han evaluado si pueden asumir la reanudación de las operaciones de la refinería. Pero hasta el momento no han concretado ningún acuerdo.

La justicia señala que el gobierno de Curazao tiene la responsabilidad de velar por la calidad del aire

El referido tribunal rechazó una contrademanda efectuada por el gobierno de Curazao contra los reclamantes. La sentencia publicada en agosto establece que el gobierno de la isla tiene la responsabilidad de velar por la calidad del aire que respiran sus pobladores.

“Se debe tomar en cuenta que no se han aplicado cambios sustanciales a la refinería y a las compañías asociadas. De acuerdo con el gobierno, se requieren inversiones muy significativas para que la refinería opere dentro de los estándares. No todos estarían dispuestos a hacerlas, y no ha sido demostrado que el país tenga esos recursos disponibles”, señala el dictamen judicial.

Comentarios de Facebook

Artículos relacionados

Botón volver arriba