Corte Suprema de Jamaica designa a depositario de activos de Petrocaribe

El custodio deberá garantizar que las transnacionales Conoco Phillips y Phillips Petroleum dispongan de activos de la estatal venezolana, por 1,29 millardos de dólares

La División Comercial de la Corte Suprema de Jamaica designó a un depositario para la custodia de activos del consorcio Petrocaribe, que son reclamados por dos transnacionales en virtud del incumplimiento de los compromisos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), derivados de un procedimiento de arbitraje internacional.

El magistrado de la referida instancia, Kissock Laing, nominó para esta tarea a Kenneth Tomlinson, director ejecutivo de una firma especializada en la recuperación de activos llamada Business Recovery Services, con sede en Kingston, la capital de la isla.

Esta decisión fue emitida en atención a una solicitud formulada por las transnacionales Phillips Petroleum Company y Conoco Phillips Petrozuata BV, como parte de un proceso de arbitraje internacional contra Petróleos de Venezuela, Corpoguanipa y Pdvsa Petróleo.

Este arbitraje, ventilado en la Cámara de Comercio Internacional, tuvo una decisión favorable a las referidas corporaciones el 24 de abril de 2018. Según la sentencia del juez Laing, Pdvsa inicialmente resarció parte de lo adeudado. Pero eventualmente cesó de cumplir sus compromisos, y para febrero de 2020 el pasivo de la estatal venezolana ascendía a 1,29 millardos de dólares. Además, cada día que pasa sin amortizar sumará 287 mil dólares a la cuenta.

El origen de la disputa

Esta deuda constituye una parte de lo exigido por las transnacionales, luego de que fuesen expropiados los activos que tenían en tres grandes proyectos de explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco, en 2007, por decisión del entonces presidente venezolano, Hugo Chávez.

Esto llevó a las corporaciones a iniciar un litigio ante un panel arbitral. En septiembre de 2013, se dictaminó que el gobierno venezolano “no actuó de buena fe ni compensó adecuadamente” a estas empresas, según la agencia Reuters. A partir de entonces, los accionantes han estado a la caza de los activos de la petrolera venezolana en el extranjero.

En el caso de Jamaica, se comprobó la existencia de recursos asignados al Fondo de Desarrollo Petrocaribe, producto de un acuerdo entablado entre el gobierno de la isla y el de Venezuela en 2005.

La sentencia indica que el depositario podrá “colectar y tomar control” de los activos de esa entidad, pedir información sobre ellos a terceros y actuar en fin de cuentas como si fuese su “propietario absoluto”.

Por este trabajo, el tribunal determinó que el depositario podrá cobrar o apropiarse de bienes tasados hasta en 50 mil dólares, más los gastos en viáticos, traslados y alojamientos.

Deuda a favor

Pero no todo ha sido adverso al gobierno venezolano. Según la sentencia, el gobierno jamaiquino adeuda a Pdvsa 115 millones de dólares por el incumplimiento de los compromisos asumidos a través del Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe.

Los representantes de la isla han argumentado que disponen de fondos para cumplir, pero que no han pagado debido a las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro contra el régimen venezolano, que afectan a la actividad petrolífera. Los recursos y sus intereses estarían depositados en una cuenta, mientras se dilucida el asunto.

Los jamaiquinos también han recriminado al gobierno venezolano un supuesto incumplimiento de sus deberes, según lo establecido en el mismo convenio. En un oficio enviado a la Corte Suprema, hablaron de “una década de promesas rotas”.

Movidas a Rusia

La decisión de la Corte Suprema de Jamaica contiene datos reveladores sobre los planes de la estatal venezolana, con el supuesto fin de eludir las sanciones internacionales, así como la persecución de sus acreedores.

No solo se trataba de la fallida iniciativa para vender Citgo, iniciada en 2014, sino también la reubicación de los bienes y recursos de la petrolera, de Lisboa a Moscú.

La sentencia recoge una declaración de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, según la cual esta decisión fue tomada en virtud de que “Europa ha mostrado que ya no puede garantizar la seguridad de los activos venezolanos”. En este proceso, se demostró mediante documentos que la oficina de Pdvsa en la capital rusa fue registrada el 6 de agosto de 2019.

Igualmente, en el expediente consta la existencia de un plan para la reestructuración de los activos globales de Pdvsa, y en especial las filiales AB Nynas y APS S.P.A, que las subordinaría a la nueva oficina rusa, lo que es considerado un movimiento para “proteger esos activos de confiscación por acreedores”.

El experto petrolero Horacio Medina (designado por Juan Guaidó para la presidencia Ad Hoc de Pdvsa) no quiso pronunciarse sobre el fondo de esta decisión, con el argumento de que su oficina no tuvo acceso al expediente.

Sin embargo, explicó que los acuerdos entablados en el marco de la iniciativa conocida como Petrocaribe formaban parte de una estrategia de control político del gobierno venezolano hacia las islas de la cuenca del Caribe. “Usaron el petróleo como parte de una estrategia de dominación”, sentenció.

Aclaró que la idea inicial de Petrocaribe tenía parecido con la del Pacto de San José: garantizar el suministro de crudo a las islas del Caribe y a países centroamericanos, a precios razonables y con posibilidad de financiamiento si ese precio sobrepasaba cierto límite.

Pero, según Medina, con la agudización del conflicto político en Venezuela y su creciente proyección internacional, Petrocaribe fue utilizada para comprar los votos de las islas en foros como la Organización de Estados Americanos (OEA), y perdió su sentido comercial.

El experto calcula que en la actualidad el país adeuda 4 millardos de dólares como consecuencia de sus incumplimientos en este proyecto.