Ex gerente del BIV Curazao en batalla legal contra el Gobierno venezolano

Un juzgado de primera instancia de la isla dio la razón al funcionario que estuvo al frente de la agencia hasta su cierre y posterior liquidación

El tribunal de primera instancia de Curazao declaró con lugar la demanda interpuesta por el ex gerente general de la sucursal del Banco Industrial de Venezuela en esa isla, en virtud de la falta de pago de su salario durante quince meses.

El juzgado a cargo del magistrado Pieter de Kort concedió la razón al reclamante, quien además fungió hasta marzo de este año como máximo representante de la junta liquidadora de esa agencia del banco estatal.

El nombre del ex funcionario fue omitido en el expediente judicial, en virtud de la aplicación de estrictas normas de “anonimización”. Sin embargo, fuentes del banco consultadas por Crónicas del Caribe precisaron que la gerencia general de esa entidad financiera en la isla fue ejercida por el venezolano Eudo Mario Coy Urdaneta, hasta el momento del cierre.

De acuerdo con los registros tribunalicios, la reclamación por los salarios caídos formaba parte de una disputa que abarcaba a otros aspectos relacionados con el cierre del banco. En marzo, Coy llegó a un acuerdo con los representantes legales del banco estatal para la entrega del cargo, los bienes y las llaves de la agencia ubicada en la calle Handelskade 12 de Willemstad, la capital curazoleña.

En ese mismo acto, se pactó que Coy ya no podría ejecutar fondos que el BIV poseía en una cuenta en el Banco di Caribe. También se estableció que el ex gerente no tendría ninguna responsabilidad por los retrasos en los pagos a terceros ni por indemnizaciones exigidas.

Pero quedaba por dirimir el tema de los salarios. Coy argumentó que el BIV le debía cancelar más de 201 mil florines, equivalentes a más de 111 mil dólares al cambio actual. Esto pues el funcionario devengaba 13.440 florines mensuales. Según el reclamante, no le pagaron su salario desde enero de 2023 hasta marzo de 2024, cuando se formalizó su separación del cargo. Tampoco le cancelaron una bonificación por 53 mil florines (29 mil dólares).

Todo esto totaliza más de 164 mil dólares.

Maduro vs Guaidó

La agencia del Banco Industrial de Venezuela en Curazao fue abierta en 1973, durante la primera administración de Carlos Andrés Pérez. Entonces, Venezuela vivía una bonanza económica debido al incremento de los precios internacionales del crudo.

En 1999, el Banco Central de Curazao otorgó una licencia de operación. Para el momento del cierre, todavía quedaban en la sucursal dos empleados que participaron en la fundación.

En 2015, el gobierno venezolano decidió liquidar la agencia del BIV en Curazao. La jefatura de la junta liquidadora fue asignada al gerente general.

Pero el proceso tuvo pocos avances. Hubo que esperar hasta febrero de 2017 para que el gerente firmara un “acuerdo de servicio” que establecía las pautas de la liquidación.

De acuerdo con los registros del juicio, el proceso se enturbió todavía más con el inicio del llamado interinato de Juan Guaidó, en enero de 2019. Coy argumentó que recibía “instrucciones contradictorias” sobre cuál debía ser el destino de la agencia bancaria.

En una incidencia de este proceso judicial, Coy elevó al tribunal la solicitud de que se tomara testimonio a los principales actores del Ejecutivo y del Poder Legislativo, así como al representante del Ministerio Público venezolano. Todo esto fue descartado.

En su defensa, los representantes del gobierno venezolano indicaron que el Banco Industrial de Venezuela, sucursal de Curazao, estuvo cerrado “durante años”. El personal fue despedido, y el gerente solo quedó para los efectos de la liquidación de los activos. 

Según el BIV, el hecho de que Coy continuara recibiendo su salario hasta enero de 2023 “se debe a que se pagó a sí mismo y ya no fue monitoreado desde Caracas”.

Crónicas del Caribe contactó a Coy para conocer más detalles sobre este conflicto. El ex gerente general de la agencia curazoleña del BIV se abstuvo de declarar.

Con esta sentencia judicial, el reclamante procederá al embargo de la antigua oficina bancaria, en la capital de la isla.