“Esto no es una señal para que los ‘lancheros’ piensen que pueden traer gente a Curazao sin riesgo de detención”

El líder de la oposición en el Parlamento curazoleño, Quincy Girigorie, valora positivamente el fallo judicial que prohíbe la detención automática de los migrantes que ingresan a la isla de forma irregular, y señaló que el gobierno de Willemstad debe explorar fórmulas como el régimen de presentación

Tras la sentencia del Tribunal Superior del 30 de julio de 2025 en el caso de dos ciudadanos venezolanos indocumentados, surgieron interpretaciones de que el fallo prohíbe al gobierno de Curazao detener a quienes ingresen al país en lanchas de manera ilegal. Según algunos, esto significaría que toda persona detenida en esas circunstancias debería quedar en libertad.

El líder del Partido Alternativa Real (PAR) y miembro del Parlamento en la oposición, Quincy Girigorie, aclaró en entrevista con Crónicas del Caribe que esta interpretación es errónea.

“El Tribunal Superior no determinó que no se pueda detener a personas que ingresan de forma ilegal. Lo que estableció es que no existe base legal para un manejo diferenciado entre quien entró de forma ilegal y quien se encuentra en situación irregular tras haber entrado legalmente”, explicó Girigorie.

Lo que sí dijo el Tribunal Superior

Durante el proceso, el Ministerio de Justicia basó la detención de los indocumentados principalmente en el hecho de que ingresaron ilegalmente al país, en este caso por mar. Actualmente, una persona que entra ilegalmente suele quedar detenida en espera de deportación, mientras que quienes ingresaron legalmente pero excedieron su estadía no siempre son encarcelados. En esos casos se aplica el “meldplicht”, un método que obliga a la persona a presentarse semanalmente ante inmigración para confirmar su disponibilidad.

El Tribunal concluyó que esta distinción no tiene base legal y que la ley no diferencia entre entrada legal o ilegal al momento de decidir una detención. Según el fallo, no se puede justificar una detención únicamente por el hecho de haber ingresado ilegalmente, ya que los fundamentos para detener deben estar claramente definidos en la legislación nacional, en concordancia con tratados internacionales.

Argumentos para detener siguen siendo válidos

No obstante, la sentencia también establece que hay razones sólidas para la detención en casos específicos. Entre ellas:

• Ingreso ilegal sin documentos de identidad válidos.

• No tener un lugar fijo de residencia ni familiares en Curazao.

• Representar un peligro para el orden público y la seguridad nacional.

• Alto riesgo de fuga antes de la deportación.

Estas razones, según el Tribunal, justifican la detención, pero siempre como “último recurso”. El Ministerio de Justicia debe evaluar caso por caso, considerando factores personales que podrían hacer desproporcionada la detención, como padecer una enfermedad crónica que no pueda recibir tratamiento adecuado en prisión.

Un fallo equilibrado

Para Girigorie, el fallo es jurídicamente correcto y equilibrado: reconoce que no existe base legal para detener automáticamente por entrada ilegal, pero confirma que el gobierno sí tiene argumentos suficientes para proteger las fronteras frente a ingresos irregulares.

“Esto no es una señal para que los ‘lancheros’ piensen que pueden traer gente a Curazao sin riesgo de detención. Es una presión para que el gobierno aplique la detención de manera más responsable y considere otras opciones, como el ‘meldplicht’”, recalcó el parlamentario opositor.

Girigorie concluyó que Curazao debe trabajar en un trato más justo para las personas indocumentadas, garantizando derechos como acceso a un abogado, actividades adecuadas durante la detención y regímenes distintos a los carcelarios, sin perder de vista la necesidad de proteger las fronteras y asegurar que toda entrada se realice de manera legal y conforme a las normas del país.

Amnistía Internacional aplaudió el fallo judicial, exigió al gobierno curazoleño cumplirlo a cabalidad y alzó su voz para que las autoridades establezcan alternativas legales y humanitarias a la detención para quienes buscan asilo o ingresen de forma irregular a la isla.