Curazao lanza plan para legalizar a migrantes en un contexto marcado por la fuerte presencia de venezolanos

El programa Rib’e Lugá busca ofrecer respuesta a una comunidad que debate sobre la integración social y el impacto económico de los extranjeros en la isla

El gobierno de Curazao avanza en la preparación de un programa temporal de registro y legalización para migrantes indocumentados, conocido como Rib’e Lugá, en medio de un creciente respaldo social condicionado a reglas estrictas y transparencia.

El programa, desarrollado por el Ministerio de Justicia en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, Trabajo y Bienestar (SOAW), busca ofrecer una vía temporal de regularización para personas que actualmente viven en la isla sin estatus legal. Según las autoridades, el proyecto se encuentra en una fase avanzada de preparación, aunque los detalles finales sobre requisitos e implementación aún están siendo definidos.

El gobierno ha insistido en que toda la información oficial será comunicada únicamente a través de canales institucionales y ha advertido que datos difundidos por otras fuentes no deben considerarse confiables. Asimismo, aclaró que por el momento no es necesario que los interesados acudan a las oficinas de inmigración.

El lanzamiento del programa está previsto para mayo de 2026, mientras que una presentación oficial con más detalles será realizada en una conferencia de prensa conjunta entre los ministerios involucrados.

Presión

La iniciativa se desarrolla en un contexto migratorio marcado por la fuerte presencia de ciudadanos venezolanos en situación irregular. De acuerdo con distintas estimaciones y percepciones sociales, la mayoría de los migrantes indocumentados en Curazao proviene de Venezuela, lo que ha convertido la crisis en ese país en un factor clave dentro del debate local.

En paralelo, un estudio presentado el 9 de abril de 2026 por Human Rights Defense Curaçao revela que la mayoría de los residentes de la isla apoya la legalización de migrantes indocumentados, siempre que el proceso incluya controles rigurosos, criterios claros y mecanismos transparentes.

La investigación, de carácter cualitativo, se llevó a cabo entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 mediante seis grupos focales que incluyeron distintos sectores de la sociedad, desde residentes de Banda Riba y Banda Bou hasta jóvenes, estudiantes y ciudadanos europeos radicados en la isla.

Los resultados muestran que existe un amplio reconocimiento del papel económico que desempeñan los migrantes indocumentados. Muchos trabajan en sectores como la construcción, la hostelería, el servicio doméstico y la limpieza, áreas donde la mano de obra local es limitada. Algunos participantes señalaron que sin estos trabajadores, partes importantes de la economía podrían verse afectadas.

Preocupación

No obstante, también surgieron preocupaciones, especialmente en torno a la presión sobre los servicios de salud, los cambios culturales, las barreras lingüísticas y el riesgo de fragmentación social. El tema de la seguridad fue mencionado, aunque la mayoría coincidió en que no se debe generalizar el comportamiento delictivo a todos los migrantes.

El debate sobre la contribución fiscal también dividió opiniones. Mientras algunos cuestionan que los indocumentados no paguen impuestos directos, otros destacan que sí contribuyen indirectamente a través del consumo. Varios participantes señalaron además que el cumplimiento tributario es un problema más amplio que afecta a toda la sociedad.

Uno de los hallazgos más relevantes es el bajo nivel de conocimiento sobre las políticas migratorias actuales, lo que genera incertidumbre y desconfianza entre la población.

Según la directora de HRDC, Simone de Brabander, el estudio demuestra que la sociedad no está en contra de los migrantes, sino de la falta de estructura, control y claridad. En ese sentido, el programa Rib’e Lugá podría responder a esa demanda, siempre que se garantice el respeto a los derechos humanos.

La organización también subrayó la importancia de evitar situaciones de “refoulement”, es decir, el retorno de personas a países donde puedan enfrentar riesgos como persecución o violaciones graves de derechos humanos, un aspecto especialmente sensible en el caso de migrantes venezolanos.

El avance del programa Rib’e Lugá refleja un debate complejo en Curazao, donde confluyen factores económicos, sociales y humanitarios. Mientras el gobierno trabaja en los detalles finales, la discusión pública continúa evolucionando en torno a cómo equilibrar control migratorio, desarrollo económico y protección de derechos.